La UE alerta de que Al Qaeda tiene misiles para derribar aviones en el Sahel
Informes europeos alertan de que los terroristas disponen de capacidad para atacar aeropuertos
La guerra de Libia ha esparcido por la zona 5.000 combatientes armados
Europa ha puesto en marcha un ambicioso plan de lucha antiterrorista en la zona
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Miembros de la milicia Ansar Dine, que dicen venir de Níger y Mauritania, en Kidal (Malí), el pasado 16 de junio. / REUTERS
Se vende ejército armado al mejor postor. Cinco mil combatientes mauritanos, malienses y nigerianos que trabajaron como mercenarios en el Ejército del exdirigente libio Muamar el Gadafi han regresado a sus países de origen armados hasta los dientes y constituyen una grave amenaza de desestabilización en la convulsa zona del Sahel azotada por la hambruna y refugio de Al Qaeda y sus grupos asociados, según informes reservados de varios países europeos a los que ha tenido acceso EL PAÍS.
Los mercenarios cuentan con decenas de vehículos, equipos de guerra y misiles tierra-aire que han podido ser vendidos o entregados a grupos extremistas como Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) en Malí o Boko Haram en Nigeria. El mayor riesgo se concentra en Malí, donde los informes advierten de la presencia de 1.500 excombatientes que podrían derribar aviones comerciales mediante el lanzamiento de misiles en el aeropuerto de Bamako-Sénou durante las maniobras de despegue o aterrizaje. “Un ataque de esta naturaleza podría causar centenares de víctimas... El control de estas armas es prácticamente imposible”, advierten los documentos confidenciales.
A este riesgo se suma una inestabilidad galopante: el golpe de Estado contra el expresidente Amadou Toumani Touré y la rebelión de los tuaregs, que pese a ser una minoría respecto a la población total del país, han logrado la secesión de hecho proclamando en las regiones del norte (Kidal, Gao y Tombuctú) el Estado islámico independiente del Azawad frente al rechazo de la comunidad internacional.
El ejército de exmercenarios de Gadafi diseminados por Mauritania, Malí y Níger cuenta con lanzagranadas y lanzamisiles portátiles de fabricación rusa SA-7 y SA-24 o manpads por sus siglas en inglés (man-portable air-defense system) un arma que los informes definen como “extremadamente peligrosa”. El Ejército libio disponía antes de la reciente guerra civil de más de 20.000 unidades. Muchas han desaparecido.
Según informes de Naciones Unidas, la crisis de Libia ha provocado un éxodo de 270.000 personas (200.000 a Níger, 40.000 en Mauritania y 30.000 a Malí) que puede afectar a la estabilidad de una región azotada por la sequía, las crisis políticas de gobiernos fallidos y la impunidad de traficantes, contrabandistas y terroristas que campan a sus anchas por la inmensidad del desierto del Sahel.
La UE ha puesto en marcha un ambicioso plan de ayuda contraterrorista en el Sahel en el que participan cinco países (España, Bélgica, Italia, Austria y Francia) en el que se invertirán siete millones y que pretende formar a jueces, militares y policías en la lucha contra Al Qaeda y sus grupos asociados.
A los formidables retos que se van a enfrentar los expertos europeos asignados a este plan se añade ahora la inquietante presencia de estos 5.000 hombres armados dispuestos a venderse a los contrabandistas de droga que operan en la zona, a los golpistas que sueñan con derribar los débiles Gobiernos de la zona, a los tuaregs rebeldes que ya han creado su propio Estado o a los jefes argelinos de AQMI o los dirigentes de Boko Haram que negocian la compra de sus misiles tierra-aire.
Los representantes permanentes del proyecto de estabilización del Sahel se han instalado en Malí y Mauritania, según aseguran funcionarios consultados. En Bamako y Nuakchot son dos expolicías franceses jubilados. En Níger, un guardia civil experto en terrorismo. Un general francés coordina el proyecto en materia terrorista que tendrá una base común denominada Colegio Sahaliano de Seguridad, uno de los bastiones principales de este proyecto desde el que coordinar la cooperación. La sede será virtual y consistirá en reuniones de los representantes policiales, militares y judiciales de los tres países para una política común de seguridad.
El proyecto contraterrorista en Malí, Mauritania y Níger pretende la formación común de un grupo de intervención especializado, creación de ficheros de terroristas, dotación de material de medicina legal y formación de magistrados en la lucha antiterrorista. El objetivo es la cooperación de los tres países del Sahel en estos ámbitos incluyendo la elaboración de un mandato de arresto saheliano. El responsable del área judicial es el juez español José Ricardo de Prada, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que ya ha viajado varias veces a Malí y Mauritania.
De Prada lo explica así: “Vamos a evaluar el sistema legislativo, ver si se ajusta a los esquemas de Naciones Unidas en materia antiterrorista, comprobar su estado de cumplimiento, también en materia de derechos humanos. Combatir el terrorismo bajo el estado de Derecho, promover la creación de grupos especializados de fiscales, magistrados y enjuiciamiento”. Una tarea de tres años que el juez reconoce muy difícil. “En Mauritania los jueces musulmanes tienen un concepto distinto de la yihad. Hay diferencias entre los jueces que provienen de la universidad y los de las escuelas coránicas. Intentaremos convencerles, hacerles comprender que deben actuar conforme al estado de Derecho”, afirma.
Los expertos de la UE estiman que tras la crisis libia unos 3.000 estudiantes han regresado a Mauritania, de 3,5 millones de habitantes, lo que incrementará las altas tasas de paro del país y temen que algunos de estos jóvenes sean más receptivos a los mensajes radicales de AQMI.
En Malí, con 15 millones de habitantes y una renta per cápita menor a dos euros diarios, el plan de estabilización se ha suspendido temporalmente a causa del reciente golpe de Estado protagonizado por militares. “Todas las acciones de la UE en Malí se han paralizado salvo las humanitarias. Hasta se pensó que Bamako fuera la base del Colegio Sahaliano de Seguridad, pero ahora es imposible”, dice el magistrado De Prada.
Los informes de la UE describen cómo algunos de los mercenarios de Gadafi se han unido a la rebelión tuareg en el norte del país y aseguran que en la misma participan soldados y oficiales desertores del raquítico Ejército maliense (unos 7.000 hombres) que se han apoderado de armas en sus cuarteles.
Los mercenarios cuentan con decenas de vehículos, equipos de guerra y misiles tierra-aire que han podido ser vendidos o entregados a grupos extremistas como Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) en Malí o Boko Haram en Nigeria. El mayor riesgo se concentra en Malí, donde los informes advierten de la presencia de 1.500 excombatientes que podrían derribar aviones comerciales mediante el lanzamiento de misiles en el aeropuerto de Bamako-Sénou durante las maniobras de despegue o aterrizaje. “Un ataque de esta naturaleza podría causar centenares de víctimas... El control de estas armas es prácticamente imposible”, advierten los documentos confidenciales.
A este riesgo se suma una inestabilidad galopante: el golpe de Estado contra el expresidente Amadou Toumani Touré y la rebelión de los tuaregs, que pese a ser una minoría respecto a la población total del país, han logrado la secesión de hecho proclamando en las regiones del norte (Kidal, Gao y Tombuctú) el Estado islámico independiente del Azawad frente al rechazo de la comunidad internacional.
“Un ataque de esta naturaleza podría causar centenares de víctimas... El control de estas armas es prácticamente imposible”, advierten documentos confidenciales
Según informes de Naciones Unidas, la crisis de Libia ha provocado un éxodo de 270.000 personas (200.000 a Níger, 40.000 en Mauritania y 30.000 a Malí) que puede afectar a la estabilidad de una región azotada por la sequía, las crisis políticas de gobiernos fallidos y la impunidad de traficantes, contrabandistas y terroristas que campan a sus anchas por la inmensidad del desierto del Sahel.
La UE ha puesto en marcha un ambicioso plan de ayuda contraterrorista en el Sahel en el que participan cinco países (España, Bélgica, Italia, Austria y Francia) en el que se invertirán siete millones y que pretende formar a jueces, militares y policías en la lucha contra Al Qaeda y sus grupos asociados.
A los formidables retos que se van a enfrentar los expertos europeos asignados a este plan se añade ahora la inquietante presencia de estos 5.000 hombres armados dispuestos a venderse a los contrabandistas de droga que operan en la zona, a los golpistas que sueñan con derribar los débiles Gobiernos de la zona, a los tuaregs rebeldes que ya han creado su propio Estado o a los jefes argelinos de AQMI o los dirigentes de Boko Haram que negocian la compra de sus misiles tierra-aire.
Los representantes permanentes del proyecto de estabilización del Sahel se han instalado en Malí y Mauritania, según aseguran funcionarios consultados. En Bamako y Nuakchot son dos expolicías franceses jubilados. En Níger, un guardia civil experto en terrorismo. Un general francés coordina el proyecto en materia terrorista que tendrá una base común denominada Colegio Sahaliano de Seguridad, uno de los bastiones principales de este proyecto desde el que coordinar la cooperación. La sede será virtual y consistirá en reuniones de los representantes policiales, militares y judiciales de los tres países para una política común de seguridad.
“En Mauritania los jueces musulmanes tienen un concepto distinto de la yihad. Intentaremos hacerles comprender que deben actuar conforme al estado de Derecho”
José Ricardo de Prada, jurista español del programa de ayuda
De Prada lo explica así: “Vamos a evaluar el sistema legislativo, ver si se ajusta a los esquemas de Naciones Unidas en materia antiterrorista, comprobar su estado de cumplimiento, también en materia de derechos humanos. Combatir el terrorismo bajo el estado de Derecho, promover la creación de grupos especializados de fiscales, magistrados y enjuiciamiento”. Una tarea de tres años que el juez reconoce muy difícil. “En Mauritania los jueces musulmanes tienen un concepto distinto de la yihad. Hay diferencias entre los jueces que provienen de la universidad y los de las escuelas coránicas. Intentaremos convencerles, hacerles comprender que deben actuar conforme al estado de Derecho”, afirma.
Los expertos de la UE estiman que tras la crisis libia unos 3.000 estudiantes han regresado a Mauritania, de 3,5 millones de habitantes, lo que incrementará las altas tasas de paro del país y temen que algunos de estos jóvenes sean más receptivos a los mensajes radicales de AQMI.
En Malí, con 15 millones de habitantes y una renta per cápita menor a dos euros diarios, el plan de estabilización se ha suspendido temporalmente a causa del reciente golpe de Estado protagonizado por militares. “Todas las acciones de la UE en Malí se han paralizado salvo las humanitarias. Hasta se pensó que Bamako fuera la base del Colegio Sahaliano de Seguridad, pero ahora es imposible”, dice el magistrado De Prada.
Los informes de la UE describen cómo algunos de los mercenarios de Gadafi se han unido a la rebelión tuareg en el norte del país y aseguran que en la misma participan soldados y oficiales desertores del raquítico Ejército maliense (unos 7.000 hombres) que se han apoderado de armas en sus cuarteles.
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