Juicio a la banda neonazi más peligrosa de España
Todas las armas del arsenal incautado a los miembros de la organización neonazi FAS en 2005 ha sido destruido a instancias de la Guardia Civil. Procedían del Ejército. Este lunes iban a ser exhibidas en la vista oral contra los 18 acusados, entre ellos dos militares. El juicio de la ‘Operación Pánzer' se celebra en Valencia. La destrucción fue aprobada por el TSJCV.
Entrenador TR-90 utilizado en la formación de los lanzagranadas C-90. Incautado dentro de la 'Operación Pánzer' en 2005. Ha sido destruido.
Cientos de horas en intervenciones telefónicas, meses de rastreo en internet, decenas de seguimientos, cruces de datos, análisis de testimonios de infiltrados y chivatos, tuvieron como resultado la caída en septiembre del año 2005 de la tercera banda neonazi más peligrosa desarticulada en el Estado español, junto a un inquietante arsenal de armas y municiones, en la denominada Operación Panzer, con epicentro en Valencia, y llevada a cabo por la Unidad de Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil.
Este lunes, 14 de julio, casi nueve años después de la desarticulación del neonazi Frente Antisistema (FAS), se sentarán en el banquillo de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia los 18 acusados, -de los 25 detenidos inicialmente. La Fiscalía y la acusación popular solicitan penas que rondan en total los 50 años de prisión.
A todos ellos se les imputan los delitos de asociación ilícita (515.1 y 515.5 CP) para promover la discriminación, el odio o la violencia contra personas, grupos o asociaciones por razón de su ideología, religión o creencias, etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía, o inciten a ello; por tenencia de armas prohibidas (563 CP) y por tenencia de armas de fuego sin licencia para su uso, con numero de serie borrado o introducidas ilegalmente en nuestro país. (564 1.2).
Pero tras casi nueve años de incomprensibles dilaciones en la instrucción judicial, pasando por dos juzgados, la intervención de tres fiscales con periodos de inacción, reiteradas renuncias dilatorias en las defensas, junto a órdenes de busca y captura no ejecutadas contra algún que otro acusado aún escondido en Argentina, al "Caso Panzer" aún le faltaba un remate: todas las armas incautadas, todas sin excepción -consideradas pruebas muy relevantes-, y que permanecían bajo custodia de la Intervención de Armas de la Guardia Civil han sido destruidas por ellos mismos, meses antes de la celebración de la vista oral. Un hecho que ha permanecido en secreto hasta que la Audiencia de Valencia ha solicitado una muestra del armamento incautado para exhibirlo en la sala de vistas: le han comunicado que se olvide que de las armas; ya no queda ni rastro.
El arsenal armamentístico procedía del Ejército de Tierra, en gran parte. Ha sido "achatarrado", según el termino literal empleado. Fue incautado en domicilios de los acusados. Entre estas armas destruidas había lanzagranadas C-90, pistolas, revólveres, escopetas repetidoras, escopetas de culata recortada, gran cantidad de munición de diverso calibre, bolígrafos pistola aptos para cartuchos del 22 e, incluso, una veintena de bocachas utilizables para acoplar silenciadores.
La destrucción ha desatado algo más que malestar tanto de la Fiscalía como de la plataforma Acción Popular Contra la Impunidad (APCI), que ejerce la acusación, formada por Movimiento Contra la Intolerancia, EUPV, Bloc-Compromís, ERPV-ERC, Acció Cultural del País Valencià, SOS Racisme, Jarit y "CR Just Ramírez", así como con el apoyo del plenario del Ayuntamiento de Burjassot y del PSPV-PSOE. También forman parte de esta plataforma el Centro Cultural Islámico de Valencia, la Comunidad Israelita de Valencia, Gitanos por la Diversidad, el Colectivo Lambda y la Intersindical Valenciana.
Esta plataforma cívica se creó para poder acusar en los tribunales a los movimientos nazis, ya que se daban casos de que la Fiscalía no ejercía una acusación contra estas organizaciones. Todos los miembros de APCI tienen en común haber sido víctimas de agresiones, amenazas o, incluso atentados con bomba por parte de la activa ultraderecha valenciana.
No obstante, existe en el extenso sumario un completo y único informe pericial elaborado por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil con el que la Audiencia no tendrá necesidad de disponer físicamente de las armas para su informe técnico. Los autores del informe están citados en el juicio para que comparezcan como peritos. Por otra lado, resultaría sorprendente que las defensas solicitarán en la vista una nueva pericial a las armas sabedoras de que éstas han sido destruidas, con la intención de obtener algún beneficio para su patrocinados, pues tras casi nueve años de instrucción cabe pensar que presidente de la Sala la desestimaría, teniendo en cuenta que han tenido tiempo más que suficiente para solicitarlo en instrucción y no lo han hecho.
En todo caso para la Fiscalía y la acción popular la destrucción de las armas, en tanto que piezas de convicción, no puede quedarse en el simple hecho consumado de "un fallo que no ha de volver a repetirse", sino que al menos -así lo han dicho desde la plataforma- tiene que conocerse la verdad hasta el final y encontrar a sus responsables.
La cuestión en cualquier caso es saber quién ordenó destruir el arsenal de los neonazis que estaba bajo custodia de la Guardia Civil desde agosto de 2006 sin, como como es preceptivo según recoge el Código de Enjuiciamiento Criminal, comunicar la intención de destruir las armas al juzgado instructor de la causa y éste, a su vez, a todas las partes personadas.
Público ha tenido acceso a los documentos oficiales que indican cuál fue el recorrido de este asunto, desde que se solicita la primera autorización para la destrucción en marzo de 2013, hasta quien dio el permiso para el achatarramiento en octubre y quién ordenó y cuándo que se ejecutara la orden, en diciembre de 2013.
Así, el propio gabinete de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) señalaba a principios de esta semana "que la Intervención de Armas y Explosivos de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia había solicitado reiteradamente mediante tres escritos fechados los días el 14 de marzo, 28 de marzo y 30 de octubre de 2013, la autorización del alto tribunal valenciano para destruir todas las armas que tenían en custodia correspondientes únicamente al año 2006", que es precisamente el año en el que el arsenal de la Operación Panzer había sido depositado tras la finalización de las investigaciones. Se da la circunstancia que la petición de destrucción de "las armas de 2006" coincide en el tiempo con la noticia de la inminente celebración de la vista oral que inicialmente apuntaba su celebración ese mismo año.
El 31 de octubre de 2013, 24 horas después de que la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia enviara la última petición escrita de destrucción de las armas, es cuando la presidenta del TSJCV, Pilar de la Oliva, autoriza "la destrucción de todas las armas correspondientes al año 2006, reduciéndolas a chatarra, debiendo dar cuenta a esta presidenta del resultado de tal actuación". El escrito lleva como referencia "Exp. Gub. Nº 117/13".
Este "acuerdo" es enviado a la Secretaría de Gobierno del TSJCV, a su responsable José Miguel de Ángel Cubells, para que la haga llegar a la Dirección General de la Guardia Civil en Valencia, que la recibe pocos días después, ya en el mes noviembre.
El día 3 de diciembre de ese mismo año 2013, tras recibir la autorización del TSJCV, el General Jefe de la Guardia Civil de Valencia Fernando Santafé Soler envía al Coronel jefe de la Comandancia al frente de Intervención de Armas y Explosivos un escrito donde le dice: "Adjunto remito a VS relación de las armas que han sido propuestas para su reducción a chatarra por esa Unidad las cuales han sido aprobadas". Esta orden lleva como sello salida el número 9595 y llega a su destinatario el 9 de diciembre.
¿Cuál es la relación de armas que se autoriza a destruir? La respuesta o parte de ella se conoce seis meses después, el pasado 26 de junio, cuando Intervención de Armas de la Guardia Civil contesta a la Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia a su petición para exhibir en el juicio contra los neonazis del FAS "un bolígrafo pistola, un revólver del calibre 38 Smith & Wesson, un revólver del calibre 22 marca Astra, y un revólver de retrocarga de la marca Llama" y le contesta que "recabada la información correspondiente en la intervención de armas de Valencia nos comunican que dichas armas han sido reducidas a chatarra, al haber sido autorizada" por el TSJCV.
Desde el TSJCV, en su descargo, asegura que se autorizó la destrucción de las armas confiando en que la Guardia Civil estaba convencida de que el arsenal en cuestión ya no era de interés para ninguna causa abierta. "El TSJCV en la creencia de que la intervención de armas realizaba los controles adecuados para no incluir en su lista de propuesta de destrucción ningún efecto armamentístico incurso en un procedimiento inconcluso", al tiempo que afirma que "en los escritos remitidos por la Guardia Civil se señala que la relación obedece a no haber recibido destino legal y que esa relación no indica ni cuándo fueron incautadas ni procedimiento ni juzgado".
La Fiscalía de delitos de Odio de Barcelona ha abierto diligencias por delitos de odio contra Pedro Pablo Peña, quien ha manifestado públicamente su inclinación a acabar con la vida del Rey Juan Carlos y su hijo, el actual Rey Felipe VI "por traidores".
Este lunes, 14 de julio, casi nueve años después de la desarticulación del neonazi Frente Antisistema (FAS), se sentarán en el banquillo de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia los 18 acusados, -de los 25 detenidos inicialmente. La Fiscalía y la acusación popular solicitan penas que rondan en total los 50 años de prisión.
A todos ellos se les imputan los delitos de asociación ilícita (515.1 y 515.5 CP) para promover la discriminación, el odio o la violencia contra personas, grupos o asociaciones por razón de su ideología, religión o creencias, etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía, o inciten a ello; por tenencia de armas prohibidas (563 CP) y por tenencia de armas de fuego sin licencia para su uso, con numero de serie borrado o introducidas ilegalmente en nuestro país. (564 1.2).
Pero tras casi nueve años de incomprensibles dilaciones en la instrucción judicial, pasando por dos juzgados, la intervención de tres fiscales con periodos de inacción, reiteradas renuncias dilatorias en las defensas, junto a órdenes de busca y captura no ejecutadas contra algún que otro acusado aún escondido en Argentina, al "Caso Panzer" aún le faltaba un remate: todas las armas incautadas, todas sin excepción -consideradas pruebas muy relevantes-, y que permanecían bajo custodia de la Intervención de Armas de la Guardia Civil han sido destruidas por ellos mismos, meses antes de la celebración de la vista oral. Un hecho que ha permanecido en secreto hasta que la Audiencia de Valencia ha solicitado una muestra del armamento incautado para exhibirlo en la sala de vistas: le han comunicado que se olvide que de las armas; ya no queda ni rastro.
El arsenal armamentístico procedía del Ejército de Tierra, en gran parte. Ha sido "achatarrado", según el termino literal empleado. Fue incautado en domicilios de los acusados. Entre estas armas destruidas había lanzagranadas C-90, pistolas, revólveres, escopetas repetidoras, escopetas de culata recortada, gran cantidad de munición de diverso calibre, bolígrafos pistola aptos para cartuchos del 22 e, incluso, una veintena de bocachas utilizables para acoplar silenciadores.
La destrucción ha desatado algo más que malestar tanto de la Fiscalía como de la plataforma Acción Popular Contra la Impunidad (APCI), que ejerce la acusación, formada por Movimiento Contra la Intolerancia, EUPV, Bloc-Compromís, ERPV-ERC, Acció Cultural del País Valencià, SOS Racisme, Jarit y "CR Just Ramírez", así como con el apoyo del plenario del Ayuntamiento de Burjassot y del PSPV-PSOE. También forman parte de esta plataforma el Centro Cultural Islámico de Valencia, la Comunidad Israelita de Valencia, Gitanos por la Diversidad, el Colectivo Lambda y la Intersindical Valenciana. Esta plataforma cívica se creó para poder acusar en los tribunales a los movimientos nazis, ya que se daban casos de que la Fiscalía no ejercía una acusación contra estas organizaciones. Todos los miembros de APCI tienen en común haber sido víctimas de agresiones, amenazas o, incluso atentados con bomba por parte de la activa ultraderecha valenciana.
¿Quién ordenó destruir las armas y por qué?
La destrucción del arsenal nazi ya no tiene vuelta atrás y es un hecho consumado e irreversible, aunque sin duda podría favorecer a los acusados, los principales beneficiarios en última instancia de la desaparición de las pruebas.No obstante, existe en el extenso sumario un completo y único informe pericial elaborado por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil con el que la Audiencia no tendrá necesidad de disponer físicamente de las armas para su informe técnico. Los autores del informe están citados en el juicio para que comparezcan como peritos. Por otra lado, resultaría sorprendente que las defensas solicitarán en la vista una nueva pericial a las armas sabedoras de que éstas han sido destruidas, con la intención de obtener algún beneficio para su patrocinados, pues tras casi nueve años de instrucción cabe pensar que presidente de la Sala la desestimaría, teniendo en cuenta que han tenido tiempo más que suficiente para solicitarlo en instrucción y no lo han hecho.
En todo caso para la Fiscalía y la acción popular la destrucción de las armas, en tanto que piezas de convicción, no puede quedarse en el simple hecho consumado de "un fallo que no ha de volver a repetirse", sino que al menos -así lo han dicho desde la plataforma- tiene que conocerse la verdad hasta el final y encontrar a sus responsables.
La cuestión en cualquier caso es saber quién ordenó destruir el arsenal de los neonazis que estaba bajo custodia de la Guardia Civil desde agosto de 2006 sin, como como es preceptivo según recoge el Código de Enjuiciamiento Criminal, comunicar la intención de destruir las armas al juzgado instructor de la causa y éste, a su vez, a todas las partes personadas.
Público ha tenido acceso a los documentos oficiales que indican cuál fue el recorrido de este asunto, desde que se solicita la primera autorización para la destrucción en marzo de 2013, hasta quien dio el permiso para el achatarramiento en octubre y quién ordenó y cuándo que se ejecutara la orden, en diciembre de 2013.
Así, el propio gabinete de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) señalaba a principios de esta semana "que la Intervención de Armas y Explosivos de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia había solicitado reiteradamente mediante tres escritos fechados los días el 14 de marzo, 28 de marzo y 30 de octubre de 2013, la autorización del alto tribunal valenciano para destruir todas las armas que tenían en custodia correspondientes únicamente al año 2006", que es precisamente el año en el que el arsenal de la Operación Panzer había sido depositado tras la finalización de las investigaciones. Se da la circunstancia que la petición de destrucción de "las armas de 2006" coincide en el tiempo con la noticia de la inminente celebración de la vista oral que inicialmente apuntaba su celebración ese mismo año.
El 31 de octubre de 2013, 24 horas después de que la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia enviara la última petición escrita de destrucción de las armas, es cuando la presidenta del TSJCV, Pilar de la Oliva, autoriza "la destrucción de todas las armas correspondientes al año 2006, reduciéndolas a chatarra, debiendo dar cuenta a esta presidenta del resultado de tal actuación". El escrito lleva como referencia "Exp. Gub. Nº 117/13".
Este "acuerdo" es enviado a la Secretaría de Gobierno del TSJCV, a su responsable José Miguel de Ángel Cubells, para que la haga llegar a la Dirección General de la Guardia Civil en Valencia, que la recibe pocos días después, ya en el mes noviembre.
El día 3 de diciembre de ese mismo año 2013, tras recibir la autorización del TSJCV, el General Jefe de la Guardia Civil de Valencia Fernando Santafé Soler envía al Coronel jefe de la Comandancia al frente de Intervención de Armas y Explosivos un escrito donde le dice: "Adjunto remito a VS relación de las armas que han sido propuestas para su reducción a chatarra por esa Unidad las cuales han sido aprobadas". Esta orden lleva como sello salida el número 9595 y llega a su destinatario el 9 de diciembre.
¿Cuál es la relación de armas que se autoriza a destruir? La respuesta o parte de ella se conoce seis meses después, el pasado 26 de junio, cuando Intervención de Armas de la Guardia Civil contesta a la Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia a su petición para exhibir en el juicio contra los neonazis del FAS "un bolígrafo pistola, un revólver del calibre 38 Smith & Wesson, un revólver del calibre 22 marca Astra, y un revólver de retrocarga de la marca Llama" y le contesta que "recabada la información correspondiente en la intervención de armas de Valencia nos comunican que dichas armas han sido reducidas a chatarra, al haber sido autorizada" por el TSJCV.
Desde el TSJCV, en su descargo, asegura que se autorizó la destrucción de las armas confiando en que la Guardia Civil estaba convencida de que el arsenal en cuestión ya no era de interés para ninguna causa abierta. "El TSJCV en la creencia de que la intervención de armas realizaba los controles adecuados para no incluir en su lista de propuesta de destrucción ningún efecto armamentístico incurso en un procedimiento inconcluso", al tiempo que afirma que "en los escritos remitidos por la Guardia Civil se señala que la relación obedece a no haber recibido destino legal y que esa relación no indica ni cuándo fueron incautadas ni procedimiento ni juzgado".
Miembros de la red neonazi "Nuevo Orden" y vinculados a Alianza Nacional
Entre los acusados del FAS se encuentran dos militares, uno de ellos destinados en el Servicio de Inteligencia, un concejal de España 2000 en el Ayuntamiento de Silla, un vigilante de Levantina de Seguridad, empresa propiedad del ultra José Luis Roberto, el asesino del joven nacionalista valenciano Guillem Agulló, un ex deportista paralímpico que participó en los juegos de Pekín de 2008, y otros tantos. Todos ellos con antecedentes diversos por robo, palizas, agresiones, secuestro, extorsión y un sinfín de causas delictivas de toda índole y vinculados a la red neonazi internacional "Nuevo Orden" y al nacimiento del partido ultra Alianza Nacional, que preside el abogado Pedro Pablo Peña.La Fiscalía de delitos de Odio de Barcelona ha abierto diligencias por delitos de odio contra Pedro Pablo Peña, quien ha manifestado públicamente su inclinación a acabar con la vida del Rey Juan Carlos y su hijo, el actual Rey Felipe VI "por traidores".
No hay comentarios:
Publicar un comentario