Defensa investiga las declaraciones del general Juan Antonio Chicharro
El militar, en reserva aunque no retirado, justificó la intervención en Cataluña
López Garrido (PSOE) había solicitado que el ministro Morenés tomara medidas
El Ministerio de Defensa ha abierto una información previa para determinar si hay materia de sanción en las declaraciones del general de división en la reserva, aunque no retirado, Juan Antonio Chicharro, que elaboró una teoría justificativa del golpe de Estado en el marco del desafío soberanista de Cataluña. Se trata del primer paso para abrir un expediente disciplinario.
Chicharro está destinado en la Real y Militar Orden de San Hermenegildo y ha sido José Rodrigo, gran caciller de la orden e inmediato superior del general, quien ha abierto la información previa. El portavoz de Defensa del PSOE, Diego López Garrido, había solicitado al ministro de Defensa, Pedro Morenés (PP), que adoptara medidas contra el general.
El general Chicharro se metió en el bolsillo el pasado 6 de febrero al público que acudía al debate Fuerzas Armadas y ordenamiento constitucional celebrado en el salón de la Gran Peña, de Madrid, cuando dijo: “La patria es anterior y más importante que la democracia. El patriotismo es un sentimiento y la Constitución no es más que una ley”.
Según varios asistentes al acto, se excusó alegando que en circunstancias normales habría declinado la invitación, pero que la actual “ofensiva separatista-secesionista” le obligaba a hablar. Como único militar entre los oradores, aseguró que en los ejércitos “hay un sentimiento generalizado de preocupación, temor, incertidumbre y confusión”, lamentó su ostracismo y criticó la destitución del general José Mena, en enero de 2006, por criticar el Estatuto catalán.
Aunque reprochó a los nacionalistas que busquen una interpretación tergiversada de la Carta Magna, se aventuró a ofrecer la suya. “El artículo 8.1 no implica la autonomía de las Fuerzas Armadas”, dijo, en alusión al mandato que encomienda a los ejércitos la misión de “defender la integridad territorial y el ordenamiento constitucional”. En línea con la jurisprudencia, recordó que la defensa de la Carta Magna corresponde al Tribunal Constitucional y al Gobierno, al que el artículo 97 de la Constitución atribuye la dirección “de la Administración civil y militar”.
Después, y recurriendo siempre al condicional y sugiriendo las respuestas en forma de preguntas, desarrolló luego una teoría justificativa del golpe de Estado. El problema se produciría, dijo, “si los responsables de la defensa de la Constitución no se comportaran como su función requiere”. Y ello le llevó a preguntarse “cuál es el rango normativo del título preliminar de la Constitución”.
No lo dijo, pero lo dio a entender: el artículo 8.1 forma parte del núcleo duro de la Carta Magna, lo que no sucede con el artículo 97, el que determina la subordinación de las Fuerzas Armadas al Gobierno, por lo que su fuerza imperativa sería menor.
“Si los mecanismos de defensa del orden constitucional no funcionan, por acción u omisión, entonces...”, concluyó más tarde. La única autoridad que pareció resistir su revisión constitucional fue la del Rey; convertido, como en el 23-F, en mando efectivo de las Fuerzas Armadas.
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