Amenazó con recurrir «a las armas» para hacer lo que no se logre «con los votos», poco antes de que un policía disparara desde una aeronave robada
Imagen del helicóptero sobrevolando el Tribunal
Supremo venezolano -
REUTERSLUDMILA VINOGRADOFF - ludmilavino Corresponsal
En Caracas28/06/2017 22:01h - Actualizado: 29/06/2017
08:59h.Guardado en: Internacional
La tensión en
Venezuela sigue creciendo. A los más de dos meses de protestas, que se
han saldado con al menos 75 muertos, se ha sumado un episodio propio de una
película de Rambo. Un helicóptero de la policía, pilotado por el agente -y
actor de películas de acción-, Óscar Pérez, tiroteó y lanzó varias
granadas contra el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Ministerio
del Interior. El vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami,ha
informado de que el helicóptero ha sido localizado en una localidad del estado
Vargas, próximo a Caracas.
En el momento del
ataque, el helicóptero, supuestamente robado de la base aérea Francisco
de Miranda, portaba una pancarta en la que se podía leer: «350 Libertad»,
en alusión al artículo de la Constitución que faculta a los venezolanos a
desconocer el régimen que contraríe las garantías democráticas y menoscabe los
derechos humanos. Tras la acción, el aparato se posó sobre la azotea de un
edificio y los ocupantes se dieron a la fuga. Con
anterioridad, el piloto había colgado en las redes sociales varios vídeos en
los que explicaba que formaba parte «de una coalición de funcionarios
militares, policiales y civiles en contra de este Gobierno transitorio y
criminal». En una de las grabaciones de reivindicación del ataque, Pérez
asegura que la acción tiene como único fin «devolver el poder al pueblo
democrático, y así cumplir y hacer cumplir las leyes, para restablecer el orden
constitucional».
Por su parte, el
presidente, Nicolás Maduro, puso en alerta el Ejército tras calificar
el acto de «ataque terrorista» y responsabilizar a la oposición del
mismo. Recordó que es este tipo de «escalada armada» lo que ha venido
«denunciando», y lo que le daría argumentos para activar el protocolo de
defensa «para preservar el derecho a la tranquilidad». Se da la circunstancia
de que el ataque del helicóptero se produjo pocas horas después de que
el propio Maduro subiera las tensión por el contenido militarista de uno de sus
discursos. «Si Venezuela fuera sumida en el caos y la violencia, y
fuese destruida la revolución bolivariana, nosotros iríamos al combate», dijo
durante un acto chavista en Caracas. «Nosotros jamás nos rendiríamos y lo que
no se pudo con los votos lo haríamos con las armas, liberaríamos nuestra patria
con las armas», agregó.
Mientras las
autoridades venezolanas seguían ayer la pista del agente Óscar Pérez y el
ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Néstor Reverol, confirmaba que se
había dictado una orden de captura internacional roja contra el agente
policial, la fiscal general, Luisa Ortega, cada día más enfrentada con el
régimen chavista, replicaba a las declaraciones de Maduro que habían calificado
el ataque al TSJ de un acto terrorista: «Aquí parece que todo el país es
terrorista, un alto porcentaje del país es terrorista (...) yo lo que creo es
que tenemos un terrorismo de Estado donde se perdió el derecho a manifestar,
donde son reprimidas cruelmente las manifestaciones, donde se enjuicia a
civiles en justicia militar».
Hay quien ha visto en
el ataque al TSJ una forma de distraer la atención sobre otro incidente de
extrema gravedad. En el
mismo momento en que Óscar Pérez atacaba las instituciones venezolanas, la
Guardia Nacional Bolivariana (GNB) entraba en la sede de la Asamblea Nacional,
donde tenía lugar una sesión plenaria, para colocar algunas cajas de material
electoral y varias armas. Mientras todo el mundo seguía con atención la
incursión del policía-actor, nadie se enteró de que varios diputados
fueron agredidos por los uniformados y secuestrados hasta pasadas las
21 horas de la noche del martes.
En el caso de la
Asamblea Nacional, el encargado de la GNB, el coronel Vladimir Lugo, de
la policía militarizada, violó el poder legislativo al irrumpir y agredir a
tres diputados (entre ellos, Julio Borges, presidente de la Asamblea
Nacional). Borges se refirió al coronel Vladimir Lugo Armas como la
representación de la Fuerza Armada Nacional que «no queremos». Sin embargo,
añadió, «hay gente entre los militares que no quiere el modelo actual. Es mucho
más lo que se ve puertas adentro que hacia afuera».
Conspiración
Durante el secuestro
de los parlamentarios, los militares intentaron colocar cajas de
armamento y material electoral para luego acusar a los diputados opositores de
«conspirar» contra el régimen. «Habría sido un error responder al coronel
Lugo y aparecer nosotros como los violentos. Por eso grababan, era lo que ellos
querían y su actuación en la Asamblea Nacional es una demostración de lo que
viene para Venezuela si abandonamos la lucha», insistió Borges.
A.B.C
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