Turquía negocia el desarme de la guerrilla kurda con el líder del PKK
El primer ministro Erdogan admite los contactos de la agencia de espionaje oficial con Abdalá Oçalan, encarcelado desde 1999.
Militantes kurdos protestan el viernes en el aniversario de un ataque turco. / ADEM ALTAN (AFP)
Turquía está discutiendo el desarme del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK, en kurdo) con su líder, Abdalá Oçalan, encarcelado desde 1999, según ha reconocido este lunes el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan. Varios oficiales de la agencia de inteligencia turca MIT se reunieron durante cuatro horas con Ocalan el pasado 23 de diciembre, según publicó ayer el diario Hurriyet. "Conseguir que el grupo [el PKK] deje las armas fue la principal cuestión en la agenda durante las conversaciones", indicó este periódico. "Si se consiguiera este objetivo, el PKK, que ha parado sus operaciones debido a las condiciones invernales, comenzaría a desarmarse en primavera".
"Yo no puedo participar en esas reuniones como político pero el Estado tiene agentes que sí lo hacen", había reconocido el pasado viernes el propio Erdogan en la televisión pública TRT. "Las reuniones continúan porque debemos conseguir algún resultado. Mientras veamos una posibilidad, continuaremos dando pasos. Si no la vemos, entonces nos detendremos".
Durante las discusiones, Oçalan habría pedido que lo pusieran en contacto directo con el PKK y que le concedieran unas mejores condiciones en prisión, según el Hurriyet. El líder kurdo, encarcelado en la isla de Imrali, en el mar de Mármara, es sometido durante largas temporadas a régimen de aislamiento y hace varios meses que no ve a sus abogados.
El PKK se formó en 1978 con Oçalan como líder y con el objetivo de conseguir la autonomía y el reconocimiento de derechos políticos y sociales para la población kurda, discriminada por el Estado.
Alrededor de 15 millones de kurdos viven en Turquía, un 20% de la población, mayoritariamente en el sureste del país. En 1984, se inició el conflicto armado entre el PKK y el Estado turco, en el que han muerto alrededor de 45.000 personas, la gran mayoría militantes del PKK y también población civil kurda. En la actualidad, el PKK está considerada una organización terrorista por Turquía, la Unión Europea y Estados Unidos.
Poner fin a este conflicto sería un gran éxito político para el primer ministro turco, que ha sido criticado precisamente por su incapacidad para detener los enfrentamientos. Además, y desde que se inició hace casi 30 años, el coste económico del conflicto se estima en entre 300.000 y 450.000 millones de dólares. Sin embargo, la dura retórica nacionalista de Erdogan y de parte de su partido hacen muy difícil cualquier concesión política al PKK.
La figura de Oçalan sigue siendo venerada por los militantes de su partido y el Gobierno ha dejado claro que lo considera el interlocutor legítimo. Pero su estancia de 13 años en prisión y el régimen de aislamiento al que está sometido podrían haberlo distanciado de las bases del PKK. "Tenemos que ver cómo va a reaccionar Qandil [cuartel general del PKK, en el norte de Irak], pero la organización [el PKK] también ha visto que no puede llegar a ningún sitio mediante la lucha armada", dijo el domingo en televisión Yalcin Akdogan, consejero jefe del primer ministro.
El Gobierno de Ankara ya inició una serie de conversaciones clandestinas con representantes del PKK en 2009, conocidas como el Proceso de Oslo, debido a los encuentros que tuvieron lugar en la capital noruega. Pero todo acabó repentinamente en julio de 2011, un mes después de las elecciones en las que el partido de Erdogan consiguió la mayoría parlamentaria, y tras un enfrentamiento en el que murieron 13 soldados turcos y del que PKK y Gobierno se culparon mutuamente.
Los meses siguientes fueron los más sangrientos del conflicto en mucho tiempo, con al menos 870 muertos desde mediados de 2011, según una estimación del International Crisis Group (ICG). Por su parte, el Gobierno ha seguido usando los mecanismos del Estado para reprimir a activistas y políticos kurdos. Gracias a una ley antiterrorista aprobada en 2006 y a una decisión judicial de 2008, cualquier persona que actúe de un modo que se pueda considerar inspirado por el PKK puede ser condenada como miembro de una organización terrorista.
Más de 2.100 personas relacionadas con el Partido para la Paz y la Democracia (BDP, en turco), el principal partido legal prokurdo, están detenidas gracias a esta ley. Alrededor de otras 5.000 estarían detenidas por propagar la ideología del PKK o por asistir a reuniones relacionadas con esta organización. Además, cerca de 100 periodistas y cientos de estudiantes, la mayoría kurdos, están también arrestados por acusaciones similares, todo según el último informe del ICG.
Esta situación llevó a una huelga de hambre masiva entre presos kurdos el pasado octubre, cuando entre 600 y 1.000 personas se unieron a esta forma de protesta. La huelga cesó a finales de noviembre, precisamente tras un mensaje enviado por Oçalan a través de su hermano, que consiguió visitarlo en prisión. Esto podría demostrar la capacidad del líder kurdo para influir en la población y se cree que aquellos acontecimientos fueron el germen de las actuales conversaciones entre oficiales del Gobierno y Oçalan.
"Yo no puedo participar en esas reuniones como político pero el Estado tiene agentes que sí lo hacen", había reconocido el pasado viernes el propio Erdogan en la televisión pública TRT. "Las reuniones continúan porque debemos conseguir algún resultado. Mientras veamos una posibilidad, continuaremos dando pasos. Si no la vemos, entonces nos detendremos".
Durante las discusiones, Oçalan habría pedido que lo pusieran en contacto directo con el PKK y que le concedieran unas mejores condiciones en prisión, según el Hurriyet. El líder kurdo, encarcelado en la isla de Imrali, en el mar de Mármara, es sometido durante largas temporadas a régimen de aislamiento y hace varios meses que no ve a sus abogados.
En 1984 se inició el conflicto armado entre el PKK y el Estado turco, en el que han muerto alrededor de 45.000 personas, la gran mayoría militantes del PKK y también población civil kurda
Alrededor de 15 millones de kurdos viven en Turquía, un 20% de la población, mayoritariamente en el sureste del país. En 1984, se inició el conflicto armado entre el PKK y el Estado turco, en el que han muerto alrededor de 45.000 personas, la gran mayoría militantes del PKK y también población civil kurda. En la actualidad, el PKK está considerada una organización terrorista por Turquía, la Unión Europea y Estados Unidos.
Poner fin a este conflicto sería un gran éxito político para el primer ministro turco, que ha sido criticado precisamente por su incapacidad para detener los enfrentamientos. Además, y desde que se inició hace casi 30 años, el coste económico del conflicto se estima en entre 300.000 y 450.000 millones de dólares. Sin embargo, la dura retórica nacionalista de Erdogan y de parte de su partido hacen muy difícil cualquier concesión política al PKK.
La figura de Oçalan sigue siendo venerada por los militantes de su partido y el Gobierno ha dejado claro que lo considera el interlocutor legítimo. Pero su estancia de 13 años en prisión y el régimen de aislamiento al que está sometido podrían haberlo distanciado de las bases del PKK. "Tenemos que ver cómo va a reaccionar Qandil [cuartel general del PKK, en el norte de Irak], pero la organización [el PKK] también ha visto que no puede llegar a ningún sitio mediante la lucha armada", dijo el domingo en televisión Yalcin Akdogan, consejero jefe del primer ministro.
El Gobierno de Ankara ya inició una serie de conversaciones clandestinas con representantes del PKK en 2009, conocidas como el Proceso de Oslo, debido a los encuentros que tuvieron lugar en la capital noruega. Pero todo acabó repentinamente en julio de 2011, un mes después de las elecciones en las que el partido de Erdogan consiguió la mayoría parlamentaria, y tras un enfrentamiento en el que murieron 13 soldados turcos y del que PKK y Gobierno se culparon mutuamente.
Los meses siguientes fueron los más sangrientos del conflicto en mucho tiempo, con al menos 870 muertos desde mediados de 2011, según una estimación del International Crisis Group (ICG). Por su parte, el Gobierno ha seguido usando los mecanismos del Estado para reprimir a activistas y políticos kurdos. Gracias a una ley antiterrorista aprobada en 2006 y a una decisión judicial de 2008, cualquier persona que actúe de un modo que se pueda considerar inspirado por el PKK puede ser condenada como miembro de una organización terrorista.
Más de 2.100 personas relacionadas con el Partido para la Paz y la Democracia (BDP, en turco), el principal partido legal prokurdo, están detenidas gracias a esta ley. Alrededor de otras 5.000 estarían detenidas por propagar la ideología del PKK o por asistir a reuniones relacionadas con esta organización. Además, cerca de 100 periodistas y cientos de estudiantes, la mayoría kurdos, están también arrestados por acusaciones similares, todo según el último informe del ICG.
Esta situación llevó a una huelga de hambre masiva entre presos kurdos el pasado octubre, cuando entre 600 y 1.000 personas se unieron a esta forma de protesta. La huelga cesó a finales de noviembre, precisamente tras un mensaje enviado por Oçalan a través de su hermano, que consiguió visitarlo en prisión. Esto podría demostrar la capacidad del líder kurdo para influir en la población y se cree que aquellos acontecimientos fueron el germen de las actuales conversaciones entre oficiales del Gobierno y Oçalan.
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