La ONU alerta de que una reforma legal en Colombia puede dejar impunes a militares y policías
Día 28/11/2012 - 04.06h
Con la nueva Constitución los crímenes de guerra y las detenciones arbitrarias realizadas por el Ejército o la Policía serían juzgadas en tribunales militares
efe
Dos miembros de la delegación oficial de Colombia llegan a las negociaciones con las FARC en La Habana este martes.
La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Navi Pillay, ha solicitado al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y al presidente del Congreso, Roy Barreras, que «reconsideren» su apoyo a la reforma constitucional conocida como fuero militar por estimar que podría dar impunidad a los militares y policías que hayan cometido crímenes de guerra durante el conflicto con la insurgencia colombiana.
La reforma del sistema de justicia militar se está tramitando en el marco del proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tras cinco décadas de un conflicto armado que ha acabado con la vida de decenas de miles de personas y ha dejado millones de desplazados.
«Si se aprueba, esta reforma dañaría gravemente los esfuerzos del Gobierno colombiano para garantizar que las violaciones de los Derechos Humanos supuestamente cometidas por militares y policías colombianos son debidamente investigadas y sus autores llevados ante la justicia», ha dicho la portavoz de la oficina de Pillay, Cecile Pouilly, en rueda de prensa en Ginebra.
En virtud de la reforma constitucional que ahora estudia el Parlamento, los crímenes de guerra y las detenciones arbitrarias realizadas por el Ejército o la Policía serían juzgadas en tribunales militares. La determinación de los crímenes será decidida por un cuerpo militar, con el consiguiente riesgo de impunidad, ha advertido.
La portavoz de Pillay ha dejado claro que los crímenes contra la Humanidad y otras graves violaciones de Derechos Humanos deben ser excluidas de las jurisdicción penal militar. La reforma constitucional que estudia el Parlamento colombiano establece que la primera fase de cada investigación, la esencial para clarificar los hechos e identificar a los sospechosos, será desarrollada por instituciones judiciales dirigidas por policías o militares, en lugar de un órgano independiente dentro de las instituciones judiciales civiles.
Los investigadores de Naciones Unidas que informan al Consejo de Derechos Humanos de la ONU advirtieron el pasado mes de octubre de que los policías y militares sospechosos de crímenes de guerra podrían quedar impunes gracias a esta reforma constitucional. «Teniendo en cuenta que esta ley llega en un momento en que el Gobierno y la guerrilla de las FARC están en medio de un proceso de negociación, deseamos subrayar que los mecanismos de justicia transicional permiten a Colombia hacer frente a las graves violaciones de Derechos Humanos y del derecho humanitario que han ocurrido y continúan ocurriendo durante el conflicto armado», ha asegurado Pouilly. «Sólo la justicia puede llevar una verdadera paz y la reconciliación», ha concluido.
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