Los otros atentados de ETA pendientes
Agencias | Madrid
Actualizado domingo 23/06/2013
17:40 horas
A punto de prescribir, la causa por la masacre de ETA en López de Hoyos se ha
reabierto
esta semana ante los indicios de haber encontrado pruebas que implicarían a
uno de los responsables. ¿Pero cuántos atentados quedan aún por esclarecer por
completo?
Las cifras no están claras y se sigue trabajando. La Audiencia Nacional asegura en su Memoria de Actividades correspondiente al año 2012 que únicamente dos causas judiciales sobre atentados terroristas siguen pendientes de localización de las 349 que, según las asociaciones de víctimas del terrorismo, se encontraban sin resolver. Esas dos causas que quedaría por localizar tienen los sumarios en Francia. Por otra parte, fuentes de la Audiencia Nacional señalan que de los 349 casos, al menos un centenar ya cuentan con una sentencia.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha instado en los últimos meses la reapertura de al menos ocho causas de ETA pendientes cercanas a la prescripción, fruto de la revisión de 42 procedimientos relacionados con la banda terrorista, una veintena de ellos a punto de prescribir.
Entre estas causas se encuentra la del doble atentado en López de Hoyos, el 21 de junio 1993, en el que fallecieron siete personas, seis de ellas militares, reabierta la pasada semana poco antes de prescribir ante los "indicios lógicos" de la participación del ex dirigente etarra Ignacio Miguel Gracia Arregi, 'Iñaki de Rentería'.
Para la reapertura de este procedimiento fue decisivo el testimonio aportado por Pablo Romero, hijo de una de las víctimas, al que después respaldó la Asociación Víctimas del Terrorismo en su petición a la Fiscalía de la Audiencia Nacional de reclamar que se reabriera el caso.
Otra de las causas que se ha evitado que prescriba, es la del asesinato del Policía Nacional Ignacio Pérez Álvarez, el 30 de enero de 1990 en Galdácano (Vizcaya). Este procedimiento quedó archivado de forma provisional en 1993 hasta que, el 21 de enero, la Fiscalía solicitó a la Comisaría General de Información un informe sobre indicios que "permitieran atribuir la autoría del atentado a individuos o comandos concretos". El atentado fue cometido por el 'comando Txalaparta', integrado en 1990 por Óscar Abad Palacios, José Ramón Martínez García, Francisco Javier Goitia (fallecido en 1991) y María Nagore Múgica Martínez.
De los 314 asesinatos de ETA sin sentencia judicial, 134 habían prescrito ya a finales de 2011, quedando extinguida la responsabilidad penal de los autores, y entonces nueve más estaban iban prescribir en los siguientes meses.
Además, el informe destacaba que en otros 95 atentados con víctimas mortales, pese a haberse logrado identificar a algún implicado en los hechos, no se había obtenido finalmente una resolución contra los autores materiales. "Hay que hablar claro, un 40% de los asesinatos de ETA han salido gratis para sus autores materiales y para ETA", denunciaba en su presentación la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo (FVT), Maite Pagazaurtundúa.
Esta cifra se podría explicar por el descenso de la actividad terrorista, aunque muchos de los juicios celebrados tienen su origen en acciones violentas cometidas varios años atrás.
En todo caso, el pasado año fueron juzgadas 141 personas y de ellas, quienes más veces se sentaron en el banquillo fueron los miembros del 'comando Otazua' -Daniel Pastor, Iñigo Zapirain y Beatriz Etxebarria-, que lo hicieron en cinco ocasiones, si bien los que acumularon mayores condenas fueron Andoni Otegi y Óscar Celarain, quienes, en tres juicios, fueron sentenciados a penas cercanas a los 900 años de prisión.
Las víctimas del terrorismo han sido también una prioridad para la Audiencia Nacional y por ello, en 2012, se potenció el papel de la Oficina de Asistencia a las Víctimas con el fin de prestar un servicio lo más amplio posible, no solo presencial, sino también virtual.
Fruto de ello fue la puesta en marcha, en noviembre, de una Oficina Electrónica que permite a las víctimas consultar el estado de sus causas, su tramitación y sentencias sin necesidad de desplazarse al tribunal. Además, desde 2012 las víctimas reciben asistencia psicológica por videoconferencia si así lo solicitan.
Las cifras no están claras y se sigue trabajando. La Audiencia Nacional asegura en su Memoria de Actividades correspondiente al año 2012 que únicamente dos causas judiciales sobre atentados terroristas siguen pendientes de localización de las 349 que, según las asociaciones de víctimas del terrorismo, se encontraban sin resolver. Esas dos causas que quedaría por localizar tienen los sumarios en Francia. Por otra parte, fuentes de la Audiencia Nacional señalan que de los 349 casos, al menos un centenar ya cuentan con una sentencia.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha instado en los últimos meses la reapertura de al menos ocho causas de ETA pendientes cercanas a la prescripción, fruto de la revisión de 42 procedimientos relacionados con la banda terrorista, una veintena de ellos a punto de prescribir.
Entre estas causas se encuentra la del doble atentado en López de Hoyos, el 21 de junio 1993, en el que fallecieron siete personas, seis de ellas militares, reabierta la pasada semana poco antes de prescribir ante los "indicios lógicos" de la participación del ex dirigente etarra Ignacio Miguel Gracia Arregi, 'Iñaki de Rentería'.
Para la reapertura de este procedimiento fue decisivo el testimonio aportado por Pablo Romero, hijo de una de las víctimas, al que después respaldó la Asociación Víctimas del Terrorismo en su petición a la Fiscalía de la Audiencia Nacional de reclamar que se reabriera el caso.
Otra de las causas que se ha evitado que prescriba, es la del asesinato del Policía Nacional Ignacio Pérez Álvarez, el 30 de enero de 1990 en Galdácano (Vizcaya). Este procedimiento quedó archivado de forma provisional en 1993 hasta que, el 21 de enero, la Fiscalía solicitó a la Comisaría General de Información un informe sobre indicios que "permitieran atribuir la autoría del atentado a individuos o comandos concretos". El atentado fue cometido por el 'comando Txalaparta', integrado en 1990 por Óscar Abad Palacios, José Ramón Martínez García, Francisco Javier Goitia (fallecido en 1991) y María Nagore Múgica Martínez.
314 asesinatos de ETA sin sentencia
En cuanto a causas pendientes, la víctimas llevan su propio recuento. En diciembre de 2011, el Observatorio contra la Impunidad, creado por una veintena de asociaciones y colectivos de víctimas del terrorismo presentaron un informe donde daban un dato demoledor: un 40% de los 782 asesinatos cometidos por ETA desde la amnistía de 1977 ha quedado impunes y carecen de sentencia judicial.De los 314 asesinatos de ETA sin sentencia judicial, 134 habían prescrito ya a finales de 2011, quedando extinguida la responsabilidad penal de los autores, y entonces nueve más estaban iban prescribir en los siguientes meses.
Además, el informe destacaba que en otros 95 atentados con víctimas mortales, pese a haberse logrado identificar a algún implicado en los hechos, no se había obtenido finalmente una resolución contra los autores materiales. "Hay que hablar claro, un 40% de los asesinatos de ETA han salido gratis para sus autores materiales y para ETA", denunciaba en su presentación la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo (FVT), Maite Pagazaurtundúa.
Causas en curso
En cuanto a las causas que han seguido su curso, la cuatro secciones que componen la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional celebraron 55 juicios de ETA, una cifra similar a la de los celebrados tres años antes, en 2009, pero inferior a los 75 de 2011 y a los 65 de 2010.Esta cifra se podría explicar por el descenso de la actividad terrorista, aunque muchos de los juicios celebrados tienen su origen en acciones violentas cometidas varios años atrás.
En todo caso, el pasado año fueron juzgadas 141 personas y de ellas, quienes más veces se sentaron en el banquillo fueron los miembros del 'comando Otazua' -Daniel Pastor, Iñigo Zapirain y Beatriz Etxebarria-, que lo hicieron en cinco ocasiones, si bien los que acumularon mayores condenas fueron Andoni Otegi y Óscar Celarain, quienes, en tres juicios, fueron sentenciados a penas cercanas a los 900 años de prisión.
Las víctimas del terrorismo han sido también una prioridad para la Audiencia Nacional y por ello, en 2012, se potenció el papel de la Oficina de Asistencia a las Víctimas con el fin de prestar un servicio lo más amplio posible, no solo presencial, sino también virtual.
Fruto de ello fue la puesta en marcha, en noviembre, de una Oficina Electrónica que permite a las víctimas consultar el estado de sus causas, su tramitación y sentencias sin necesidad de desplazarse al tribunal. Además, desde 2012 las víctimas reciben asistencia psicológica por videoconferencia si así lo solicitan.
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