El Gobierno recurrirá y suspenderá el «CNI catalán» si Mas sigue con su proyecto
- Advierte a la Generalitat de que no tiene competencias
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros Efe
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, advirtió ayer al presidente catalán, Artur Mas, de que la Generalitat no tiene competencias para crear unos servicios de inteligencia catalanes. «En nuestra Constitución está establecido a quién corresponden las competencias en esa materia. Está regulado por ley orgánica, y es así porque es la mejor manera para garantizar las libertades públicas que pueden operar en ese ámbito», defendió en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Sáenz de Santamaría remató: «Está bien clara la posición del Gobierno. Sólo al Estado corresponde».
En el caso de que este proyecto prosperase, después de la denuncia realizada por Ciutadans, el Gobierno recurriría al Tribunal Constitucional y suspendería la puesta en marcha de una agencia de seguridad catalana. La vicepresidenta del Gobierno ha apelado a la Ley y al debate jurídico para enfrentarse a un amago de iniciativa política que enlaza con el proyecto de nación catalana en el que trabajan CiU y ERC desde el poder. En ese sentido, la vicepresidenta recordó que la Constitución regula el procedimiento de recurso ante el TC para aquellas decisiones, sean del Gobierno central o sean de las comunidades, que excedan el marco estricto de sus competencias.
Ahora bien, con prudencia, la vicepresidenta no adelantó acontecimientos y se limitó a describir cuál sería la respuesta del Gobierno en el caso de que ese «CNI catalán» se hiciera realidad. La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, sí ha dado verosimilitud al proyecto, pese a que la Generalitat lo ha negado. Sánchez Camacho incluso lo ha denunciado ante la Fiscalía. «Sólo al Estado corresponde la defensa y la seguridad nacional en todo su conjunto», defendió, por su parte, Sáenz de Santamaría. La estrategia del Gobierno ante esta nueva amenaza independentista es la misma que ha seguido con cada una de las decisiones de la Generalitat que se saltaban la ley: responder con la Ley y recurrirlas ante el TC. «No hay que enredarse en debates políticos que se utilizan para alimentar su victimismo. Si se salen del marco, se responderá con la ley y con la Constitución. De ahí no nos vamos a mover», puntualizan en Moncloa.
Entre tanto, la dirección popular sigue trabajando mano a mano con el PP catalán en la definición de una estrategia conjunta para hacer frente al independentismo que cultivan CiU y ERC. La tarea es complicada, según explican los participantes en esta comisión, porque se enfrentan a todo el poder institucional al servicio de esa causa independentista que quiere liderar Artur Mas. De momento, ha habido más debate que decisiones concretas. Y la semana pasada, la filtración por parte de la Generalitat de un informe de Hacienda sobre el ahorro con la reducción de las duplicidades administrativas fue motivo de enfado para los populares catalanes. Su queja interna era que no habían sido informados para fijar una posición por adelantado antes de que la Generalitat «desvirtuase» el sentido de ese informe relacionado con la reforma de la Administración Pública en la que trabaja el Gobierno central.
El PP catalán lo denuncia ante la Fiscalía
En el caso de que este proyecto prosperase, después de la denuncia realizada por Ciutadans, el Gobierno recurriría al Tribunal Constitucional y suspendería la puesta en marcha de una agencia de seguridad catalana. La vicepresidenta del Gobierno ha apelado a la Ley y al debate jurídico para enfrentarse a un amago de iniciativa política que enlaza con el proyecto de nación catalana en el que trabajan CiU y ERC desde el poder. En ese sentido, la vicepresidenta recordó que la Constitución regula el procedimiento de recurso ante el TC para aquellas decisiones, sean del Gobierno central o sean de las comunidades, que excedan el marco estricto de sus competencias.
Ahora bien, con prudencia, la vicepresidenta no adelantó acontecimientos y se limitó a describir cuál sería la respuesta del Gobierno en el caso de que ese «CNI catalán» se hiciera realidad. La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, sí ha dado verosimilitud al proyecto, pese a que la Generalitat lo ha negado. Sánchez Camacho incluso lo ha denunciado ante la Fiscalía. «Sólo al Estado corresponde la defensa y la seguridad nacional en todo su conjunto», defendió, por su parte, Sáenz de Santamaría. La estrategia del Gobierno ante esta nueva amenaza independentista es la misma que ha seguido con cada una de las decisiones de la Generalitat que se saltaban la ley: responder con la Ley y recurrirlas ante el TC. «No hay que enredarse en debates políticos que se utilizan para alimentar su victimismo. Si se salen del marco, se responderá con la ley y con la Constitución. De ahí no nos vamos a mover», puntualizan en Moncloa.
Entre tanto, la dirección popular sigue trabajando mano a mano con el PP catalán en la definición de una estrategia conjunta para hacer frente al independentismo que cultivan CiU y ERC. La tarea es complicada, según explican los participantes en esta comisión, porque se enfrentan a todo el poder institucional al servicio de esa causa independentista que quiere liderar Artur Mas. De momento, ha habido más debate que decisiones concretas. Y la semana pasada, la filtración por parte de la Generalitat de un informe de Hacienda sobre el ahorro con la reducción de las duplicidades administrativas fue motivo de enfado para los populares catalanes. Su queja interna era que no habían sido informados para fijar una posición por adelantado antes de que la Generalitat «desvirtuase» el sentido de ese informe relacionado con la reforma de la Administración Pública en la que trabaja el Gobierno central.
El PP catalán lo denuncia ante la Fiscalía
El Partido Popular catalán ha puesto en conocimiento de la Fiscalía el «posible intento» del Gobierno de la Generalitat de crear una agencia de seguridad nacional catalana por la presunta comisión de un delito de malversación de fondos públicos y vulneración de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. El portavoz del grupo popular en el Parlament, Enric Millo, y el diputado Sergio Santamaría se personaron ayer en la Fiscalía para denunciar la posible creación de una agencia de inteligencia en Cataluña con el objetivo de que se abran diligencias informativas, para lo cual han aportado numerosa información que los populares califican de «hechos muy graves».
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