GUERRA CIVIL EN SIRIA
El Ejército sirio, a punto de tomar la ciudad rebelde de Idlib
La Liga Árabe denuncia que en Siria se cometen crímenes contra la humanidad
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Miembros del Ejército Libre de Siria en el noroeste del país. / Ricardo Garcia Vilanova (AFP)
El secretario general de la Liga Árabe, Nabil Elabary, afirma que en Siria se comenten crímenes contra la humanidad. Organizaciones humanitarias denuncian la colocación de minas en las fronteras sirias, destinadas a frenar la huida de civiles a Líbano o Turquía. El Ejército gubernamental ha lanzado un asalto durísimo sobre la ciudad rebelde de Idlib. El presidente Bachar el Asad, sin embargo, mantiene su pantomima reformista: con el país en guerra, ha convocado elecciones generales para el 7 de mayo.
Los medios oficiales sirios explican que las elecciones, inicialmente previstas para este mes de marzo, se han aplazado hasta mayo para que todos los partidos políticos dispongan del tiempo necesario para realizar sus campañas electorales. En teoría, después del referéndum del pasado 25 de febrero, que en teoría recibió el “sí” del 90% de la población, en Siria existe libertad política. En la práctica, el referéndum sólo se celebró entre los partidarios del régimen y quienes se oponen a Bachar el Asad, la mitad de la población o más, sufren una represión militar de extrema brutalidad.
Tras la toma de Homs, castigada con casi un mes de bombardeos diarios y luego “peinada” edificio a edificio por soldados y milicias irregulares del régimen, el Ejército se concentra ahora en Idlib, otra ciudad rebelde, cercana a la frontera turca. No hay periodistas independientes en Idlib, pero tanto la prensa del régimen como portavoces de la oposición coinciden en que la ofensiva final ha sido ya lanzada y gran parte de la ciudad está en manos de las tropas gubernamentales. El asalto ha acelerado el flujo de refugiados, que el Gobierno trata de frenar colocando minas en las fronteras con Turquía y Líbano.
La organización Human Rights Watch, y varias organizaciones humanitarias libanesas, denuncian que el sembrado de minas carece de utilidad militar y sólo está destinado a impedir el movimiento de civiles. La Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados señala a su vez que decenas de miles de personas han tenido que abandonar sus hogares y se mueven por el interior de Siria, en condiciones cada vez más difíciles, en busca de un lugar seguro. La ONU contabiliza unos 30.000 refugiados en Turquía, Líbano y Jordania, aunque la cifra real es más alta porque muchos ciudadanos sirios no se inscriben en las listas oficiales ni piden plaza en los campos de acogida, y prefieren instalarse en casa de familiares o amigos.
El secretario general de la Liga Árabe, Nabil Elaraby, considera que la situación en Siria es intolerable y que se están cometiendo crímenes contra la humanidad. Elaraby pide una investigación internacional independiente. “No sería ético”, dijo este martes en El Cairo, “permitir que quienes cometen matanzas en Homs o Idlib queden impunes”. “Los asesinatos y la horrenda eliminación de familias enteras, incluyendo mujeres, niños y ancianos, pueden ser descritos como crímenes contra la humanidad”, explicó en un comunicado.
El lunes se descubrió que medio centenar de mujeres y niños suníes habían sido torturados y asesinados en Homs durante la noche del domingo. El Gobierno atribuyó la responsabilidad a las fuerzas rebeldes, pero diversos indicios sugieren que los autores fueron milicianos alauíes favorables al régimen o miembros del Ejército.
Las negociaciones en el Consejo de Seguridad de la ONU siguen bloqueadas. Rusia, el principal apoyo internacional del Gobierno sirio, dice que sólo aceptaría una resolución que tratara por igual al Ejército y a los rebeldes y exigiera de ambos un alto el fuego. Estados Unidos y Europa consideran, por el contrario, que el Ejército y las fuerzas gubernamentales son los principales responsables de la violencia.
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Los medios oficiales sirios explican que las elecciones, inicialmente previstas para este mes de marzo, se han aplazado hasta mayo para que todos los partidos políticos dispongan del tiempo necesario para realizar sus campañas electorales. En teoría, después del referéndum del pasado 25 de febrero, que en teoría recibió el “sí” del 90% de la población, en Siria existe libertad política. En la práctica, el referéndum sólo se celebró entre los partidarios del régimen y quienes se oponen a Bachar el Asad, la mitad de la población o más, sufren una represión militar de extrema brutalidad.
Tras la toma de Homs, castigada con casi un mes de bombardeos diarios y luego “peinada” edificio a edificio por soldados y milicias irregulares del régimen, el Ejército se concentra ahora en Idlib, otra ciudad rebelde, cercana a la frontera turca. No hay periodistas independientes en Idlib, pero tanto la prensa del régimen como portavoces de la oposición coinciden en que la ofensiva final ha sido ya lanzada y gran parte de la ciudad está en manos de las tropas gubernamentales. El asalto ha acelerado el flujo de refugiados, que el Gobierno trata de frenar colocando minas en las fronteras con Turquía y Líbano.
La organización Human Rights Watch, y varias organizaciones humanitarias libanesas, denuncian que el sembrado de minas carece de utilidad militar y sólo está destinado a impedir el movimiento de civiles. La Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados señala a su vez que decenas de miles de personas han tenido que abandonar sus hogares y se mueven por el interior de Siria, en condiciones cada vez más difíciles, en busca de un lugar seguro. La ONU contabiliza unos 30.000 refugiados en Turquía, Líbano y Jordania, aunque la cifra real es más alta porque muchos ciudadanos sirios no se inscriben en las listas oficiales ni piden plaza en los campos de acogida, y prefieren instalarse en casa de familiares o amigos.
El secretario general de la Liga Árabe, Nabil Elaraby, considera que la situación en Siria es intolerable y que se están cometiendo crímenes contra la humanidad. Elaraby pide una investigación internacional independiente. “No sería ético”, dijo este martes en El Cairo, “permitir que quienes cometen matanzas en Homs o Idlib queden impunes”. “Los asesinatos y la horrenda eliminación de familias enteras, incluyendo mujeres, niños y ancianos, pueden ser descritos como crímenes contra la humanidad”, explicó en un comunicado.
El lunes se descubrió que medio centenar de mujeres y niños suníes habían sido torturados y asesinados en Homs durante la noche del domingo. El Gobierno atribuyó la responsabilidad a las fuerzas rebeldes, pero diversos indicios sugieren que los autores fueron milicianos alauíes favorables al régimen o miembros del Ejército.
Las negociaciones en el Consejo de Seguridad de la ONU siguen bloqueadas. Rusia, el principal apoyo internacional del Gobierno sirio, dice que sólo aceptaría una resolución que tratara por igual al Ejército y a los rebeldes y exigiera de ambos un alto el fuego. Estados Unidos y Europa consideran, por el contrario, que el Ejército y las fuerzas gubernamentales son los principales responsables de la violencia.
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Al Asad mina las vías de escape de los refugiados sirios
HRW insta al Ejército sirio a reconocer que la colocación de estas armas, prohibidas a nivel internacional, en las fronteras de Líbano y Turquía va a ser perjudicial para la población en los próximos años
Día 13/03/2012 - 19.03h
Human Rights Watch (HRW) ha acusado este martes a las fuerzas del régimen sirio de Bashar al Asad de colocar minas terrestres en los últimos meses cerca de las fronteras con Líbano y Turquía. La organización humanitaria ha advertido de que ya se han registrado víctimas civiles a causa de estos artefactos.
«El Ejército sirio debe poner fin al uso de minas terrestres antipersona y reconocer que la colocación de estas armas, prohibidas a nivel internacional, van a ser perjudicial para los sirios en los próximos años», ha indicado la organización en un comunicado. Los servicios de desminado vinculados a la oposición han retirado algunas de estas minas antipersona y anticarro, de fabricación soviética o rusa, según ha explicado HRW.
La organización ha basado sus denuncias tanto en las informaciones aportadas por estos servicios como en las declaraciones de testigos. «No hay ninguna justificación para el uso de estas armas indiscriminadas por parte de ningún país, sea donde sea y con ningún propósito», declaró el director de la División Armamentística de Human Rights Watch, Steve Goose.
Ineficaces
Según HRW, las minas antipersona son ineficaces en términos militares y causan sobre todo la muerte o heridas a los civiles. Un total de 159 países se han unido al Tratado de Prohibición de Minas de 1997, que prohíbe el uso, la producción, el comercio y el almacenamiento de minas antipersona. Siria no se ha unido al Tratado. El país no tiene previsión de producir ni exportar minas y la última vez que había utilizado estas armas fue en 1982, durante su conflicto con Israel en territorio libanés.
A falta de informaciones oficiales sobre esta materia, se cree que Siria dispone de minas antipersona PMN-2 y de minas anticarro TMN-46, ambas de fabricación soviética y rusa.
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