El atentado contra la casa cuartel de Burgos dejó una 'zona de guerra'
Sus autores 'iban claramente a causar el mayor número de víctimas'
Los acusados, miembros del 'comando Otazua', se han negado a participar en el juicio
Al ser detenidos, reconocieron la autoría y ofrecieron 'múltiples detalles' del atentado
El fiscal pide 3.498 años de cárcel por 145 intentos de asesinato y estragos terroristas
La furgoneta bomba que explotó iba cargada con más de 700 kilos de amonal
Daniel Pastor (izqda.), Beatriz Etxebarria e Iñigo Zapirain, durante el juicio por el atentado. EFE
Los testigos y peritos de la Guardia Civil que han comparecido en la Audiencia Nacional durante el juicio contra el 'comando Otazua' por el atentado cometido contra la casa-cuartel de Burgos en julio de 2009 han desvelado que la explosión dejó un escenario "devastador" que "parecía una zona de guerra" y que sus autores "iban claramente a causar el mayor número de víctimas".
Este relato ha sido el compartido por la decena de agentes que ha declarado después de que los tres acusados, Daniel Pastor, Iñigo Zapirain y Beatriz Extebarria, se hayan negado a "participar en el juicio" al "no reconocer la legitimidad del tribunal".
Los miembros del 'comando Otazua' se enfrentan a una petición fiscal de 3.498 años de cárcel por 145 intentos de asesinato y un delito de estragos terroristas, pena en la que coincide la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) y es ligeramente inferior a la solicitada por la Asociación de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo y la acusación particular, que cifra los afectados en 156. Por otra parte, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) solicita una pena ligeramente inferior.
La vista ha contado con el testimonio de varios médicos forenses que exploraron los "cortes y erosiones" que sufrieron algunos menores que dormían aquella noche en el edificio, así como a diversos adultos que presentaban "síndromes de estrés postraumático, agorafobia y demás secuelas de tipo psiquiátrico" que les incapacitaron para seguir ejerciendo su profesión.
Además, un grupo de expertos policiales ha dado cuenta de la capacidad destructiva que poseía la furgoneta-bomba colocada frente al acuartelamiento y cargada con más de 700 kilos de amonal. "Dejó un cráter de unos seis metros de diámetro y 1,80 metros de profundidad. La fuerza de la explosión llegó a 600 u 800 metros de distancia. Un bloque del motor llegó a 250 metros", han precisado.
Estos peritos han suscrito que encontraron "un escenario devastador" en el que "un edificio de cierta altura tenía su parte inferior totalmente derruida" con toda su estructura afectada y cuyos aledaños se encontraban plagados de vehículos "calcinados y explosionados". "Parecía una zona de guerra", han descrito.
En este sentido, la abogada del Estado ha pedido en concepto de responsabilidad civil una indemnización de 20,6 millones dirigida al Ministerio del Interior y el Consorcio de Seguros por parte de los miembros del 'comando Otazua', que ya fueron condenados por el asesinato del brigada Luis Conde o del inspector Eduardo Puelles.
"Empecé a escuchar voces y ruido. Todo estaba a oscuras, sólo se veía el fuego por detrás. Salimos como buenamente pudimos porque no había ningún señalamiento a la salida de emergencia ni ningún tipo de plan de evacuación", ha indicado otro agente, que a día de hoy se encuentra en situación de incapacidad como consecuencia del atentado.
Por su parte, el instructor del atestado policial ha destacado que los terroristas "iban claramente a causar el mayor número de víctimas" ya que la furgoneta-bomba, estacionada a escasa distancia del recinto, "enfocaba claramente hacia las viviendas". "Sobre las cuatro de la madrugada reventó todo el cuartel. Había un gran destrozo", han mencionado otros efectivos.
"Que yo sepa no hubo aviso previo -de la colocación de la bomba--. Habría 90 familias, matrimonios y niños", ha señalado uno de los agentes del turno de noche, después de que sus compañeros señalaran que el atentado fue reivindicado posteriormente en el diario Gara por ETA y que las cámaras de videovigilancia no permitieron identificar al individuo que abandonaba la furgoneta-bomba.
Entre el "numeroso" material terrorista, los explosivos y los manuales operativos que instruían sobre la forma de cometer atentados, las cargas explosivas o las medidas de seguridad, llamó la atención de los agentes un callejero de Burgos y una carpeta de una copistería situada a escasos metros del cuartel. "El callejero tenía una relevancia significativa, con anotaciones atribuidas a Daniel Pastor".
Los agentes han remarcado que los interrogatorios se desarrollaron con "normalidad" y que los detenidos reconocieron la autoría y ofrecieron "múltiples detalles" del atentado. Por ejemplo, que tomaron una salida pequeña -"lógica desde el punto de vista de seguridad del terrorista"- para desplazarse hasta la capital burgalesa.
Este relato ha sido el compartido por la decena de agentes que ha declarado después de que los tres acusados, Daniel Pastor, Iñigo Zapirain y Beatriz Extebarria, se hayan negado a "participar en el juicio" al "no reconocer la legitimidad del tribunal".
Los miembros del 'comando Otazua' se enfrentan a una petición fiscal de 3.498 años de cárcel por 145 intentos de asesinato y un delito de estragos terroristas, pena en la que coincide la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) y es ligeramente inferior a la solicitada por la Asociación de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo y la acusación particular, que cifra los afectados en 156. Por otra parte, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) solicita una pena ligeramente inferior.
La vista ha contado con el testimonio de varios médicos forenses que exploraron los "cortes y erosiones" que sufrieron algunos menores que dormían aquella noche en el edificio, así como a diversos adultos que presentaban "síndromes de estrés postraumático, agorafobia y demás secuelas de tipo psiquiátrico" que les incapacitaron para seguir ejerciendo su profesión.
Estado en que quedó la casa cuartel de Burgos. | Ricardo Ordóñez
Estos peritos han suscrito que encontraron "un escenario devastador" en el que "un edificio de cierta altura tenía su parte inferior totalmente derruida" con toda su estructura afectada y cuyos aledaños se encontraban plagados de vehículos "calcinados y explosionados". "Parecía una zona de guerra", han descrito.
En este sentido, la abogada del Estado ha pedido en concepto de responsabilidad civil una indemnización de 20,6 millones dirigida al Ministerio del Interior y el Consorcio de Seguros por parte de los miembros del 'comando Otazua', que ya fueron condenados por el asesinato del brigada Luis Conde o del inspector Eduardo Puelles.
Las viviendas, destruidas
Ante el tribunal, presidido por el magistrado Alfonso Guevara, han declarado varios agentes que dormían aquella noche en la casa-cuartel y cuyas viviendas quedaron totalmente destruidas. "¿Cómo quedó su casa?", ha preguntado a uno de ellos la fiscal Susana Landeras, a lo que éste ha respondido: "No quedaba casa"."Empecé a escuchar voces y ruido. Todo estaba a oscuras, sólo se veía el fuego por detrás. Salimos como buenamente pudimos porque no había ningún señalamiento a la salida de emergencia ni ningún tipo de plan de evacuación", ha indicado otro agente, que a día de hoy se encuentra en situación de incapacidad como consecuencia del atentado.
Por su parte, el instructor del atestado policial ha destacado que los terroristas "iban claramente a causar el mayor número de víctimas" ya que la furgoneta-bomba, estacionada a escasa distancia del recinto, "enfocaba claramente hacia las viviendas". "Sobre las cuatro de la madrugada reventó todo el cuartel. Había un gran destrozo", han mencionado otros efectivos.
"Que yo sepa no hubo aviso previo -de la colocación de la bomba--. Habría 90 familias, matrimonios y niños", ha señalado uno de los agentes del turno de noche, después de que sus compañeros señalaran que el atentado fue reivindicado posteriormente en el diario Gara por ETA y que las cámaras de videovigilancia no permitieron identificar al individuo que abandonaba la furgoneta-bomba.
Identificación de los autores
Los agentes que participaron en las detenciones y registros domiciliarios han subrayado que la investigación contra el 'comando Otazua' comenzó a mediados de 2008 y estuvo centrada en las acciones cometidas en Vizcaya y sus provincias limítrofes. Tras identificar a Daniel Pastor y las citas orgánicas que mantenía con Beatriz Etxebarria e Iñigo Zapirain, se precipitó su detención tras constatar "riesgo de fuga".Entre el "numeroso" material terrorista, los explosivos y los manuales operativos que instruían sobre la forma de cometer atentados, las cargas explosivas o las medidas de seguridad, llamó la atención de los agentes un callejero de Burgos y una carpeta de una copistería situada a escasos metros del cuartel. "El callejero tenía una relevancia significativa, con anotaciones atribuidas a Daniel Pastor".
Los agentes han remarcado que los interrogatorios se desarrollaron con "normalidad" y que los detenidos reconocieron la autoría y ofrecieron "múltiples detalles" del atentado. Por ejemplo, que tomaron una salida pequeña -"lógica desde el punto de vista de seguridad del terrorista"- para desplazarse hasta la capital burgalesa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario