Ofensiva «inminente» de la ONU contra los rebeldes congoleños
Día 24/01/2015 - 12.47h
De forma paralela al operativo frente a las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), se recrudecen las protestas contra el presidente Kabila
El representante especial de Naciones Unidas en la República Democrática del Congo, Martin Kobler, ha confirmado que la aprobación de una operación militar conjunta contra el grupo rebelde de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR) es «inminente».
El operativo se encuentra tan solo a la espera de la firma del presidente congoleño, Joseph Kabila, quien, de forma paralela, se enfrenta en la última semana a violentas protestas contra un proyecto de ley que le permitiría mantenerse en el poder de manera indefinida. No obstante, a última hora de ayer, el Senado retiraba la polémica enmienda, que vinculaba la celebración de las elecciones presidenciales de 2016 a la elaboración de un censo de población. Una medida, denunciada por la oposición, debido a que podrían pasar años antes de que éste fuera finalizado.
Tras el asesinato de su padre, Laurent-Désiré Kabila, en 2001, el actual jefe del Estado congoleño accedió al poder y ya ha sido elegido presidente para dos mandatos consecutivos de cinco años. Sin embargo, la Constitución impide que opte a un tercer mandato.
Pero mientras el frente político se agita, en el militar comienzan a sonar los tambores del conflicto. «Tenemos que reconocer que el logro de resultados tangibles contra las FDLR requerirán tanto recursos como tiempo», reconocía el secretario general adjunto de las Naciones Unidas para Operaciones de Mantenimiento de la Paz, Herve Ladsous.
En la actualidad, se estima que las fuerzas del FDLR -un grupo armado formado, en gran parte, por ex miembros de la guerrilla «Interahamwe», quienes llevaron a cabo el genocidio de Ruanda en 1994 y se refugian ahora en el este del Congo-, cuentan con entre 1.400 y 2.000 miembros.
Para paliar la milicia, acusada de orquestar las más cruentas agresiones contra los derechos humanos en la región, en estos veinte años se han llevado a cabo numerosos proyectos de rehabilitación de sus miembros.
«Nuestra misión se centra en que los actuales rebeldes ruandeses que combaten en la República Democrática del Congo se incorporen a la vida civil», aseguraba recientemente a ABC Michael Butera, jefe de operaciones de la Comisión de Desmovilización y Reintegración de grupos armados.
«Desde 2001, hemos logrado repatriar a más de 10.000 ex guerrilleros», reiteraba.
El proceso, lo cierto, no resulta del todo sencillo. Tras abandonar las armas, cualquier ex miliciano realizará un curso de tres meses en Ruanda (dedicado a borrar las heridas psicológicas) para, posteriormente, incorporarse a la vida civil en su país de origen.
«La base del proceso es el perdón de todas las partes», señalaba Butera. Aunque, a veces, las sinergias jueguen en contra.
Para muestra, un botón moral. En 2010, al menos 9.713 ex combatientes desmovilizados fueron inspeccionados por equipos médicos ruandeses (prácticamente la totalidad de la tropa reintegrada hasta esa fecha). De ellos, 2.512 contaban con trastornos severos provocados por los combates; ya fueran paraplejía, grave deterioro cognitivo o ceguera.
Todos, con nombre y apellidos: Ferdinand Muhirwa, aquejado de doble amputación de sus miembros. Eugene Muhikira, mutilado de uno de sus brazos.
Falta de reconocimiento
No son los únicos: Las estimaciones más realistas establecen que, en la región, operan entre cinco y seis mil rebeldes congoleños (ligados a cerca de 17 milicias), así como más de dos mil combatientes ruandeses (en su mayoría, estos sí, del FDLR).
No obstante, el mayor problema de estas milicias locales es su falta de «reconocimiento» por parte del Gobierno congoleño.
La situación es simple (o no): Pese a la beligerancia de la zona, el Ejecutivo de Kinshasa no reconoce la existencia de ningún grupo armado local, admitiendo tan solo la presencia de combatientes extranjeros, caso del FDLR, en su territorio (las milicias locales congoleñas son calificadas de «bandidos», no de rebeldes).
Aunque algunas evidencias sean complicadas de negar. A principios de abril de 2012, decenas de ex combatientes del grupo armado rival tutsi Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo abandonaban las fuerzas estatales para generar un nuevo movimiento denominado M23 (en honor a los acuerdos del 23 de marzo de 2009).
Por entonces, los rebeldes reconocían que su huida tan solo era debida a las «inhumanas» condiciones de vida que sufrían en el Ejército (donde habían sido integrados conforme a este tratado de paz), así como al impago de salarios. Precisamente, los rebeldes del CNDP (ahora M23) nunca fueron procesados conforme a un programa de desmovilización, sino por un acuerdo especial que les dio una reintegración directa en el Ejército congoleño, sin apenas control.
«Solo queremos que se respeten los acuerdos de paz. Conforme a éstos, el Gobierno de Kinshasa está obligado a garantizar una amnistía a los presos políticos, la integración de los grupos armados en las fuerzas estatales, proporcionar seguridad a la población tutsi, así como promover el retorno de los refugiados», reconocía entonces a ABC Bertrand Bisimwa, representante del ala política de los rebeldes congoleños. «Nada se ha cumplido», señalaba Bisimwa.
Finalmente, el grupo armado anunciaría el cese de la violencia a finales de 2013.
Espiral de violencia
Aunque la cuestión no parece ni mucho menos finiquitada.
Hasta 2009, los milicianos del FDLR fueron los grandes aliados del Ejército congoleño contra las fuerzas de Laurent Nkunda (por entonces líder del CNDP). Y a día de hoy, cuando la milicia tutsi cabalga de nuevo bajo otro nombre, los rebeldes hutus del FDLR podrían ser utilizados como fuerza de choque contra los opositores.
No en vano, si nos fijamos en las últimas estadísticas de repatriación de ex combatientes (después de la creación de la M23) se ha producido una disminución evidente en el número de miembros.
Más importante aún será conocer si Ruanda, frente al nuevo escenario, aún está interesada en recibir a nuevos combatientes desmovilizados de las FDLR, ya que su llegada podría aumentar el riesgo de conflicto interno.
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