España / Lucha contra ETA
El «comando Vizcaya» tenía un listado de 20 concejales, la mayoría del PSE
- Asier González, en libertad al pagar en el acto una fianza de 50.000 euros
De hecho, un pendrive hallado accidentalmente en la vivienda utilizada por los terroristas durante la reparación de una caldera de gas contenía un documento con un listado de 20 concejales de cinco municipios del País Vasco –17 de ellos del PSE y tres del PP–, aunque la información recabada está, dice Ruz, «sin elaborar ya que únicamente se indica el nombre y los apellidos» y los ayuntamientos a los que pertenecían: Durango, Amorebieta, Zaldívar, Bérriz, Elorrio e Iurreta.
Zona de monte aislada
En su resolución, Ruz asegura que González era, supuestamente, el «encargado de la gestión del caserío» y se ocupaba «del control de las llaves» y de determinar «quién y cuándo» se hacía uso del mismo. Asimismo, habría hecho llegar a los integrantes del «comando» la posibilidad de utilizar el caserío para alguna de sus acciones, «en concreto respecto del planificado secuestro del Sr. Atutxa». La vivienda, recuerda el instructor, se encuentra «en una zona de monte aislada y de acceso únicamente a través de una pista forestal».
En otro de los documentos incautados en el pendrive se hace referencia al caserío y a una persona a la que se identifica como Asier Sagutxu (un mote que habría reconocido como propio el propio González) y un número de teléfono (el suyo).
El juez Ruz, pese a apreciar riesgo de fuga, ha valorado «el acreditado arraigo familiar, laboral y social» en España del imputado, y su participación «en numerosas actividades de índole cultural y laboral con trascendencia pública», para fijar, a instancias de la Fiscalía, esa fianza de 50.000 euros que le ha permitido eludir la prisión. Igualmente, el magistrado subraya que no hay riesgo de que el imputado oculte pruebas ni de que vuelva a delinquir.
Sortu pide que se excarcele a etarras sin que reconozcan el daño causado
El parlamentario de EH Bildu y presidente de Sortu, Hasier Arraiz, aseguró ayer que los presos de ETA, en su declaración del 28 de diciembre, manifestaron su voluntad de reconocer el daño causado «desde un compromiso personal», pero siempre y cuando se haga «con garantías». En esta misma línea consideró que cuando el PNV y el Gobierno vasco hablan de «injusto daño causado», lo que consiguen es «dificultar que se den más pasos adelante» y que se cumpla el proceso de paz.
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