La repetición de los exámenes para optar a la Guardia Urbana tendrá el doble de vigilancia
Las pruebas que se celebraron el 6 de julio levantaron las quejas por prácticas irregulares
Camilo S. Baquero Barcelona 17 JUL 2013 - 13:39 CET
El número de personas encargadas de vigilar a los opositores durante la repetición de dos de los exámenes para optar a 113 plazas de guarda urbano se doblará. Con ello se busca que no se repitan las trampas que denunciaron varios de los participantes en la prueba del pasado 3 de julio. Por tanto, se pasará de un responsable por cada 50 examinados a uno por cada 25. Así lo explicó ayer el primer teniente de alcalde de Barcelona, Joaquim Forn (CiU) durante la comisión de Presidencia. El edil asumió la responsabilidad de los errores y pidió excusas a los opositores “honestos” que tendrán que someterse de nuevo a las pruebas escritas de catalán y cultura general el día 27 de este mes.
Forn explicó que además se reducirá el número de aspirantes por cada aula —en el anterior examen hubo quejas por el hacinamiento—, se conservará un sitio vacío entre opositores y se prohibirá el acceso a las pruebas con cualquier tipo de dispositivo móvil de comunicación. El 6 de julio, un número indeterminado de examinados utilizaron el móvil y tabletas para copiar en el examen. La Síndica de Greuges de la ciudad ha recibido 239 quejas por ello y el Ayuntamiento, 89.
El examen, al que se presentaron 3.463 personas, constaba de una prueba de cultura y una de aptitud y quienes no certificaron el nivel B de catalán también tenían que realizar exámenes orales y escritos en esta lengua.
Forn aseguró que solo será necesario repetir la prueba escrita de catalán y la de cultura pues esto “es suficiente para garantizar la transparencia”. Algo que no comparten el PSC e Iniciativa, que solicitaron la repetición de todo el proceso. Por su parte, Unitat per Barcelona consideró que solo era necesario que repitieran las pruebas las aulas donde se constataron irregularidades. Desde el PP se plantearon posibles trampas en la prueba de actitud.
En la misma comisión, CiU rechazó de nuevo una propuesta del PSC para hacer las audiencias públicas de Nou Barris en un recinto más grande. La sala de plenos solo tiene capacidad para 99 vecinos y muchos se quedan fuera. Jordi Martí (CiU), regidor de Presidencia, argumentó que el reducido número se debe a una normativa de seguridad. “El diálogo desde la proximidad es la única manera para hacer bajar la presión a Nou Barris”, aseguró Guillem Espriu (PSC).
Iniciativa también denunció que el Comisionado de Participación, Carles Agustí (CiU), cargó al Ayuntamiento un viaje a Madrid (84 euros) para participar en un Congreso sobre comunicación política. Agustí fue presentado como vicepresidente de la Asociación Catalana de Comunicación, Investigación y Estrategia Política y llevó la ponencia El papel de la Comunicación en las crisis de la política. Forn defendió que asistió a nombre del Consistorio.
Forn explicó que además se reducirá el número de aspirantes por cada aula —en el anterior examen hubo quejas por el hacinamiento—, se conservará un sitio vacío entre opositores y se prohibirá el acceso a las pruebas con cualquier tipo de dispositivo móvil de comunicación. El 6 de julio, un número indeterminado de examinados utilizaron el móvil y tabletas para copiar en el examen. La Síndica de Greuges de la ciudad ha recibido 239 quejas por ello y el Ayuntamiento, 89.
El examen, al que se presentaron 3.463 personas, constaba de una prueba de cultura y una de aptitud y quienes no certificaron el nivel B de catalán también tenían que realizar exámenes orales y escritos en esta lengua.
Forn aseguró que solo será necesario repetir la prueba escrita de catalán y la de cultura pues esto “es suficiente para garantizar la transparencia”. Algo que no comparten el PSC e Iniciativa, que solicitaron la repetición de todo el proceso. Por su parte, Unitat per Barcelona consideró que solo era necesario que repitieran las pruebas las aulas donde se constataron irregularidades. Desde el PP se plantearon posibles trampas en la prueba de actitud.
En la misma comisión, CiU rechazó de nuevo una propuesta del PSC para hacer las audiencias públicas de Nou Barris en un recinto más grande. La sala de plenos solo tiene capacidad para 99 vecinos y muchos se quedan fuera. Jordi Martí (CiU), regidor de Presidencia, argumentó que el reducido número se debe a una normativa de seguridad. “El diálogo desde la proximidad es la única manera para hacer bajar la presión a Nou Barris”, aseguró Guillem Espriu (PSC).
Iniciativa también denunció que el Comisionado de Participación, Carles Agustí (CiU), cargó al Ayuntamiento un viaje a Madrid (84 euros) para participar en un Congreso sobre comunicación política. Agustí fue presentado como vicepresidente de la Asociación Catalana de Comunicación, Investigación y Estrategia Política y llevó la ponencia El papel de la Comunicación en las crisis de la política. Forn defendió que asistió a nombre del Consistorio.
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