Carrillo continúa la guerra de los brigadistas
El rector de la Universidad Complutense, José Carrillo, durante un acto en defensa del monolito a los brigadistas este fin de semana Albreto R. Roldán
Bajo el principio maquiavélico de «el fin justifica los medios», el rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), José Carrillo, lo ha intentado todo para mantener su monumento a las Brigadas Internacionales, incluso pedir la licencia de obras que dijo no necesitar una y otra vez y que es la base de la sentencia que le obliga a deshacerse del monolito. Una licencia que, además, fue rechazada porque «perturba la contemplación del Bien de Interés Cultural del recinto de la Ciudad Universitaria».
Lo cierto es que el proyecto nació gafado desde sus inicios cuando, en 2010, la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales (AABI) planteó al entonces rector, Carlos Berzosa, recuperar el homenaje planeado en 2003 que nunca se llegó a realizar. Berzosa implicó a la Facultad de Bellas Artes para buscar un diseño entre los estudiantes que, según confesó la propia asociación «su eco en la comunidad estudiantil fue escaso» y el concurso de ideas quedó desierto.
Con la elección de Carrillo como sustituto, al proyecto le nacieron alas y el nuevo rector implicó a varios profesores para cubrir todos los «huecos» que había en la instalación del monumento. Mientras que profesores de Bellas Artes, Arquitectura y Arqueología se ocuparon del diseño y de los estudios geotécnicos, el rector se ocupó de lograr los apoyos necesarios entre la cúpula directiva de la UCM. Eso sí, prefirió ignorar la denuncia que le advertía de que el monumento, que inauguraría a bombo y platillo en octubre de 2011, era ilegal.
Seis meses después, el juzgado número 22 de Madrid confirmó la denuncia y Carrillo recurrió la sentencia asegurando que no era necesaria licencia alguna. Sin embargo, el mismo mes en que se le notificó el fallo, decidió iniciar los trámites de petición de la licencia de obras en la Junta de Distrito de Moncloa Aravaca. Desde el Ayuntamiento de Madrid, pidieron entonces documentación extraordinaria que, sin duda, el rectorado no había cumplido, como la declaración del promotor de haber colocado un cartel anunciando la solicitud de licencia y las características de las obras. Además la solicitud de licencia debía pasar por la Comisión de Patrimonio de la Comunidad y de la del consistorio que, finalmente, la denegaron por obstruir las vistas del BIC de la UCM.
Mientras, la Justicia le daba un nuevo varapalo al obligar el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a la retirada del monumento, Carrillo se rodeó de más de un centenar de celebridades de «la ceja», entre los que están el ex juez Baltasar Garzón, los actores Carlos y Pilar Bardem y Juan Diego Botto, así como los políticos Cayo Lara y Gaspar Llamazares. Todos ellos han firmado un manifiesto en el que consideran que la actuación judicial, que se ciñe a consideraciones meramente administrativas, es «una argucia legal que quiere cometer un atentado a la memoria de las Brigadas Internacionales, máximo ejemplo de solidaridad internacional y entrega por la democracia, la libertad y la justicia social».
Lo cierto es que el proyecto nació gafado desde sus inicios cuando, en 2010, la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales (AABI) planteó al entonces rector, Carlos Berzosa, recuperar el homenaje planeado en 2003 que nunca se llegó a realizar. Berzosa implicó a la Facultad de Bellas Artes para buscar un diseño entre los estudiantes que, según confesó la propia asociación «su eco en la comunidad estudiantil fue escaso» y el concurso de ideas quedó desierto.
Con la elección de Carrillo como sustituto, al proyecto le nacieron alas y el nuevo rector implicó a varios profesores para cubrir todos los «huecos» que había en la instalación del monumento. Mientras que profesores de Bellas Artes, Arquitectura y Arqueología se ocuparon del diseño y de los estudios geotécnicos, el rector se ocupó de lograr los apoyos necesarios entre la cúpula directiva de la UCM. Eso sí, prefirió ignorar la denuncia que le advertía de que el monumento, que inauguraría a bombo y platillo en octubre de 2011, era ilegal.
Seis meses después, el juzgado número 22 de Madrid confirmó la denuncia y Carrillo recurrió la sentencia asegurando que no era necesaria licencia alguna. Sin embargo, el mismo mes en que se le notificó el fallo, decidió iniciar los trámites de petición de la licencia de obras en la Junta de Distrito de Moncloa Aravaca. Desde el Ayuntamiento de Madrid, pidieron entonces documentación extraordinaria que, sin duda, el rectorado no había cumplido, como la declaración del promotor de haber colocado un cartel anunciando la solicitud de licencia y las características de las obras. Además la solicitud de licencia debía pasar por la Comisión de Patrimonio de la Comunidad y de la del consistorio que, finalmente, la denegaron por obstruir las vistas del BIC de la UCM.
Mientras, la Justicia le daba un nuevo varapalo al obligar el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a la retirada del monumento, Carrillo se rodeó de más de un centenar de celebridades de «la ceja», entre los que están el ex juez Baltasar Garzón, los actores Carlos y Pilar Bardem y Juan Diego Botto, así como los políticos Cayo Lara y Gaspar Llamazares. Todos ellos han firmado un manifiesto en el que consideran que la actuación judicial, que se ciñe a consideraciones meramente administrativas, es «una argucia legal que quiere cometer un atentado a la memoria de las Brigadas Internacionales, máximo ejemplo de solidaridad internacional y entrega por la democracia, la libertad y la justicia social».
Lo curioso es que precisamente la solicitud de licencia para la instalación de un monumento se consideró tanto urbanística como jurídicamente en virtud de la Ley de Memoria Histórica. Es más, lo que la ordenación urbana tumbó, el departamento jurídico del Ayuntamiento de Madrid consideró que no había conflicto alguno puesto que las Brigadas Internacionales «vinieron a España en defensa de la República, que era el régimen legalmente establecido», y la ley obliga a la retirada de los emblemas de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura.
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