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martes, 23 de abril de 2013

GAGOMILITARIA NOTICIAS.-DZHOJAR NO SERÁ JUZGADO COMO "COMBATIENTE ENEMIGO"

La Casa Blanca confirma que Dzhojar no será juzgado como 'combatiente enemigo'


Dzhokhar Tsarnaev. Afp Dzhokhar Tsarnaev. Afp

María Ramírez (Corresponsal) | Nueva York
Actualizado lunes 22/04/2013 13:52 horas
La Casa Blanca ha confirmado este lunes que Dzhojar Tsarnaev no será juzgado como "combatiente enemigo" por un tribunal militar, sino que será procesado a través de la justicia ordinaria. La primera audiencia del caso será el 30 de mayo.

El chico es ciudadano estadounidense desde el 11 de septiembre de 2012, por lo que el portavoz Jay Carney subrayó que "va contra la ley" intentar interrogarlo y procesarlo con paneles militares como se hizo con los sospechosos de terrorismo capturados en Afganistán.

Tsarnaev, que sigue hospitalizado, ha sido acusado formalmente este lunes. El tribunal federal encargado del caso confirmó que han llegado los cargos. Un juez estaba presente en el proceso, junto a la cama del detenido en el hospital Beth Israel de Boston, donde está ingresado desde que fue capturado el viernes por la noche. Uno de los cargos presentados contra él es "conspiración para usar un arma de destrucción masiva contra las personas y propiedades de Estados Unidos con el resultado de muerte", que puede ser castigado con la pena de muerte

El senador republicano Lindsey Graham había pedido que el chico fuera tratado como "combatiente enemigo", con un interrogatorio durante meses sin derecho a abogado, e incluso fuera juzgado por un tribunal militar. Graham dijo que debía hacerse así "para proteger" a Estados Unidos, "que está bajo la amenaza del Islam extremista". Pero Dzhojar se nacionalizó estadounidense y esta posibilidad no se aplica a los ciudadanos nacionales. El presidente Barack Obama ya insinuó el viernes que quería que se juzgara al "terrorista" (así lo llamó) en un tribunal civil.

"El sistema ha demostrado repetidamente que puede gestionar con éxito la amenaza que seguimos sufriendo", insistió Carney en su 'briefing' diario a la prensa.

Aun así, el acusado de haber asesinado a cuatro personas (las tres del atentado y un policía) y de haber herido a casi 180 ya ha sido tratado con la excepción que contempla el Departamento de Justicia para los sospechosos de terrorismo. Cuando fue arrestado, Tsarnaev no escuchó la habitual advertencia sobre su derecho a permanecer en silencio y a utilizar un abogado.

El relato de los derechos básicos es la "advertencia Miranda", en honor a una decisión del Supremo de 1966 sobre el caso contra Arturo Miranda, un agricultor de Arizona acusado de violación. Es uno de los principios más sagrados de la justicia estadounidense, pero se puede aparcar ante una situación que afecte a "la seguridad pública". La consecuencia de no ser informado es que un sospechoso puede ser interrogado sin un abogado y lo que diga en estas circunstancias puede ser empleado en otra investigación o en un juicio en su contra. La defensa puede recurrir el uso de esta excepción, pero existe otra sentencia del Supremo de 1984 que avala la clausula de "seguridad pública".

En el caso del 84, un policía detuvo a un sospechoso llamado Benjamin Quarles en un supermercado de Queens, en Nueva York, y cuando lo estaba registrando y se dio cuenta de que tenía una funda de pistola vacía le preguntó, sin haberle informado de sus derechos, que dónde estaba el arma. Quarles contestó: "La pistola está ahí", señalando unas estanterías del supermercado. El policía cogió el arma y pronunció la advertencia Miranda. Varios tribunales obligaron a quitar del proceso la frase incriminatoria de "la pistola está ahí" porque el detenido no conocía sus derechos, pero el Supremo dictó que el retraso estaba justificado porque había "preocupación por la seguridad pública".

En 2010, la Administración Obama instruyó a sus agentes para que aprovecharan al máximo el margen que da la sentencia del Supremo de 1984. El Departamento de Justicia escribió un informe diciendo que los agentes del FBI deben utilizar de manera amplia la excepción de la "seguridad pública" antes de leer la "advertencia Miranda". El documento recomienda retrasar la aplicación de los derechos básicos para interrogar a los sospechosos sobre posibles atentados, la localización de armas o "las identidades, localidades, actividades o intenciones de los cómplices que pudieran estar preparando otros atentados inminentes".


 

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