Holanda corta la ayuda a Ruanda por apoyar a los rebeldes de Congo
Un informe de la ONU indica que el país africano envía armas al grupo armado congoleño M23
Se mantienen los fondos destinados a las ONG presentes en Ruanda
El Gobierno de centro derecha holandés ha suspendido de forma temporal el envío de unos cinco millones de euros a Ruanda en concepto de ayuda al desarrollo. La decisión ha sido tomada después de que Naciones Unidas acusara en un informe a Kigali de armar a los rebeldes del grupo M23, radicados al este de la vecina República Democrática de Congo. Los pagos remitidos desde La Haya -destinados a mejorar el sistema judicial- permanecerán congelados hasta que Ruanda demuestre que no mantiene lazos con los alzados. Desde el pasado abril, unos 260.000 civiles congoleños se han visto forzados a escapar de sus hogares ante el avance de desertores del Ejército nacional, que se han hecho fuertes al este del país. Ruanda niega haberlos entrenado y asegura que solo trata de proteger su frontera.
“Habría sido mejor que Estados Unidos y nuestros demás socios tomaran una decisión basada en pruebas claras, no en acusaciones”, ha dicho Louise Mushikiwabo, ministra ruandesa de Asuntos Exteriores, al conocer la noticia. La decisión holandesa se ha hecho pública poco después de que Estados Unidos cancelara una partida de 200.000 dólares de ayuda militar para Ruanda por motivos similares. Holanda, por su parte, mantendrá los fondos reservados para las ONG que operan en territorio ruandés. También contribuirá a las misiones de paz destacadas en el país.
En 2011, el ministerio holandés de Ayuda al Desarrollo redujo a 15 (de un total de 33) la lista de países que reciben dinero. Se trataba de “mantener la efectividad de la asistencia prestada”, en palabras de Ben Knapen, titular del departamento. Ruanda no cayó entonces del listado, pero sí lo hizo Congo, Egipto y Guatemala, entre otros.
La postura de Holanda y Washington es significativa. Ambos países llevaban décadas apoyando Ruanda, que en 1994 sufrió un genocidio de carácter interétnico. El Ejército ruandés, de la comunidad hutu, equipó a milicianos del mismo grupo que acabaron asesinando a cerca de 800.000 civiles tutsi. Después del crimen, más de un millón de hutus entraron en Congo huyendo de la venganza tutsi. Desde entonces, Ruanda, cuyo Gobierno está hoy en manos de los tutsi, ha invadido Congo en dos ocasiones con la excusa de repeler a los renegados hutus.
Desde el pasado abril, un grupo autodenominado Movimiento del 23 de Marzo, al mando de Bosco Ntaganda (también tutsi), ha intentado llegar a Goma, en la frontera con Ruanda. Ntaganda está acusado de crímenes de guerra por la Corte Penal Internacional por reclutar niños soldado. Se da la circunstancia de que esta misma semana, Stephen Rapp, jefe de la Oficina estadounidense para la Justicia Penal Global, advirtió a Ruanda de que “ayudar a un grupo a cometer atrocidades puede derivar en una responsabilidad penal para quienes lo hagan”. Rapp fue fiscal del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, abierto por la ONU tras el genocidio.
“Habría sido mejor que Estados Unidos y nuestros demás socios tomaran una decisión basada en pruebas claras, no en acusaciones”, ha dicho Louise Mushikiwabo, ministra ruandesa de Asuntos Exteriores, al conocer la noticia. La decisión holandesa se ha hecho pública poco después de que Estados Unidos cancelara una partida de 200.000 dólares de ayuda militar para Ruanda por motivos similares. Holanda, por su parte, mantendrá los fondos reservados para las ONG que operan en territorio ruandés. También contribuirá a las misiones de paz destacadas en el país.
En 2011, el ministerio holandés de Ayuda al Desarrollo redujo a 15 (de un total de 33) la lista de países que reciben dinero. Se trataba de “mantener la efectividad de la asistencia prestada”, en palabras de Ben Knapen, titular del departamento. Ruanda no cayó entonces del listado, pero sí lo hizo Congo, Egipto y Guatemala, entre otros.
La postura de Holanda y Washington es significativa. Ambos países llevaban décadas apoyando Ruanda, que en 1994 sufrió un genocidio de carácter interétnico. El Ejército ruandés, de la comunidad hutu, equipó a milicianos del mismo grupo que acabaron asesinando a cerca de 800.000 civiles tutsi. Después del crimen, más de un millón de hutus entraron en Congo huyendo de la venganza tutsi. Desde entonces, Ruanda, cuyo Gobierno está hoy en manos de los tutsi, ha invadido Congo en dos ocasiones con la excusa de repeler a los renegados hutus.
Desde el pasado abril, un grupo autodenominado Movimiento del 23 de Marzo, al mando de Bosco Ntaganda (también tutsi), ha intentado llegar a Goma, en la frontera con Ruanda. Ntaganda está acusado de crímenes de guerra por la Corte Penal Internacional por reclutar niños soldado. Se da la circunstancia de que esta misma semana, Stephen Rapp, jefe de la Oficina estadounidense para la Justicia Penal Global, advirtió a Ruanda de que “ayudar a un grupo a cometer atrocidades puede derivar en una responsabilidad penal para quienes lo hagan”. Rapp fue fiscal del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, abierto por la ONU tras el genocidio.
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