Un juez federal falla que la recopilación de llamadas de la NSA es legal
La sentencia contradice a la que que emitió hace una semana otro magistrado federal en virtud de una demanda similar
La discrepancia hace plausible que sea el Tribunal Supremo quien se pronuncie sobre la constitucionalidad de las prácticas de espionaje
Eva Saiz Washington 27 DIC 2013 - 19:20 CET36
Acceso a la sede de la NSA en Fort Meade, Maryland. / JIM LO SCALZO (EFE)
Un juez federal de Nueva York ha dictaminado este viernes que el programa de recopilación de llamadas telefónicas de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) es legal. La resolución se contradice con la que el pasado 16 de diciembre emitió otro magistrado de un tribunal federal de Washington en la que se ponía en duda la constitucionalidad de esas prácticas. Se trata de la segunda decisión judicial sobre las actividades de espionaje de la Administración estadounidense desde que comenzaran las filtraciones sobre sus métodos, hace seis meses. Esta discrepancia de pareceres acerca al Tribunal Supremo la responsabilidad final de dirimir sobre la legalidad de las técnicas de los servicios de Inteligencia de Estados Unidos.
En su sentencia, el juez William Pauley, sostiene que los programas de rastreo de las llamadas telefónicas, el primero que denunció Edward Snowden, constituyen una “medida de contención” adoptada por el Gobierno tras los atentados del 11-S para evitar ataques terroristas similares. En su fallo, el magistrado, advierte de que lo que a él le corresponde es “determinar si el programa de recopilación de metadatos de la NSA es legal”, no pronunciarse "sobre el debate entre la protección de la nación y la preservación de las libertades civiles” que la “filtración no autorizada de las órdenes del Tribunal de Supervisión de Inteligencia Extranjera,” por parte de Edward Snowden ha provocado en este país. “La pregunta sobre si este programa debería ser mantenido deben responderla las otras dos ramas del poder”, señala el magistrado.
Con este fallo, el juez desestima la demanda que presentó la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) el pasado mes de junio. La organización ha indicado, a través de un comunicado, que recurrirá la sentencia. Esta resolución se ha dictado poco más de una semana después de que otro magistrado federal de Washington, Richard Leon, dictaminara que el mismo programa de recopilación de llamadas que para su colega de Nueva York es legal tenía “altas probabilidades” de violar la Cuarta Enmienda de la Constitución, que prohibe la captación y búsqueda de información personal más allá de límites razonables.
“No puedo imaginarme una invasión de la privacidad más indiscriminada y arbitraria que la recopilación y retención tecnológica de datos personales de prácticamente todos y cada uno de los ciudadanos con el único propósito de indagarlos y analizarlos sin autorización judicial”, señalaba Leon en su fallo, en el que cuestionaba que esos datos fueran realmente efectivos para la lucha antiterrorista y tildaba esa práctica de “orwelliana”. Su decisión está pendiente de apelación por parte del Departamento de Justicia.
Pauley, por su parte, defiende lo contrario. “No hay duda de que la recopilación masiva de metadatos recoge información de, prácticamente, todas y cada una de las llamadas que se realizan en o hacia EE UU. Y por eso se diseñó así, para permitir a la NSA detectar relaciones tan efímeras o atenuadas que, de otro modo, pasarían desapercibidas”, se señala en su sentencia. El juez sostiene que la protección de la Cuarta Enmienda no se aplica a datos que son almacenados por terceros, en el caso concreto de la demanda, la compañía telefónica Verizon, la entidad en cuyo registro de llamadas se adentró la NSA.
Las contradicciones entre ambos fallos hacen cada vez más plausible que sea el Tribunal Supremo quien, finalmente, deba determinar sobre la constitucionalidad de los programas de vigilancia de la Administración. Esta última resolución judicial supone un espaldarazo a los argumentos esgrimidos en los últimos meses por la Casa Blanca y los principales responsables de los servicios de Inteligencia estadounidenses, que siempre han defendido la legalidad de sus prácticas y han achacado los fallos a errores inevitables debido a la profusión de datos que se recopilan. La Administración ha sostenido en todo momento que el método de recopilación de llamadas no incluía a ciudadanos estadounidenses y había sido autorizada por el Tribunal de Supervisión de Inteligencia Extranjera, un organismo judicial secreto.
Tanto este tribunal como el alcance de los programas de espionaje de la NSA y su estructura están siendo objeto de revisión. El informe no vinculante de un comité de expertos, que encargó constituir el presidente de EE UU, Barack Obama, este verano, recomendó restringir las actividades de la agencia, de acuerdo con el informe que se hizo público la semana pasada. Obama anunciará las conclusiones de la reforma en enero.
En su sentencia, el juez William Pauley, sostiene que los programas de rastreo de las llamadas telefónicas, el primero que denunció Edward Snowden, constituyen una “medida de contención” adoptada por el Gobierno tras los atentados del 11-S para evitar ataques terroristas similares. En su fallo, el magistrado, advierte de que lo que a él le corresponde es “determinar si el programa de recopilación de metadatos de la NSA es legal”, no pronunciarse "sobre el debate entre la protección de la nación y la preservación de las libertades civiles” que la “filtración no autorizada de las órdenes del Tribunal de Supervisión de Inteligencia Extranjera,” por parte de Edward Snowden ha provocado en este país. “La pregunta sobre si este programa debería ser mantenido deben responderla las otras dos ramas del poder”, señala el magistrado.
Con este fallo, el juez desestima la demanda que presentó la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) el pasado mes de junio. La organización ha indicado, a través de un comunicado, que recurrirá la sentencia. Esta resolución se ha dictado poco más de una semana después de que otro magistrado federal de Washington, Richard Leon, dictaminara que el mismo programa de recopilación de llamadas que para su colega de Nueva York es legal tenía “altas probabilidades” de violar la Cuarta Enmienda de la Constitución, que prohibe la captación y búsqueda de información personal más allá de límites razonables.
“No puedo imaginarme una invasión de la privacidad más indiscriminada y arbitraria que la recopilación y retención tecnológica de datos personales de prácticamente todos y cada uno de los ciudadanos con el único propósito de indagarlos y analizarlos sin autorización judicial”, señalaba Leon en su fallo, en el que cuestionaba que esos datos fueran realmente efectivos para la lucha antiterrorista y tildaba esa práctica de “orwelliana”. Su decisión está pendiente de apelación por parte del Departamento de Justicia.
Pauley, por su parte, defiende lo contrario. “No hay duda de que la recopilación masiva de metadatos recoge información de, prácticamente, todas y cada una de las llamadas que se realizan en o hacia EE UU. Y por eso se diseñó así, para permitir a la NSA detectar relaciones tan efímeras o atenuadas que, de otro modo, pasarían desapercibidas”, se señala en su sentencia. El juez sostiene que la protección de la Cuarta Enmienda no se aplica a datos que son almacenados por terceros, en el caso concreto de la demanda, la compañía telefónica Verizon, la entidad en cuyo registro de llamadas se adentró la NSA.
Las contradicciones entre ambos fallos hacen cada vez más plausible que sea el Tribunal Supremo quien, finalmente, deba determinar sobre la constitucionalidad de los programas de vigilancia de la Administración. Esta última resolución judicial supone un espaldarazo a los argumentos esgrimidos en los últimos meses por la Casa Blanca y los principales responsables de los servicios de Inteligencia estadounidenses, que siempre han defendido la legalidad de sus prácticas y han achacado los fallos a errores inevitables debido a la profusión de datos que se recopilan. La Administración ha sostenido en todo momento que el método de recopilación de llamadas no incluía a ciudadanos estadounidenses y había sido autorizada por el Tribunal de Supervisión de Inteligencia Extranjera, un organismo judicial secreto.
Tanto este tribunal como el alcance de los programas de espionaje de la NSA y su estructura están siendo objeto de revisión. El informe no vinculante de un comité de expertos, que encargó constituir el presidente de EE UU, Barack Obama, este verano, recomendó restringir las actividades de la agencia, de acuerdo con el informe que se hizo público la semana pasada. Obama anunciará las conclusiones de la reforma en enero.
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