Secuestro por encargo de hijos de padres peleados
Grupos «parapoliciales» cobran hasta 200.000 € por servicio
Uno lleva 200 raptos en todo el mundo. Otro ha recuperado a nueve españoles.
Secuestro de niños por encargo de sus padres Vea parte del documental 'Sustraído', de NovemberFilm.
Quedan pocos minutos para las 9:00 de la mañana, y Michael -nombre ficticio para proteger su identidad-, de 10 años, se dirige al colegio noruego de Albir, en el municipio alicantino de l'Alfàs del Pi, como cada día durante los últimos tres meses. Camina tranquilo, mochila en ristre, por una calle cuesta abajo entre casas blancas de dos plantas, propias de las urbanizaciones que en esa zona albergan colonias de distintos puntos de Europa. Cuando cuatro hombres bajan de un coche y se abalanzan sobre él, su acompañante, que empuja un carrito, apenas tiene tiempo de reaccionar. Intenta resistirse y se tira por el suelo, mientras dos de los asaltantes inmovilizan al adulto que lo acompaña. El cochecito ha volcado, y el otro niño está por tierra.
En ese momento, Michael no puede imaginar, porque el terror le impide reconocerlos, que los hombres que lo cogen en volandas y lo lanzan dentro del vehículo son su padre y su tío paterno. Los acompañan el ex conductor de ambulancias noruego Martin Waage y Pelle, del tamaño de un armario y ex militar sueco. Son director y empleado, respectivamente, de ABP World Group, la empresa de restitución de menores -secuestro lo llaman otros- con tintes paramilitares y establecida en Málaga, que Geir Waagenes ha contratado para recuperar a su hijo, del que tiene la custodia y que fue sustraído por su ex mujer en Noruega.
ABP World Group, que asegura haber restituido 200 niños en todo el mundo, no es la única empresa que opera en España. También lo hace el Centro Experto Internacional Secuestrodemenores.ES (CEIS), fundado en 2000 por el hispano-holandés Anselmo Llobera Hoogkamer. Llovera afirma haber devuelto a España nueve menores sustraídos por uno de sus padres.
El fenómeno también se ve reflejado en los datos de sustracción internacional de menores del Ministerio del Interior español, según los cuales, durante el primer semestre de 2013 habían sido raptados por sus progenitores 112 niños. Entre 2008 y 2013 se han denunciado en España 1.166 casos, casi tantos como en toda la década anterior, cuando fueron 1.205.
La desesperación de los padres por recuperar a sus hijos y la lentitud de la justicia para dar soluciones han propiciado la aparición de este tipo de negocio, que se mueve en un terreno pantanoso. Uno al que Adolfo Alonso se refiere como ilegal, pero que las propias organizaciones califican, como mucho, de alegal. «Somos una compañía seria y sólo llevamos a cabo restituciones legales, de padres que tienen la custodia», explica Martin Waage a Crónica en videoconferencia desde un lugar sin determinar.
Ambas empresas aseguran actuar de esta misma manera, pero una sentencia favorable a un progenitor en un país puede no tener validez en otro. Sólo entre aquellos territorios adheridos al Convenio de la Haya -103 en total- puede respetarse un dictamen de este tipo. E incluso en dicho marco las autoridades tardan meses, cuando no años, en devolver a un niño al país donde tiene fijada su residencia.
Es el caso del noruego Waagenes: el Gobierno español le reconocía la custodia, pero para que la Policía Nacional -la única que puede actuar en España- obligara a la madre a devolver el menor, se requería una orden judicial. Ésta podría haber tardado dos años en llegar. «Demasiado. No era una buena solución. Es un tiempo vital, si tardas mucho el niño acaba por no querer volver, por repudiar al padre».
Intentar recuperar a un menor en un país donde la sentencia de custodia no tiene validez puede resultar aún más difícil, si no imposible. Como en el caso de la sevillana María Salas, cuyo marido se llevó a los tres hijos en común a Argelia, caso que Crónica contó el pasado domingo 3 de noviembre.
El Tribunal de Palermo les acusa de asociación delictiva internacional, tráfico y secuestro de personas, así como sustracción y retención de menores en el extranjero. Los arrestados son tres italianos y una ucraniana, la ex regatista olímpica y medalla de bronce en Seúl Larysa Moskalenko, de 50 años de edad. Todos ellos eran antiguos militares de fuerzas especiales, y la Moskalenko disfrutaba, según el periodista Roberto Ginex, de ilsitodipalermo.it, de buenos contactos políticos en Sicilia, donde regentaba un negocio de alquiler de yates de lujo. «Cuando la arrestaron llamó al alcalde de Palermo, que habló con ella, aunque se desentendió totalmente del asunto, está grabado», explica Ginex.
Además de la orden de detención contra Waage, el mismo tribunal emitió dos más contra sendos suecos que se encuentran encarcelados en Túnez. «Según los carabinieri, el método era siempre el mismo», continua Ginex. «Cruzaban el Mediterráneo con lanchas rápidas, asaltaban domicilios usando la fuerza y artes marciales cuando era necesario y contaban con armas, barbitúricos y bridas para inmovilizar de pies y manos. En ocasiones transportaban a los niños como si fueran paquetes».
Calculan que la célula dirigida por la ex olímpica reciclada en presunta «restituidora de menores» había realizado al menos otros cuatro secuestros. «Sólo nos quieren hacer daño. Nunca usamos armas, pues eso pondría en peligro la vida de los pequeños», insiste Waage. Llobera, cuya organización es cierto que aparenta tener otro perfil, también se desmarca de este tipo de acciones. «Desde 2003 nosotros ya no realizamos snatches alegales», explica, eufemístico. Snatch es un término inglés que significa agarrar algo y salir corriendo. «En todo caso utilizamos sistemas poco ortodoxos». Éstos incluyen recompensas y sobornos a policías y militares de los países donde se encuentra el menor sustraído, en sus propias palabras. «Nos diferenciamos de los demás en que siempre viajamos al otro país para intentar solucionar el problema, e intentamos utilizar la vía judicial, la mediación o la negociación con las autoridades».
Sin embargo, no es ésta la impresión que se llevó el español Jorge Shaw cuando contactó con ellos, en 2011. Como Waagenes, Shaw tenía el perfil de cliente perfecto. La madre de sus cuatro hijos se los había llevado a México, en julio de 2010, después de decirle que iban a pasar una tarde a un parque de atracciones en Málaga. Ella hacía meses que no los veía. No volvieron esa noche ni ninguna más. Salieron por Barajas rumbo a DF y hasta ahí sabía su padre.
Gracias a internet y a contactos con detectives, los pudo situar en el estado de Querétaro. Fue entonces cuando se le ocurrió recurrir a una empresa especializada en recuperaciones de menores, la de Llobera. Al padre español le dijeron que era mejor una operación de ese tipo «porque ellos no tienen mis sentimientos y emociones. Eran profesionales». Quedaron en Barcelona. Contó su caso. El holandés le explicó el modus operandi: «Me habló de rescates con barcas, de cómo actuaban y pensé que no, que no quería hacerles pasar por eso a mis hijos. Que iría yo, su padre». Según le contaron, estaban trabajando en el caso de otro español. Hablaron también del precio: 40.000 euros por la operación. 24.000 de provisión de fondos para empezar a hablar. «No me daban garantías al 100% de que aquello acabara bien».
Le volvieron a contactar para ver cuándo hacía el pago. Pero él ya había tomado la decisión de irse a México. Allí ha estado año y medio peleando en los tribunales. Los niños están de vuelta en España y no quieren verle. Como apuntaba Geir Waagendes, en estos casos el tiempo siempre corre en su contra. Shaw sigue peleando en los tribunales españoles.
Martin Waage afirma que la restitución de Michael es la única realizada hasta el momento en territorio español, donde niega haber tenido más clientes. «No hemos hecho acciones de marketin g en España». En el colegio noruego al que acudía el menor recuerdan el caso, si bien prefieren no hacer comentarios. Por su parte el GRUME, el Grupo de Menores de la Policía Nacional, afirma en boca de un alto cargo consultado por Crónica no haber oído hablar nunca de este tipo de organizaciones.
Sin embargo, el jefe de ABP pasa seis meses al año en la Costa del Sol, y su segundo, Asbjørn Engum, tiene fijada su residencia-oficina en la misma región litoral. Waage no especifica el lugar por cuestiones de seguridad: «Recibimos varias amenazas serias, estamos obligados a este nivel de discreción».
Aun así, no tiene reparos en anunciar a Crónica sus planes para expandir la empresa en Málaga con unas instalaciones para enseñar defensa en caso de secuestros y rescates. En Noruega, en cambio, ABP ha aparecido en los medios en diversas ocasiones, algo que Martin se encarga de publicitar a través de su web, cuya home preside una inquietante foto de cinco helicópteros volando al amanecer.
Según explica, su clientela es de todo el mundo porque «los secuestros infantiles por parte de uno de los padres es un problema cada vez más grande por el aumento de matrimonios interculturales y el número de divorcios». Emprender estas operaciones fue cuestión de demanda. Eran una firma de seguridad a la que empezaron a consultar padres y madres «que habían intentado todos los pasos legales y más, en situaciones muy difíciles».
Sí admite que cuando ellos, los hombres, los que han sustraído al niño, suelen ser de los Balcanes, el Norte de África y Oriente Medio. Geir Waagenes cree que lo hace de corazón, sin embargo, a su bolsillo tampoco le sienta mal. Una operación de rescate-secuestro puede llegar a costar 200.000 euros, dependiendo «de si hay que utilizar aviones privados, helicópteros, etc.», explica, como si de una operación de la CIA se tratara. Hoy en día Geir vive feliz con su hijo desde aquel 7 de septiembre de 2010 que lo recuperó en Alicante. «Va muy bien en la escuela es totalmente funcional», dice. El primer año tras su restitución su padre no lo soltaba de la mano. Temía que su madre hubiera encargado su secuestro.
En ese momento, Michael no puede imaginar, porque el terror le impide reconocerlos, que los hombres que lo cogen en volandas y lo lanzan dentro del vehículo son su padre y su tío paterno. Los acompañan el ex conductor de ambulancias noruego Martin Waage y Pelle, del tamaño de un armario y ex militar sueco. Son director y empleado, respectivamente, de ABP World Group, la empresa de restitución de menores -secuestro lo llaman otros- con tintes paramilitares y establecida en Málaga, que Geir Waagenes ha contratado para recuperar a su hijo, del que tiene la custodia y que fue sustraído por su ex mujer en Noruega.
A Jorge le pidieron 40.000 euros por traer a sus tres hijos de méxico. «no quise hacerles pasar por eso», dice
Pocas horas después, y tras la mediación de la Policía noruega para evitar la detención de padre y tío, consiguen embarcar en un vuelo con destino al país nórdico. «No puedo decir cuánto dinero pagué, sólo que fue una cantidad razonable. Está claro que aquello no fue bueno para nadie, todos perdimos, pero era la única vía que yo veía en aquél momento», explica este banquero de 35 años a Crónica por teléfono.ABP World Group, que asegura haber restituido 200 niños en todo el mundo, no es la única empresa que opera en España. También lo hace el Centro Experto Internacional Secuestrodemenores.ES (CEIS), fundado en 2000 por el hispano-holandés Anselmo Llobera Hoogkamer. Llovera afirma haber devuelto a España nueve menores sustraídos por uno de sus padres.
Negocio al alza en españa
Adolfo Alonso, abogado de familia y ex presidente de la Fundación Child Care, organización internacional para la recuperación de niños sacados de su país, alerta ante este tipo de estructuras, y aconseja a sus clientes, y a cualquiera que esté en esta situación, «rechazar siempre sus servicios y ceñirse estrictamente a la legalidad». Sin embargo, el mensaje no acaba de calar: España se ha convertido en uno de los países donde más ha crecido la demanda de sus servicios en los últimos tres años. «Entre un tercio y la mitad de las consultas que recibimos vienen de España. Desde 2010 han aumentado muchísimo los casos de matrimonios binacionales que se separan, llevándose uno de ellos el niño a su país, por miedo a la crisis española», explica Llobera Hoogkamer, de padre catalán, en un perfecto castellano.El fenómeno también se ve reflejado en los datos de sustracción internacional de menores del Ministerio del Interior español, según los cuales, durante el primer semestre de 2013 habían sido raptados por sus progenitores 112 niños. Entre 2008 y 2013 se han denunciado en España 1.166 casos, casi tantos como en toda la década anterior, cuando fueron 1.205.
La desesperación de los padres por recuperar a sus hijos y la lentitud de la justicia para dar soluciones han propiciado la aparición de este tipo de negocio, que se mueve en un terreno pantanoso. Uno al que Adolfo Alonso se refiere como ilegal, pero que las propias organizaciones califican, como mucho, de alegal. «Somos una compañía seria y sólo llevamos a cabo restituciones legales, de padres que tienen la custodia», explica Martin Waage a Crónica en videoconferencia desde un lugar sin determinar.
Ambas empresas aseguran actuar de esta misma manera, pero una sentencia favorable a un progenitor en un país puede no tener validez en otro. Sólo entre aquellos territorios adheridos al Convenio de la Haya -103 en total- puede respetarse un dictamen de este tipo. E incluso en dicho marco las autoridades tardan meses, cuando no años, en devolver a un niño al país donde tiene fijada su residencia.
Es el caso del noruego Waagenes: el Gobierno español le reconocía la custodia, pero para que la Policía Nacional -la única que puede actuar en España- obligara a la madre a devolver el menor, se requería una orden judicial. Ésta podría haber tardado dos años en llegar. «Demasiado. No era una buena solución. Es un tiempo vital, si tardas mucho el niño acaba por no querer volver, por repudiar al padre».
Intentar recuperar a un menor en un país donde la sentencia de custodia no tiene validez puede resultar aún más difícil, si no imposible. Como en el caso de la sevillana María Salas, cuyo marido se llevó a los tres hijos en común a Argelia, caso que Crónica contó el pasado domingo 3 de noviembre.
Cuatro miembros de abp, que opera en españa, están detenidos en italia. Los dirigía una medallista olímpica
«Conozco a gente que en situaciones así ha acabado en la cárcel», admite Llobera. Martin Waage también. Cuatro presuntos miembros de ABP World Group fueron detenidos a comienzos de noviembre en Italia y si él se salvó es porque se encontraba fuera del país, o al menos no lograron localizarlo.
El Tribunal de Palermo les acusa de asociación delictiva internacional, tráfico y secuestro de personas, así como sustracción y retención de menores en el extranjero. Los arrestados son tres italianos y una ucraniana, la ex regatista olímpica y medalla de bronce en Seúl Larysa Moskalenko, de 50 años de edad. Todos ellos eran antiguos militares de fuerzas especiales, y la Moskalenko disfrutaba, según el periodista Roberto Ginex, de ilsitodipalermo.it, de buenos contactos políticos en Sicilia, donde regentaba un negocio de alquiler de yates de lujo. «Cuando la arrestaron llamó al alcalde de Palermo, que habló con ella, aunque se desentendió totalmente del asunto, está grabado», explica Ginex.
Además de la orden de detención contra Waage, el mismo tribunal emitió dos más contra sendos suecos que se encuentran encarcelados en Túnez. «Según los carabinieri, el método era siempre el mismo», continua Ginex. «Cruzaban el Mediterráneo con lanchas rápidas, asaltaban domicilios usando la fuerza y artes marciales cuando era necesario y contaban con armas, barbitúricos y bridas para inmovilizar de pies y manos. En ocasiones transportaban a los niños como si fueran paquetes».
Ex regatista olímpica
La policía italiana ha afirmado tener constancia de al menos un secuestro de estas características en Túnez -país en el que consiguieron abortar una segunda operación- y de la preparación de otros cuatro en Chipre, Líbano, Egipto y Ucrania. En este último caso, quien les encargó el secuestro no tenía la custodia del menor.Calculan que la célula dirigida por la ex olímpica reciclada en presunta «restituidora de menores» había realizado al menos otros cuatro secuestros. «Sólo nos quieren hacer daño. Nunca usamos armas, pues eso pondría en peligro la vida de los pequeños», insiste Waage. Llobera, cuya organización es cierto que aparenta tener otro perfil, también se desmarca de este tipo de acciones. «Desde 2003 nosotros ya no realizamos snatches alegales», explica, eufemístico. Snatch es un término inglés que significa agarrar algo y salir corriendo. «En todo caso utilizamos sistemas poco ortodoxos». Éstos incluyen recompensas y sobornos a policías y militares de los países donde se encuentra el menor sustraído, en sus propias palabras. «Nos diferenciamos de los demás en que siempre viajamos al otro país para intentar solucionar el problema, e intentamos utilizar la vía judicial, la mediación o la negociación con las autoridades».
Sin embargo, no es ésta la impresión que se llevó el español Jorge Shaw cuando contactó con ellos, en 2011. Como Waagenes, Shaw tenía el perfil de cliente perfecto. La madre de sus cuatro hijos se los había llevado a México, en julio de 2010, después de decirle que iban a pasar una tarde a un parque de atracciones en Málaga. Ella hacía meses que no los veía. No volvieron esa noche ni ninguna más. Salieron por Barajas rumbo a DF y hasta ahí sabía su padre.
Gracias a internet y a contactos con detectives, los pudo situar en el estado de Querétaro. Fue entonces cuando se le ocurrió recurrir a una empresa especializada en recuperaciones de menores, la de Llobera. Al padre español le dijeron que era mejor una operación de ese tipo «porque ellos no tienen mis sentimientos y emociones. Eran profesionales». Quedaron en Barcelona. Contó su caso. El holandés le explicó el modus operandi: «Me habló de rescates con barcas, de cómo actuaban y pensé que no, que no quería hacerles pasar por eso a mis hijos. Que iría yo, su padre». Según le contaron, estaban trabajando en el caso de otro español. Hablaron también del precio: 40.000 euros por la operación. 24.000 de provisión de fondos para empezar a hablar. «No me daban garantías al 100% de que aquello acabara bien».
Le volvieron a contactar para ver cuándo hacía el pago. Pero él ya había tomado la decisión de irse a México. Allí ha estado año y medio peleando en los tribunales. Los niños están de vuelta en España y no quieren verle. Como apuntaba Geir Waagendes, en estos casos el tiempo siempre corre en su contra. Shaw sigue peleando en los tribunales españoles.
Martin Waage afirma que la restitución de Michael es la única realizada hasta el momento en territorio español, donde niega haber tenido más clientes. «No hemos hecho acciones de marketin g en España». En el colegio noruego al que acudía el menor recuerdan el caso, si bien prefieren no hacer comentarios. Por su parte el GRUME, el Grupo de Menores de la Policía Nacional, afirma en boca de un alto cargo consultado por Crónica no haber oído hablar nunca de este tipo de organizaciones.
Sin embargo, el jefe de ABP pasa seis meses al año en la Costa del Sol, y su segundo, Asbjørn Engum, tiene fijada su residencia-oficina en la misma región litoral. Waage no especifica el lugar por cuestiones de seguridad: «Recibimos varias amenazas serias, estamos obligados a este nivel de discreción».
Aun así, no tiene reparos en anunciar a Crónica sus planes para expandir la empresa en Málaga con unas instalaciones para enseñar defensa en caso de secuestros y rescates. En Noruega, en cambio, ABP ha aparecido en los medios en diversas ocasiones, algo que Martin se encarga de publicitar a través de su web, cuya home preside una inquietante foto de cinco helicópteros volando al amanecer.
Según explica, su clientela es de todo el mundo porque «los secuestros infantiles por parte de uno de los padres es un problema cada vez más grande por el aumento de matrimonios interculturales y el número de divorcios». Emprender estas operaciones fue cuestión de demanda. Eran una firma de seguridad a la que empezaron a consultar padres y madres «que habían intentado todos los pasos legales y más, en situaciones muy difíciles».
Sí admite que cuando ellos, los hombres, los que han sustraído al niño, suelen ser de los Balcanes, el Norte de África y Oriente Medio. Geir Waagenes cree que lo hace de corazón, sin embargo, a su bolsillo tampoco le sienta mal. Una operación de rescate-secuestro puede llegar a costar 200.000 euros, dependiendo «de si hay que utilizar aviones privados, helicópteros, etc.», explica, como si de una operación de la CIA se tratara. Hoy en día Geir vive feliz con su hijo desde aquel 7 de septiembre de 2010 que lo recuperó en Alicante. «Va muy bien en la escuela es totalmente funcional», dice. El primer año tras su restitución su padre no lo soltaba de la mano. Temía que su madre hubiera encargado su secuestro.
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