Control de armas: segundo objetivo
La Casa Blanca amenaza con imponer por decreto medidas para el desarme si para finales de enero el Congreso no logra consensuar propuestas
Yolanda Monge Washington27 DIC 2012 - 11:52 CET
Foto: Joe Klamar (AFP) / Vídeo: REUTERS-LIVE!
Cuando se inaugure el nuevo Congreso de EE UU el 21 de enero, tendrá que empezar a concretarse la ofensiva sin precedentes anunciada la semana pasada por el presidente para pasar de las palabras a la acción e intentar que una matanza como la sucedida en Connecticut no vuelva a ocurrir. A la espera de que el aparato legislativo de Capitol Hill comience a moverse, algunas ciudades han empezado a dar ejemplo de lo que desean que suceda y han comenzado a desarmarse antes de lo previsto.
Como cada año, Los Ángeles ha efectuado su tradicional programa de compra de armas a los ciudadanos. Es el cuarto año que se realiza, solo que en esta ocasión se ha adelantado de mayo a diciembre. “Ciudades y Estados deben unirse al Gobierno federal para hacer todo lo posible y lo más rápido posible para mantener nuestras comunidades a salvo de la violencia de las armas”, declaró ayer el alcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa, al inaugurar la jornada.
El programa permite a los residentes de Los Ángeles entregar sus armas sin que les sea efectuada ninguna pregunta. A cambio, por las armas semiautomáticas se les entrega una tarjeta de un conocido centro comercial por valor de 200 dólares y una de 100 por las pistolas y rifles. Según Villarraigosa, en total 8.000 armas han desaparecido de las calles en los años que lleva el programa en marcha. Desde 2009, los crímenes perpetrados por las bandas han descendido un 39% y las llamadas de emergencia por impactos de bala han caído un 33%, según la oficina del regidor.
Puede que la medida parezca tímida frente a los 27 cadáveres de Newtown, pero el hecho de que una ciudad como Los Ángeles adelante su tradicional entrega voluntaria de armas da una medida de la conmoción bajo la que se encuentra el país.
Una vez que se supere el abismo fiscal, legisladores y senadores deberán ponerse a trabajar, bajo la mirada del vicepresidente Joe Biden, en presentar medidas para lograr un mayor control de las armas de fuego antes de final de enero. Obama pretende que se logren acciones coordinadas con el Congreso y con las autoridades estatales. Si no se consiguen avances rápidos por ese lado, el presidente parece dispuesto a imponer algunas medidas por decreto. “Utilizaré todos los recursos de mi cargo para hacerlo”, aseguró.
De momento, la senadora demócrata por California Diane Feinstein se ha comprometido a tener un proyecto de ley sobre la mesa para el 3 de enero, que prohibiría al menos 100 armas semiautomáticas de asalto de uso militar y dificultaría la transferencia, importación y posesión de dichas armas. Cualquier iniciativa va a contar con la férrea oposición de uno de los grupos de presión más poderosos del país. La Asociación Nacional el Rifle (NRA, en sus siglas en inglés) ya ha dejado saber su posición respecto a un mayor control de las armas de fuego. No solo no aboga por una reducción que pueda evitar tragedias como la de Connecticut, sino que propone combatir el fuego con fuego. “Un guarda armado en cada colegio”, reclamó como solución Wayne Lapierre, número dos de la NRA.
La NRA señaló que el tiroteo de Columbine de 1999, en el que murieron 12 menores y un profesor a manos de dos estudiantes que luego se quitaron la vida, se produjo en un contexto en el que existía una ley para el control de armas. “No va a funcionar. Sigo diciéndolo y ustedes no quieren verlo: no va a resultar”, insistió el vicepresidente de la NRA. “Ya existía la ley de la senadora Feinstein cuando sucedió Columbine”.
En 1994 entró en vigor una ley que expiró en 2004, que prohibía fabricar y vender 19 modelos concretos de armas de fuego, además de considerar ilegales una serie de componentes como cargadores o poder transformar un arma de fuego en una de asalto.
Estados Unidos ha sufrido una explosión de violencia con armas de fuego en los últimos 30 años, con más de 60 tiroteos indiscriminados desde 1982. En la mayoría de los casos, las armas utilizadas por los asesinos eran pistolas semiautomáticas y rifles comprados legalmente. Obama pretende ahora prohibir los fusiles de asalto, revisar los antecedentes de todo aquel que adquiera un arma, reducir el número de balas y reformar la atención mental sanitaria y la educación. Gran misión para la nueva legislatura.
Como cada año, Los Ángeles ha efectuado su tradicional programa de compra de armas a los ciudadanos. Es el cuarto año que se realiza, solo que en esta ocasión se ha adelantado de mayo a diciembre. “Ciudades y Estados deben unirse al Gobierno federal para hacer todo lo posible y lo más rápido posible para mantener nuestras comunidades a salvo de la violencia de las armas”, declaró ayer el alcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa, al inaugurar la jornada.
El programa permite a los residentes de Los Ángeles entregar sus armas sin que les sea efectuada ninguna pregunta. A cambio, por las armas semiautomáticas se les entrega una tarjeta de un conocido centro comercial por valor de 200 dólares y una de 100 por las pistolas y rifles. Según Villarraigosa, en total 8.000 armas han desaparecido de las calles en los años que lleva el programa en marcha. Desde 2009, los crímenes perpetrados por las bandas han descendido un 39% y las llamadas de emergencia por impactos de bala han caído un 33%, según la oficina del regidor.
Puede que la medida parezca tímida frente a los 27 cadáveres de Newtown, pero el hecho de que una ciudad como Los Ángeles adelante su tradicional entrega voluntaria de armas da una medida de la conmoción bajo la que se encuentra el país.
Una vez que se supere el abismo fiscal, legisladores y senadores deberán ponerse a trabajar, bajo la mirada del vicepresidente Joe Biden, en presentar medidas para lograr un mayor control de las armas de fuego antes de final de enero. Obama pretende que se logren acciones coordinadas con el Congreso y con las autoridades estatales. Si no se consiguen avances rápidos por ese lado, el presidente parece dispuesto a imponer algunas medidas por decreto. “Utilizaré todos los recursos de mi cargo para hacerlo”, aseguró.
De momento, la senadora demócrata por California Diane Feinstein se ha comprometido a tener un proyecto de ley sobre la mesa para el 3 de enero, que prohibiría al menos 100 armas semiautomáticas de asalto de uso militar y dificultaría la transferencia, importación y posesión de dichas armas. Cualquier iniciativa va a contar con la férrea oposición de uno de los grupos de presión más poderosos del país. La Asociación Nacional el Rifle (NRA, en sus siglas en inglés) ya ha dejado saber su posición respecto a un mayor control de las armas de fuego. No solo no aboga por una reducción que pueda evitar tragedias como la de Connecticut, sino que propone combatir el fuego con fuego. “Un guarda armado en cada colegio”, reclamó como solución Wayne Lapierre, número dos de la NRA.
La NRA señaló que el tiroteo de Columbine de 1999, en el que murieron 12 menores y un profesor a manos de dos estudiantes que luego se quitaron la vida, se produjo en un contexto en el que existía una ley para el control de armas. “No va a funcionar. Sigo diciéndolo y ustedes no quieren verlo: no va a resultar”, insistió el vicepresidente de la NRA. “Ya existía la ley de la senadora Feinstein cuando sucedió Columbine”.
En 1994 entró en vigor una ley que expiró en 2004, que prohibía fabricar y vender 19 modelos concretos de armas de fuego, además de considerar ilegales una serie de componentes como cargadores o poder transformar un arma de fuego en una de asalto.
Estados Unidos ha sufrido una explosión de violencia con armas de fuego en los últimos 30 años, con más de 60 tiroteos indiscriminados desde 1982. En la mayoría de los casos, las armas utilizadas por los asesinos eran pistolas semiautomáticas y rifles comprados legalmente. Obama pretende ahora prohibir los fusiles de asalto, revisar los antecedentes de todo aquel que adquiera un arma, reducir el número de balas y reformar la atención mental sanitaria y la educación. Gran misión para la nueva legislatura.
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