Ofensiva policial de Barcelona contra los conductores de Uber
Protesta de los taxistas de Barcelona contra el intrusismo en el sector. EFE
La presión de los taxistas comienza a surtir efecto. Después de dos huelgas, el Ayuntamiento de Barcelona se ha decidido a actuar contra el «intrusismo» en el transporte de pasajeros a través de aplicaciones móviles.
El Consistorio ha elaborado un protocolo para indicar a sus policías locales cómo detectar y sancionar hasta con 4.000 euros a los conductores que operan para empresas como Uber que, desde su desembarco en la capital catalana, han puesto en pie de guerra al sector del taxi.
El pasado 11 de julio la Jefatura de la Guardia Urbana emitió una instrucción dirigida a sus agentes en la que les instaba a perseguir los «servicios de transporte público de viajeros sin autorización» que han empezado a operar de manera «encubierta» mediante empresas que «previo pago a través de apps, ofrecen, hacen publicidad o ponen en contacto a conductores particulares y a usuarios que requieren desplazarse por el área metropolitana de Barcelona».
En el comunicado interno -al que EL MUNDO ha tenido acceso- la Guardia Urbana admite que actúa ante el «incremento de reclamaciones por parte de los taxistas por presuntas infracciones relacionadas con el intrusismo laboral». Tras esta introducción para explicar a los agentes el motivo de la instrucción, el jefe accidental del cuerpo de policía local de Barcelona, José Manuel Díaz, detalla cómo identificar a los conductores de este tipo de aplicaciones, cómo recabar las pruebas necesarias para denunciarlos y cómo sancionarlos.
Según la orden, las patrullas deberán intervenir cuando sospechen que se está transportando pasajeros sin los permisos necesarios o cuando alguien denuncie esta conducta irregular y solicite su presencia para que cese. Algo que los taxistas han empezado a hacer con frecuencia.
La circular señala a los agentes que pueden castigar con hasta 4.001 euros a los conductores que estén prestando un servicio retribuido «sin la autorización administrativa necesaria», según recoge la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT). La instrucción policial también contempla imponer sanciones de 500 euros por «usar un vehículo particular para realizar un servicio público» o por carecer del permiso de conducción -conocido como BTP- para poder prestar un servicio público de transporte de pasajeros. Las sanciones son acumulables, con lo que un conductor que haya incumplido los tres preceptos podrá ser multado hasta con 5.000 euros.
La detallada instrucción policial incluso prevé la sanción a vehículos de matrícula extranjera y recuerda a los agentes que, en ese supuesto, el conductor deberá abonar un depósito sobre el total de la sanción. Además, subraya a los policías que deberán inmovilizar el vehículo implicado.
Cabe recordar que la Generalitat ya anunció el pasado mes de junio que multaría con hasta 6.000 euros a los conductores de la empresa Uber, pero el sector del taxi tiene la percepción de que la advertencia salida de la Direcció General de Transports i Mobilitat no se está aplicando. Ello ha motivado que, tras vaciar las calles de Madrid y Barcelona de taxis con sus paros, el grupo de taxistas Élite haya matenido su presión contra la Generalitat y el Ayuntamiento hasta lograr una reacción. Hasta conseguir una orden policial que combata la «impunidad» con la que, a su entender, operan los conductores asociados de Uber. La aplicación sólo está implantada en Barcelona y, además de pagar a sus conductores por trayecto realizado, los premia con complementos por estar presentes en la vía pública hasta 15 horas semanales para atender la demanda de su clientela.
El Consistorio ha elaborado un protocolo para indicar a sus policías locales cómo detectar y sancionar hasta con 4.000 euros a los conductores que operan para empresas como Uber que, desde su desembarco en la capital catalana, han puesto en pie de guerra al sector del taxi.
El pasado 11 de julio la Jefatura de la Guardia Urbana emitió una instrucción dirigida a sus agentes en la que les instaba a perseguir los «servicios de transporte público de viajeros sin autorización» que han empezado a operar de manera «encubierta» mediante empresas que «previo pago a través de apps, ofrecen, hacen publicidad o ponen en contacto a conductores particulares y a usuarios que requieren desplazarse por el área metropolitana de Barcelona».
En el comunicado interno -al que EL MUNDO ha tenido acceso- la Guardia Urbana admite que actúa ante el «incremento de reclamaciones por parte de los taxistas por presuntas infracciones relacionadas con el intrusismo laboral». Tras esta introducción para explicar a los agentes el motivo de la instrucción, el jefe accidental del cuerpo de policía local de Barcelona, José Manuel Díaz, detalla cómo identificar a los conductores de este tipo de aplicaciones, cómo recabar las pruebas necesarias para denunciarlos y cómo sancionarlos.
Según la orden, las patrullas deberán intervenir cuando sospechen que se está transportando pasajeros sin los permisos necesarios o cuando alguien denuncie esta conducta irregular y solicite su presencia para que cese. Algo que los taxistas han empezado a hacer con frecuencia.
Fotografías a las pantallas de los móviles
La instrucción indica que, para averiguar si el transporte de pasajeros se está llevando a cabo de manera irregular, los agentes deberán «entrevistar por separado» al conductor del vehículo y el «posible cliente». El objetivo es determinar si el viajero ha retribuido a un conductor que no cuenta con los permisos necesarios para hacer del transporte de personas su negocio. Para ello, la Guardia Urbana ha elaborado actas especialmente diseñadas para estas intervenciones en las que los agentes deberán reflejar qué tipo de vinculación contractual tiene el conductor con la empresa que ofrece el transporte, cómo se pusieron en contacto el pasajero y el chófer del vehículo, qué recorrido realizaron y cómo se realizó el pago en caso de que existiera. La instrucción indica que estos datos deberán acreditarse mediante «fotografías o capturas de pantalla de los dispositivos móviles» del conductor y el pasajero con tal de poder probar la irregularidad y sancionarla.La circular señala a los agentes que pueden castigar con hasta 4.001 euros a los conductores que estén prestando un servicio retribuido «sin la autorización administrativa necesaria», según recoge la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT). La instrucción policial también contempla imponer sanciones de 500 euros por «usar un vehículo particular para realizar un servicio público» o por carecer del permiso de conducción -conocido como BTP- para poder prestar un servicio público de transporte de pasajeros. Las sanciones son acumulables, con lo que un conductor que haya incumplido los tres preceptos podrá ser multado hasta con 5.000 euros.
La detallada instrucción policial incluso prevé la sanción a vehículos de matrícula extranjera y recuerda a los agentes que, en ese supuesto, el conductor deberá abonar un depósito sobre el total de la sanción. Además, subraya a los policías que deberán inmovilizar el vehículo implicado.
Cabe recordar que la Generalitat ya anunció el pasado mes de junio que multaría con hasta 6.000 euros a los conductores de la empresa Uber, pero el sector del taxi tiene la percepción de que la advertencia salida de la Direcció General de Transports i Mobilitat no se está aplicando. Ello ha motivado que, tras vaciar las calles de Madrid y Barcelona de taxis con sus paros, el grupo de taxistas Élite haya matenido su presión contra la Generalitat y el Ayuntamiento hasta lograr una reacción. Hasta conseguir una orden policial que combata la «impunidad» con la que, a su entender, operan los conductores asociados de Uber. La aplicación sólo está implantada en Barcelona y, además de pagar a sus conductores por trayecto realizado, los premia con complementos por estar presentes en la vía pública hasta 15 horas semanales para atender la demanda de su clientela.
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