La vigilancia exterior de las cárceles volverá a la seguridad pública
EFE
Madrid,
29 ene (EFE).- La vigilancia exterior de las cárceles, ahora en su
mayoría a cargo de empresas privadas, volverá a ser competencia de las
fuerzas de seguridad del Estado a medida que se vaya reponiendo el
déficit en las plantillas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.
El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha avanzado esta decisión en su comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso para explicar los presupuestos de su departamento para 2019, que ascienden a 1.196 millones de euros, lo que supone un incremento del 3 por ciento respecto a 2018.
Actualmente, un importante número de cárceles están vigiladas en el exterior por agentes de la seguridad privada, pertenecientes a empresas con las que se formalizaron contratos durante el Gobierno del PP.
Pero según ha dicho Ortiz, la intención del actual Ejecutivo es ir rescindiendo poco a poco esos contratos y a medida que se vayan reponiendo efectivos en la Policía y la Guardia Civil, ir cubriendo la seguridad exterior con estos funcionarios públicos.
Durante su comparecencia, Ortiz ha recordado que en el anterior mandato dejaron "huérfanos" a los funcionarios de Prisiones en los acuerdos de equiparación salarial, y ha dicho que ya ha mantenido diversas reuniones con los sindicatos para mejorar sus condiciones laborales.
En estos últimos encuentros por separado, se ha acordado la creación de cuatro grupos de trabajo para abordar, entre otros asuntos, las agresiones a funcionarios (223 en 2018), la formación, la reforma de clasificaciones.
Ha recordado que desde 2008 hay 13.000 internos menos en las cárceles, de tal manera que la ratio ha pasado de un funcionario de vigilancia por cada 5,67 presos a uno por 4,39 reclusos.
Ortiz ha precisado que aún hay 3.000 vacantes de funcionarios, aunque en unos meses se cubrirán 956.
Y ha señalado que cada año se gestionan alrededor de 120.000 sentencias de medidas alternativas a la prisión (generalmente trabajos en beneficio de la comunidad), por lo que ha abogado por redistribuir los efectivos a fin de mejorar este servicio. EFE
El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha avanzado esta decisión en su comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso para explicar los presupuestos de su departamento para 2019, que ascienden a 1.196 millones de euros, lo que supone un incremento del 3 por ciento respecto a 2018.
Actualmente, un importante número de cárceles están vigiladas en el exterior por agentes de la seguridad privada, pertenecientes a empresas con las que se formalizaron contratos durante el Gobierno del PP.
Pero según ha dicho Ortiz, la intención del actual Ejecutivo es ir rescindiendo poco a poco esos contratos y a medida que se vayan reponiendo efectivos en la Policía y la Guardia Civil, ir cubriendo la seguridad exterior con estos funcionarios públicos.
Durante su comparecencia, Ortiz ha recordado que en el anterior mandato dejaron "huérfanos" a los funcionarios de Prisiones en los acuerdos de equiparación salarial, y ha dicho que ya ha mantenido diversas reuniones con los sindicatos para mejorar sus condiciones laborales.
En estos últimos encuentros por separado, se ha acordado la creación de cuatro grupos de trabajo para abordar, entre otros asuntos, las agresiones a funcionarios (223 en 2018), la formación, la reforma de clasificaciones.
Ha recordado que desde 2008 hay 13.000 internos menos en las cárceles, de tal manera que la ratio ha pasado de un funcionario de vigilancia por cada 5,67 presos a uno por 4,39 reclusos.
Ortiz ha precisado que aún hay 3.000 vacantes de funcionarios, aunque en unos meses se cubrirán 956.
Y ha señalado que cada año se gestionan alrededor de 120.000 sentencias de medidas alternativas a la prisión (generalmente trabajos en beneficio de la comunidad), por lo que ha abogado por redistribuir los efectivos a fin de mejorar este servicio. EFE
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