10.000 documentos de 1936 a 1968, listos para difundirse
La mayor desclasificación de la democracia, pendiente de la aprobación por el nuevo Gobierno
El Ministerio de Defensa ha ultimado la mayor operación de desclasificación
de documentos secretos de la etapa democrática. El objetivo es poner a
disposición del público unos 10.000 informes fechados entre 1936 y 1968 que se
guardan en los archivos militares y que, pese a su interés histórico, no pueden
ser aún consultados por estudiosos e investigadores debido a que siguen
legalmente clasificados.
Tras varios años de análisis, la ministra de Defensa, Carme Chacón, elevó en octubre pasado al Gobierno una propuesta de desclasificación en bloque de estos documentos —técnicamente, cancelación de la clasificación—, cuya divulgación ya no representa una amenaza para la seguridad nacional o la defensa del Estado ni vulnera la intimidad de las personas. La propuesta quedó aparcada debido a la inminencia de las elecciones, pero las fuentes consultadas subrayan que el trabajo ya está hecho y corresponderá al próximo Gobierno decidir si da luz verde a su difusión.
Entre los miles documentos listos para ser conocidos figuran, por ejemplo, el bando declarando el estado de guerra por la Capitanía de Aragón (1936), un programa de construcción para el resurgimiento de España como potencia naval (1939), la guerra de Ifni (1957-1958), los planes de defensa de los Pirineos (1939-55), las dotaciones de los buques de guerra italianos y alemanes en puertos españoles (1940-46), las entregas de material aéreo por EE UU (1955) o los boletines del Consejo Ordenador de Minerales Especiales de Interés Militar (1951-65). Los detalles fueron adelantados anoche por la cadena SER.
Tras varios años de análisis, la ministra de Defensa, Carme Chacón, elevó en octubre pasado al Gobierno una propuesta de desclasificación en bloque de estos documentos —técnicamente, cancelación de la clasificación—, cuya divulgación ya no representa una amenaza para la seguridad nacional o la defensa del Estado ni vulnera la intimidad de las personas. La propuesta quedó aparcada debido a la inminencia de las elecciones, pero las fuentes consultadas subrayan que el trabajo ya está hecho y corresponderá al próximo Gobierno decidir si da luz verde a su difusión.
Entre los miles documentos listos para ser conocidos figuran, por ejemplo, el bando declarando el estado de guerra por la Capitanía de Aragón (1936), un programa de construcción para el resurgimiento de España como potencia naval (1939), la guerra de Ifni (1957-1958), los planes de defensa de los Pirineos (1939-55), las dotaciones de los buques de guerra italianos y alemanes en puertos españoles (1940-46), las entregas de material aéreo por EE UU (1955) o los boletines del Consejo Ordenador de Minerales Especiales de Interés Militar (1951-65). Los detalles fueron adelantados anoche por la cadena SER.
En España no existe, como en la mayoría de los países occidentales, un
mecanismo periódico de revisión y desclasificación de documentos, por lo que el
sello de secreto se convierte en un cerrojazo prácticamente perpetuo. El
reglamento de la preconstitucional Ley de Secretos Oficiales, de 1968, preveía que las mismas
autoridades (militares) que podían clasificar documentos determinaran
regularmente su reclasificación o desclasificación, “a los efectos de evitar la
acumulación excesiva de material calificado”. Esta previsión nunca se ha puesto
en práctica, lo que ha producido la ya anunciada acumulación.
Se da la circunstancia de que los informes secretos están depositados en archivos militares, cuya principal función, además de la propia conservación de los documentos, es facilitar su libre acceso y consulta por parte de ciudadanos e investigadores, según la Ley del Patrimonio Histórico Español. En la práctica, la posibilidad de consultar estos documentos depende de la buena voluntad de los responsables de los archivos, lo que da lugar a una notable inseguridad jurídica, cuando no arbitrariedad. Además, muchos documentos no están clasificados uno a uno, sino de modo genérico, lo que añade incertidumbre.
Para poner fin a esta indefinición y desatascar el problema, Defensa ha preparado la desclasificación de aquellos bloques o materias que no incluirían documentos individuales que puedan afectar a la seguridad del Estado. Aun así, el acuerdo preparado para el Consejo de Ministros preveía un plazo de tres meses para identificar los documentos y ponerles el correspondiente sello de desclasificado antes de su libre consulta.
En total, los documentos afectados por el acuerdo —que Defensa reconoce no puede cuantificar con exactitud, pero cifra en unos 10.000— se agrupan en 41 bloques referidos, entre otros temas, a la organización y despliegue de unidades del Ejército durante la Guerra Civil; campos de concentración, batallones de trabajo, arrestos, denuncias, deserciones; documentación del Cuartel General de las Fuerzas Militares en Marruecos, política en el protectorado español, información de las zonas española, francesa y cabilas; documentación de la Armada de los dos bandos de la Guerra Civil o en la II Guerra Mundial...
La mayoría están dispersos en los ocho archivos históricos de los Ejércitos y 17 archivos intermedios, correspondientes a los cuarteles generales y las circunscripciones militares, a los que ha venido a sumarse el recién creado Archivo General e Histórico de la Defensa.
La desclasificación en bloque supone, en todo caso, una solución parcial, a la espera de que una futura ley de secretos oficiales o de transparencia informativa fije un procedimiento reglado con vistas al futuro.
Fuente Diario "EL PAÍS"
Se da la circunstancia de que los informes secretos están depositados en archivos militares, cuya principal función, además de la propia conservación de los documentos, es facilitar su libre acceso y consulta por parte de ciudadanos e investigadores, según la Ley del Patrimonio Histórico Español. En la práctica, la posibilidad de consultar estos documentos depende de la buena voluntad de los responsables de los archivos, lo que da lugar a una notable inseguridad jurídica, cuando no arbitrariedad. Además, muchos documentos no están clasificados uno a uno, sino de modo genérico, lo que añade incertidumbre.
Para poner fin a esta indefinición y desatascar el problema, Defensa ha preparado la desclasificación de aquellos bloques o materias que no incluirían documentos individuales que puedan afectar a la seguridad del Estado. Aun así, el acuerdo preparado para el Consejo de Ministros preveía un plazo de tres meses para identificar los documentos y ponerles el correspondiente sello de desclasificado antes de su libre consulta.
En total, los documentos afectados por el acuerdo —que Defensa reconoce no puede cuantificar con exactitud, pero cifra en unos 10.000— se agrupan en 41 bloques referidos, entre otros temas, a la organización y despliegue de unidades del Ejército durante la Guerra Civil; campos de concentración, batallones de trabajo, arrestos, denuncias, deserciones; documentación del Cuartel General de las Fuerzas Militares en Marruecos, política en el protectorado español, información de las zonas española, francesa y cabilas; documentación de la Armada de los dos bandos de la Guerra Civil o en la II Guerra Mundial...
La mayoría están dispersos en los ocho archivos históricos de los Ejércitos y 17 archivos intermedios, correspondientes a los cuarteles generales y las circunscripciones militares, a los que ha venido a sumarse el recién creado Archivo General e Histórico de la Defensa.
La desclasificación en bloque supone, en todo caso, una solución parcial, a la espera de que una futura ley de secretos oficiales o de transparencia informativa fije un procedimiento reglado con vistas al futuro.
Fuente Diario "EL PAÍS"
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