Venezuela autoriza el uso de fuerza letal para «evitar desórdenes» públicos
Fotografía cedida por prensa de Miraflores del pasado día 27, donde se observa al presidente venezolano, Nicolás Maduro (i), junto al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, durante un acto de graduación de los oficiales de tropa y asimilados de la Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB) Efe
El Gobierno venezolano ha autorizado el uso de fuerza “potencialmente mortal” para “evitar desórdenes”, en una acción que la Mesa de Unidad Democrática (MUD) ha condenado al considerar que, en la práctica, constituye la legalización de la pena de muerte.
El Ministerio de Defensa publicó el miércoles una resolución en la que establece un nuevo modelo de control público que contempla “el uso de fuerza potencialmente mortal, bien con armas de fuego o con otra arma potencialmente mortal” para “evitar los desórdenes, apoyar a la autoridad legítimamente constituida y rechazar toda agresión”.
“La MUD exige la nulidad absoluta de esta resolución con la que el Ministro de Defensa declaró formalmente la legalización de la pena de muerte en Venezuela a manos de los cuerpos de seguridad del Estado, sin juicio, violando la Constitución”, ha dicho su encargada de Derechos Humanos, Delsa Solórzano, en una rueda de prensa.
Solórzano ha argumentado que la Constitución venezolana establece en su artículo 68 que “los venezolanos tienen derecho a manifestarse” y prohíbe expresamente el uso de armas de fuego y de sustancias tóxicas para controlar las reuniones públicas.
“También dice nuestra Constitución que es la ley la que regula, no resoluciones y no ministros, la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”, ha indicado, en declaraciones recogidas por ‘El Diario de Caracas’.
Así, ha acusado al Ministerio de Defensa de “usurpar las funciones del poder constituyente, al modificar el artículo 68, y las funciones de los diputados a la Asamblea Nacional, porque no tiene atribuciones legislativas”.
Con todo ello, ha adelantado que el próximo lunes la MUD solicitará al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que anule esta resolución y que, en caso de que no lo haga, recurrirá a instancias internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la ONU. Europa Press
El Ministerio de Defensa publicó el miércoles una resolución en la que establece un nuevo modelo de control público que contempla “el uso de fuerza potencialmente mortal, bien con armas de fuego o con otra arma potencialmente mortal” para “evitar los desórdenes, apoyar a la autoridad legítimamente constituida y rechazar toda agresión”.
“La MUD exige la nulidad absoluta de esta resolución con la que el Ministro de Defensa declaró formalmente la legalización de la pena de muerte en Venezuela a manos de los cuerpos de seguridad del Estado, sin juicio, violando la Constitución”, ha dicho su encargada de Derechos Humanos, Delsa Solórzano, en una rueda de prensa.
Solórzano ha argumentado que la Constitución venezolana establece en su artículo 68 que “los venezolanos tienen derecho a manifestarse” y prohíbe expresamente el uso de armas de fuego y de sustancias tóxicas para controlar las reuniones públicas.
“También dice nuestra Constitución que es la ley la que regula, no resoluciones y no ministros, la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”, ha indicado, en declaraciones recogidas por ‘El Diario de Caracas’.
Así, ha acusado al Ministerio de Defensa de “usurpar las funciones del poder constituyente, al modificar el artículo 68, y las funciones de los diputados a la Asamblea Nacional, porque no tiene atribuciones legislativas”.
Con todo ello, ha adelantado que el próximo lunes la MUD solicitará al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que anule esta resolución y que, en caso de que no lo haga, recurrirá a instancias internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la ONU. Europa Press
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