Más de 150 causas archivadas al no identificarse a los criminales etarras
José Manuel Baena, Joaquín María Azaola Martínez, Sergio Borrajo o Juan Carlos Beiro son nombres que, probablemente, no estén en la memoria de la sociedad española, excepto para sus familiares y amigos, que les sufren en silencio porque la banda terrorista ETA acabó de forma vil y cobarde con ellos y porque sus asesinos no han podido ser identificados ni, por tanto, juzgados. Sufren por la pérdida del padre, esposo o hijo, pero un dolor aumentado al ver cómo el Estado de Derecho por el que dieron su vida no ha sido capaz de detener y situar frente a los jueces a los que sesgaron sus vidas. Son «sólo» cuatro nombres de las más de 300 víctimas de ETA cuyos asesinos permanecen «anónimos», los procedimientos abiertos por los atentados que sufrieron fueron archivados provisionalmete por falta de autores conocidos o sencillamente «no constan».
Son 315 víctimas de ETA que no han visto colmadas sus legítimas expectativas de Justicia. Esa es la tremenda pero dura realidad, según se recoge en el minucioso estudio realizado por la Asociación Dignidad y Justicia, que preside Daniel Portero, y bajo el asesoramiento jurídico de Miguel Ángel Rodríguez Arias, donde constan de forma detallada los 175 ciudadanos asesinados (desde peluqueros hasta taxistas, guardias civiles, policías o magistrados) cuyas causas han sido sobreseídas provisionalmente por los distintos juzgados de la Audiencia Nacional porque no se logró identificar a los criminales, hasta otras 83 muertes en los que sólo se pudo condenar a cooperadores o colaboradores de esas acciones terroristas, pero no a los que apretaron el gatillo o colocaron los coches bombas. Y a todos ellos hay que sumar la existencia de otros 47 asesinados cuyos procedimientos se iniciaron en juzgados del País Vasco y Navarra y que acabaron archivados. En estos últimos supuestos, destaca al respecto Daniel Portero, «hay un dato demoledor, y es la existencia de seis casos que han sido expurgados, es decir, que han desaparecido, son expedientes que no existen».
El primer nombre que aparece en el estudio de Dignidad y Justicia sobre el que «no hay constancia» de quién o quiénes fueron los asesinos es el de José Manuel Baena. ¿Quién era y cuál fue su «crimen»? Era un ciudadano que defendía a su país desde el Cuerpo Nacional de Policía , del que era inspector. Murió el 11 de enero de 1978 en un enfrentamiento a tiros con terroristas del «comando Nafarroa» de ETA durante la inspección de un piso franco en Pamplona en el que se sospechaban, que se ocultaban los terroristas. En esa misma situación procesal se encuentra la causa respecto al asesinato del policía municipal de Santurce Manuel Lemus Noya, quien fue ametralleado desde un coche el 6 de abril de ese mismo.
Ninguna de esas dos causas citadas llegó entonces a la Audiencia Nacional, a diferencia de lo que ocurrió con el atentado perpetrado por el «comando Araba» de ETA el 5 de marzo de 1978 en Vitoria, en el que murieron en el acto los agentes de Policía Joaquín Ramos Gómez y Miguel Raya Aguilar y resultó gravemente herido José Vicente del Val del Río, quien, sin embargo, no logró superar las heridas y falleció a los 27 días de la acción terrorista. En este caso, el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional abrió el correspondiente procedimiento. Las diligencias practicadas no dieron frutos para esclarecer los hechos ni para determinar a los autores de tan vil atentado. Y así, el 5 de abril de 2000 el juez decretaba el sobreseimiento provisional por no haberse podido identificar al autor o autores del atentado.
Esta misma situación procesal se ha repetido en numerosas ocasiones, hasta un total de 156 procedimientos que han sido sobreseídos provisionalmente por esa causa o por haber prescrito los hechos, como sucedió con 26 de esas causas. Asesinos de 175 víctimas que no han podido ser juzgados por la Audiencia Nacional. La ultima ocasión en que se dio carpetazo a una investigación de un atentado etarra fue en junio de 2008, en relación con el asesinato, perpetrado el 20 de marzo de 2001, de Froilán Elespe Inciarte, quien era concejal del PSE/EE y teniente de alcalde de Lasarte (Guipúzcoa). Elespe, de 54 años, se encontraba en el interior del bar Sasoeta de esta localidad cuando fue abordado por un individuo que le descerrajó al menos un tiro en la cabeza.
Investigaciones independientes
Son 315 víctimas de ETA que no han visto colmadas sus legítimas expectativas de Justicia. Esa es la tremenda pero dura realidad, según se recoge en el minucioso estudio realizado por la Asociación Dignidad y Justicia, que preside Daniel Portero, y bajo el asesoramiento jurídico de Miguel Ángel Rodríguez Arias, donde constan de forma detallada los 175 ciudadanos asesinados (desde peluqueros hasta taxistas, guardias civiles, policías o magistrados) cuyas causas han sido sobreseídas provisionalmente por los distintos juzgados de la Audiencia Nacional porque no se logró identificar a los criminales, hasta otras 83 muertes en los que sólo se pudo condenar a cooperadores o colaboradores de esas acciones terroristas, pero no a los que apretaron el gatillo o colocaron los coches bombas. Y a todos ellos hay que sumar la existencia de otros 47 asesinados cuyos procedimientos se iniciaron en juzgados del País Vasco y Navarra y que acabaron archivados. En estos últimos supuestos, destaca al respecto Daniel Portero, «hay un dato demoledor, y es la existencia de seis casos que han sido expurgados, es decir, que han desaparecido, son expedientes que no existen».
El primer nombre que aparece en el estudio de Dignidad y Justicia sobre el que «no hay constancia» de quién o quiénes fueron los asesinos es el de José Manuel Baena. ¿Quién era y cuál fue su «crimen»? Era un ciudadano que defendía a su país desde el Cuerpo Nacional de Policía , del que era inspector. Murió el 11 de enero de 1978 en un enfrentamiento a tiros con terroristas del «comando Nafarroa» de ETA durante la inspección de un piso franco en Pamplona en el que se sospechaban, que se ocultaban los terroristas. En esa misma situación procesal se encuentra la causa respecto al asesinato del policía municipal de Santurce Manuel Lemus Noya, quien fue ametralleado desde un coche el 6 de abril de ese mismo.
Ninguna de esas dos causas citadas llegó entonces a la Audiencia Nacional, a diferencia de lo que ocurrió con el atentado perpetrado por el «comando Araba» de ETA el 5 de marzo de 1978 en Vitoria, en el que murieron en el acto los agentes de Policía Joaquín Ramos Gómez y Miguel Raya Aguilar y resultó gravemente herido José Vicente del Val del Río, quien, sin embargo, no logró superar las heridas y falleció a los 27 días de la acción terrorista. En este caso, el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional abrió el correspondiente procedimiento. Las diligencias practicadas no dieron frutos para esclarecer los hechos ni para determinar a los autores de tan vil atentado. Y así, el 5 de abril de 2000 el juez decretaba el sobreseimiento provisional por no haberse podido identificar al autor o autores del atentado.
Esta misma situación procesal se ha repetido en numerosas ocasiones, hasta un total de 156 procedimientos que han sido sobreseídos provisionalmente por esa causa o por haber prescrito los hechos, como sucedió con 26 de esas causas. Asesinos de 175 víctimas que no han podido ser juzgados por la Audiencia Nacional. La ultima ocasión en que se dio carpetazo a una investigación de un atentado etarra fue en junio de 2008, en relación con el asesinato, perpetrado el 20 de marzo de 2001, de Froilán Elespe Inciarte, quien era concejal del PSE/EE y teniente de alcalde de Lasarte (Guipúzcoa). Elespe, de 54 años, se encontraba en el interior del bar Sasoeta de esta localidad cuando fue abordado por un individuo que le descerrajó al menos un tiro en la cabeza.
Investigaciones independientes
La asociación Dignidad y Justicia denuncia que en muchos de estos casos se han practicado diligencias «que no alcanzan ni unos mínimos satisfactorios de investigación ni de impulso procesal. Por ello, considera que España «debe rectificar esa situación, reconocer el daño causado a esas víctimas de ETA con esa falta de diligencia y emprender, una por una, investigaciones efectivas e independientes, creando para ello, si es necesario, una fiscalía especializada o aquellos otros mecanismos de reorganización e impulso que puedan resultar más efectivos». Por ello, exigen el «derecho a conocer la verdad» sobre los casos no resueltos.
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