Ultimátum de la Unión Africana al Ejército de Burkina Faso para que entregue el poder
Día 04/11/2014 - 23.28h
Las amenazas de la UA contrastan con sus años de silencio frente al régimen autoritario de Compaoré
La Unión Africana ha otorgado un ultimátum de dos semanas al Ejército de Burkina Faso para que entregue el poder a las autoridades civiles, o se expondrá a sanciones. Para la organización, el mando militar actuó de forma anticonstitucional al asumir el Gobierno durante la revolución (convertida ya en asonada marcial) que provocó la salida de Blaise Compaoré.
El viernes, el teniente coronel Isaac Zida se auto-proclamaba nuevo jefe de Estado. El anuncio se producía tan solo unas horas después de que el jefe de Estado Mayor, el general Honoré Nabere Traoré, hubiera asumido también para sí el nuevo Ejecutivo.
Al contrario que con Traoré, el nombramiento de Zida sí fue respaldado por las fuerzas armadas en un comunicado, poniendo fin así a la incertidumbre que había dejado la marcha de Compaoré.
Ahora, la duda es saber por cuánto tiempo se prolongará la actual situación, después de que la cúpula marcial asegurara que el nuevo Ejecutivo estaría integrado por todas «las fuerzas vivas de la nación (sin especificar nombres)».
«El poder no nos interesa. Únicamente prima el interés superior de la nación, y el Ejército es una institución donde el honor, la dignidad y el espíritu de sacrificio constituyen sus virtudes sagradas», destacaba el presidente en funciones a través de un comunicado.
Por ello, sorprende el tono de la UA tras años de silencio frente a la dictadura de Compaoré. Curiosamente, en junio de 1998, el propio exmandatario era elegido como presidente de la Organización para la Unidad Africana (antigua UA). ¿Su antecesor en el cargo? Otro «ilustre» mandatario, el zimbabuense Robert Mugabe.
Aunque no es la primera vez que la UA muestra una actitud parcial a la hora de lidiar con crisis regionales.
¿Líderes perseguidos?
A finales del pasado año, la organización pedía el aplazamiento del juicio contra el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, por crímenes contra la humanidad. De igual modo, exigió al Tribunal Penal Internacional que los gobernantes en el cargo no fueran juzgados hasta cumplir su mandato.
Solo unos meses antes, en mayo, la organización acusaba a la TPI de «cazar» a los ciudadanos de África debido a su raza.
«El 99% de los casos del TPI es contra africanos», denunciaba entonces el primer ministro etíope y presidente de turno de la organización, Hailemariam Desalegn.
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