Santos suspende el diálogo con las FARC por el rapto de un general
La guerrilla secuestra a un alto mando en una zona selvática de Colombia. El presidente afirma que si no lo liberan la mesa de negociación de paz en Cuba no proseguirá
Reuters Live!
Pocas horas después del secuestro del general Rubén Darío Alzate y de dos acompañantes -un cabo y una abogada castrense- en una zona selvática de departamento del Chocó, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha suspendido de manera unilateral las negociaciones de paz que mantienen desde hace casi dos años el Gobierno y la guerrilla de las FARC en La Habana, y ha exigido la liberación inmediata de los raptados: "Se suspende esta negociación hasta tanto no se aclare y se liberen estas personas. De manera que mañana no viajan los negociadores a La Habana".
El mandatario colombiano, que se reunió con la cúpula militar el domingo por la noche en el ministerio de la Defensa, anunció que los delegados del gobierno no viajarán a La Habana como lo tenían planeado hacer este lunes.
El general ha sido secuestrado en un caserío conocido como Las Mercedes. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, ha dicho que todos los indicios apuntan a la guerrilla: "De acuerdo a la información de inteligencia que se tiene, a las operaciones que se venían adelantando en una zona cercana y al relato que hace quien estuvo en el lugar de los hechos y que logró evitar también su secuestro, se estima que los secuestradores son miembros del frente 34 de las Farc, de una de las comisiones que delinque en esa zona".
Alzate desapareció durante una inspección de obras de un proyecto energético que realiza el ejército colombiano en esa zona del país. Según diarios locales, que tuvieron acceso a un informe militar, el general se desplazaba en un bote por el río Atrato y decidió parar en Las Mercedes, un sitio con alta presencia guerrillera a escasos 20 minutos de Quibdó, la capital del departamento, a pesar de que fue advertido de no hacerlo.
“Cuando estaban ya en el interior de la comunidad, los militares y la abogada fueron sorprendidos por guerrilleros del Frente 34 de las FARC, los cuales salieron de las casas y tomaron inmediatamente como rehén al general, a pesar de que vestía de civil”, dice El Espectador en su edición digital citando fuentes militares.
La persona que al parecer dio la noticia de la retención sería el soldado que conducía el bote en el que se desplazaba el general Alzate y su comitiva. “Mindefensa y Cdte Gral: quiero que me expliquen por qué BG Alzate rompió todos los protocolos de seguridad y estaba de civil en zona roja”, escribió Santos en la red social, pidiendo cuentas a la cúpula militar.
Este secuestro se ha dado dos días después de que las FARC reconocieran que tienen en su poder a dos soldados que cayeron en sus manos en medio de combates ocurridos el pasado 9 de noviembre. La guerrilla, que considera a estos soldados “prisioneros de guerra”, sostiene que no se ha violado la orden dada por su cúpula en enero de 2012 de no volver a secuestrar con fines extorsivos.
La Fuerza de Tarea Titán, que comanda Alzate, fue creada a comienzos de año y cuenta con cerca de 2.500 uniformados, que tienen como misión combatir a dos frentes de las FARC (34 y 57) y al frente de guerra occidental del ELN, que son los que hacen presencia en el Chocó.
La suspensión provisional del diálogo se da a solo dos días de que se cumplan los dos años de haber iniciado el proceso de paz con la guerrilla, en el que una de las reglas de la negociación ha sido que, pese a que en La Habana se dialoga, en Colombia no hay una tregua formal.
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El mandatario colombiano, que se reunió con la cúpula militar el domingo por la noche en el ministerio de la Defensa, anunció que los delegados del gobierno no viajarán a La Habana como lo tenían planeado hacer este lunes.
El general ha sido secuestrado en un caserío conocido como Las Mercedes. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, ha dicho que todos los indicios apuntan a la guerrilla: "De acuerdo a la información de inteligencia que se tiene, a las operaciones que se venían adelantando en una zona cercana y al relato que hace quien estuvo en el lugar de los hechos y que logró evitar también su secuestro, se estima que los secuestradores son miembros del frente 34 de las Farc, de una de las comisiones que delinque en esa zona".
Alzate desapareció durante una inspección de obras de un proyecto energético que realiza el ejército colombiano en esa zona del país. Según diarios locales, que tuvieron acceso a un informe militar, el general se desplazaba en un bote por el río Atrato y decidió parar en Las Mercedes, un sitio con alta presencia guerrillera a escasos 20 minutos de Quibdó, la capital del departamento, a pesar de que fue advertido de no hacerlo.
“Cuando estaban ya en el interior de la comunidad, los militares y la abogada fueron sorprendidos por guerrilleros del Frente 34 de las FARC, los cuales salieron de las casas y tomaron inmediatamente como rehén al general, a pesar de que vestía de civil”, dice El Espectador en su edición digital citando fuentes militares.
La persona que al parecer dio la noticia de la retención sería el soldado que conducía el bote en el que se desplazaba el general Alzate y su comitiva. “Mindefensa y Cdte Gral: quiero que me expliquen por qué BG Alzate rompió todos los protocolos de seguridad y estaba de civil en zona roja”, escribió Santos en la red social, pidiendo cuentas a la cúpula militar.
Este secuestro se ha dado dos días después de que las FARC reconocieran que tienen en su poder a dos soldados que cayeron en sus manos en medio de combates ocurridos el pasado 9 de noviembre. La guerrilla, que considera a estos soldados “prisioneros de guerra”, sostiene que no se ha violado la orden dada por su cúpula en enero de 2012 de no volver a secuestrar con fines extorsivos.
La Fuerza de Tarea Titán, que comanda Alzate, fue creada a comienzos de año y cuenta con cerca de 2.500 uniformados, que tienen como misión combatir a dos frentes de las FARC (34 y 57) y al frente de guerra occidental del ELN, que son los que hacen presencia en el Chocó.
La suspensión provisional del diálogo se da a solo dos días de que se cumplan los dos años de haber iniciado el proceso de paz con la guerrilla, en el que una de las reglas de la negociación ha sido que, pese a que en La Habana se dialoga, en Colombia no hay una tregua formal.
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El secuestro dispara la polarización
Una negociación en marcha sin alto el fuego genera fuerte división ciudadana
El diálogo de paz entre las FARC y el Gobierno colombiano ha sido, desde el principio, un material inflamable que suscita una enorme división en el país. El secuestro del general Rubén Darío Alzate y sus acompañantes llega cuando la agenda de negociación de La Habana afrontaba los temas más complicados y que más crispan en la calle, por ejemplo qué justicia recibirán las víctimas —y, por tanto, si los guerrilleros acusados de delitos graves irán a prisión— o cómo será el desarme y la reintegración en la vida civil de los desmovilizados. Ocurre cuando los militares están inquietos por su futuro como institución después de una guerra que ha durado cinco décadas. Y ocurre cuando el anterior presidente, Álvaro Uribe, atiza la hoguera de los miedos y las legítimas dudas de muchos ciudadanos sobre el proceso.
Horas después del secuestro, el ahora senador Uribe, líder de la oposición con su Partido de Centro Democrático, denunció en un comunicado que “los miembros de las Fuerzas Armadas no deberían seguir siendo igualados con el terrorismo”. Lo publicó en su cuenta de Twitter, una poderosa plataforma con 3,3 millones de seguidores desde donde lanza dardos cada día, implacable, contra Santos —al que acusa de haber vendido el país al castrochavismo— y el proceso de paz. Este lunes, por ejemplo, dijo en un tuit: “Santos ha permitido que las FARC se sientan en igualdad con las Fuerzas Armadas, por eso los terroristas secuestran y dicen que es detención”. En otro aseguraba que hay “639 soldados y policías asesinados por terroristas FARC durante diálogo con Santos”.
Hay muchos oídos para estos mensajes, y el secuestro del general Alzate da oxígeno a los que creen que no hay nada que negociar con la guerrilla. Una encuesta de octubre de la firma Cifras y Conceptos refleja que solo el 39% de los ciudadanos confía en que las negociaciones concluyan con éxito, y que la gran mayoría rechaza que los guerrilleros puedan no ir a prisión (85%). El gran descrédito de las FARC y el odio que causan sus crímenes, en particular el secuestro —que se comprometieron a no practicar—, contribuyen a la polarización. El recuerdo de los secuestrados durante años en la selva, en condiciones penosas, está muy presente en un país donde hay seis millones de desplazados y donde han muerto 220.000 personas por el conflicto.
El secuestro de un general impacta de lleno en el Ejército, una institución inquieta por cuál será su misión si sale adelante el proceso de paz y por qué penas tendrán que cumplir sus miembros acusados de delitos cometidos a causa del conflicto. Santos les ha garantizado que gozarán de beneficios penales si se firma la paz, al tiempo que se debate en el Senado si los casos de ejecuciones extrajudiciales, los llamados falsos positivos —civiles asesinados y presentados como guerrilleros caídos en combate— se transfieren a la justicia castrense. Hay más de 4.000 militares investigados por este motivo, y organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch temen que si los juzgan los tribunales militares se abra una vía de impunidad.
En este proceso de paz se negocia sin que haya alto el fuego. Esa condición la marcó el Gobierno para evitar que las FARC empleen el diálogo para rearmarse como hicieron en el anterior intento frustrado, las conversaciones de El Caguán (1999-2002). “Es difícil explicarle a la gente que uno está negociando la paz en La Habana y se está matando aquí en Colombia”, reconocía el presidente Juan Manuel Santos en una entrevista con este diario en junio, tras su reelección. Ahora esa presión ha aumentado, y el primero en hacerlo saber ha sido Uribe, que dijo este lunes: “La comunidad internacional, que tanto ha apoyado los diálogos con las FARC, debería exigir a esta agrupación terrorista el cese unilateral de actividades criminales”. Pese a la división que generan estas cuestiones, se ha avanzado en tres de los seis puntos de la negociación. Si se reanuda, queda ahora lo más complicado. Y con la hoguera en plena combustión.
Horas después del secuestro, el ahora senador Uribe, líder de la oposición con su Partido de Centro Democrático, denunció en un comunicado que “los miembros de las Fuerzas Armadas no deberían seguir siendo igualados con el terrorismo”. Lo publicó en su cuenta de Twitter, una poderosa plataforma con 3,3 millones de seguidores desde donde lanza dardos cada día, implacable, contra Santos —al que acusa de haber vendido el país al castrochavismo— y el proceso de paz. Este lunes, por ejemplo, dijo en un tuit: “Santos ha permitido que las FARC se sientan en igualdad con las Fuerzas Armadas, por eso los terroristas secuestran y dicen que es detención”. En otro aseguraba que hay “639 soldados y policías asesinados por terroristas FARC durante diálogo con Santos”.
Hay muchos oídos para estos mensajes, y el secuestro del general Alzate da oxígeno a los que creen que no hay nada que negociar con la guerrilla. Una encuesta de octubre de la firma Cifras y Conceptos refleja que solo el 39% de los ciudadanos confía en que las negociaciones concluyan con éxito, y que la gran mayoría rechaza que los guerrilleros puedan no ir a prisión (85%). El gran descrédito de las FARC y el odio que causan sus crímenes, en particular el secuestro —que se comprometieron a no practicar—, contribuyen a la polarización. El recuerdo de los secuestrados durante años en la selva, en condiciones penosas, está muy presente en un país donde hay seis millones de desplazados y donde han muerto 220.000 personas por el conflicto.
El secuestro de un general impacta de lleno en el Ejército, una institución inquieta por cuál será su misión si sale adelante el proceso de paz y por qué penas tendrán que cumplir sus miembros acusados de delitos cometidos a causa del conflicto. Santos les ha garantizado que gozarán de beneficios penales si se firma la paz, al tiempo que se debate en el Senado si los casos de ejecuciones extrajudiciales, los llamados falsos positivos —civiles asesinados y presentados como guerrilleros caídos en combate— se transfieren a la justicia castrense. Hay más de 4.000 militares investigados por este motivo, y organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch temen que si los juzgan los tribunales militares se abra una vía de impunidad.
En este proceso de paz se negocia sin que haya alto el fuego. Esa condición la marcó el Gobierno para evitar que las FARC empleen el diálogo para rearmarse como hicieron en el anterior intento frustrado, las conversaciones de El Caguán (1999-2002). “Es difícil explicarle a la gente que uno está negociando la paz en La Habana y se está matando aquí en Colombia”, reconocía el presidente Juan Manuel Santos en una entrevista con este diario en junio, tras su reelección. Ahora esa presión ha aumentado, y el primero en hacerlo saber ha sido Uribe, que dijo este lunes: “La comunidad internacional, que tanto ha apoyado los diálogos con las FARC, debería exigir a esta agrupación terrorista el cese unilateral de actividades criminales”. Pese a la división que generan estas cuestiones, se ha avanzado en tres de los seis puntos de la negociación. Si se reanuda, queda ahora lo más complicado. Y con la hoguera en plena combustión.
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