“¡Váyanse con su guerra a otra parte!”
Los indígenas de una zona marginal de Colombia se enfrentan al Ejército y a las FARC y obligan a repensar la estrategia contra la violencia
“¡Váyanse con su guerra a otra parte!”
Los indígenas de una zona marginal de Colombia se enfrentan al Ejército y a las FARC y obligan a repensar la estrategia contra la violencia
Un grupo de indígenas lleva detenido a un supuesto miembro de las FARC al que capturaron en Belén, en el Cauca, el miércoles. / LUIS ROBAYO (AFP)
Los indígenas tomaron sus bastones de madera y empujaron a los militares. Les arrojaron tierra en la cara y los amenazaron con machetes. “¡Váyanse con su guerra a otra parte!”, les gritaron el pasado martes desde las empinadas montañas de Toribío, departamento del Cauca. Los indígenas no quieren al Ejército, ni a la guerrilla de las FARC, intercambiando tiros en sus territorios ancestrales. Por eso echaron a los militares del cerro Berlín, conocido como las Torres. En los enfrentamientos, un indígena murió tiroteado por un soldado por no atender una orden de alto en un retén en el municipio de Caldono.
Tras estos hechos, en las ciudades políticos, analistas y periodistas de las ciudades discutían, cuando alguien escribió en Twitter: “Llora un soldado y Colombia se conmueve; muere un indígena y a nadie le importa”. En parte, tiene razón. Pero la revuelta de estos indígenas puede cambiar las cosas. Ahora, importa. Por primera vez, el Estado colombiano está obligado a implicarse en los problemas de estas personas. El Estado ha desembarcado en el Cauca y eso cambia el panorama en la lucha contra la guerrilla.
La belleza del Cauca es extraordinaria. Allí nacen las tres cordilleras y los ríos Cauca y Magdalena que atraviesan el país. En ese entorno vive un millón y medio de personas. El 64% es pobre (Banco Mundial). De estos, el 36% vive en la miseria absoluta. Y de los desheredados, 300.000 son indígenas paeces y guambianos.
En este departamento surgieron grupos guerrilleros de indígenas como el Quintín Lame, como respuesta a los ataques de civiles armados contra dirigentes indígenas. Por sus condiciones geográficas, la zona del Cauca es ideal para la lucha armada. Aquí nacieron las FARC. Desde estas montañas, el grupo M-19 logró poner en jaque al Estado. Los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (desmovilizados entre 2003 y 2006) enviaron allí a sus más sanguinarios matones para hacer masacres como la que ocurrió en la zona del Naya, en 2001, donde asesinaron a más de cien indígenas y campesinos.
Ahora están cansados de verse atrapados en la guerra. Ven a la guerrilla, los paramilitares y la fuerza pública como invasores. En palabras del Consejo Regional Indígena del Cauca en una declaración cuando se enfrentaron a la policía: “Desmontamos las trincheras de la policía para que su presencia no afecte a la población civil, mientras la guerrilla deja minas antipersona y no tiene ninguna consideración por la gente que no hace parte de la guerra”.
Todos saben que quien controla el Cauca puede cambiar para siempre el conflicto armado colombiano. No sólo porque el área es ideal para el tráfico de armas, sino por sus extensos cultivos de coca y marihuana cripy, la de más alta calidad en Colombia. Al igual que en el resto de las zonas cocaleras del país, los narcos que han llegado al Cauca mezclan la coca con cultivos lícitos, especialmente plátano, con lo cual la erradicación mediante aspersión aérea es casi una quimera. Y sobre el terreno es imposible. Nadie sabe con qué actor armado se va a topar detrás de un cerro.
“El Cauca es el departamento que concentra el mayor número de acciones armadas de Colombia, es un territorio estratégico para la guerrilla”, dice Carlos Franco, ex Director Programa Presidencial de Derechos Humanos. “El 80% de las acciones armadas se concentran en cinco departamentos del territorio nacional, y el Cauca es uno de esos”, añade.
Colombia tiene una de las más modernas Constituciones en defensa de los indígenas. La Carta Magna de 1991 les dio una autonomía sin igual. Con la letra en la mano los indígenas decidieron expulsar a los militares. Esa autonomía indígena debe darse “de conformidad con sus propias normas, siempre que no sean contrarios a la Constitución”, por eso el presidente, Juan Manuel Santos, instó a la Fiscalía para que actúe contra los que sacaron por la fuerza a los militares las Torres. Según el Código Penal es “violencia contra servidores públicos”.
Muchos creen que la desconfianza entre el Estado y los indígenas está seriamente lesionada. Es en este contexto que ha emergido la figura del juez español Baltasar Garzón, a quien los indígenas han reclamado para facilitar el diálogo. Para Iván Orozco, profesor de la Universidad de Los Andes, “es necesario crear puentes y en ese sentido la propuesta de que Garzón entre como mediador es buena”. El presidente Santos, que ha mostrado su admiración por Garzón, no quiere delegar un tema tan sensible en un extranjero.
El diálogo ya ha comenzado. El Estado sabe que reforzar la presencia del Ejército y Policía empeorará las cosas. Pero los días pasan y la mecha encendida en el Cauca cada vez se acerca más a un barril de pólvora.
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Tras estos hechos, en las ciudades políticos, analistas y periodistas de las ciudades discutían, cuando alguien escribió en Twitter: “Llora un soldado y Colombia se conmueve; muere un indígena y a nadie le importa”. En parte, tiene razón. Pero la revuelta de estos indígenas puede cambiar las cosas. Ahora, importa. Por primera vez, el Estado colombiano está obligado a implicarse en los problemas de estas personas. El Estado ha desembarcado en el Cauca y eso cambia el panorama en la lucha contra la guerrilla.
La belleza del Cauca es extraordinaria. Allí nacen las tres cordilleras y los ríos Cauca y Magdalena que atraviesan el país. En ese entorno vive un millón y medio de personas. El 64% es pobre (Banco Mundial). De estos, el 36% vive en la miseria absoluta. Y de los desheredados, 300.000 son indígenas paeces y guambianos.
En este departamento surgieron grupos guerrilleros de indígenas como el Quintín Lame, como respuesta a los ataques de civiles armados contra dirigentes indígenas. Por sus condiciones geográficas, la zona del Cauca es ideal para la lucha armada. Aquí nacieron las FARC. Desde estas montañas, el grupo M-19 logró poner en jaque al Estado. Los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (desmovilizados entre 2003 y 2006) enviaron allí a sus más sanguinarios matones para hacer masacres como la que ocurrió en la zona del Naya, en 2001, donde asesinaron a más de cien indígenas y campesinos.
Ahora están cansados de verse atrapados en la guerra. Ven a la guerrilla, los paramilitares y la fuerza pública como invasores. En palabras del Consejo Regional Indígena del Cauca en una declaración cuando se enfrentaron a la policía: “Desmontamos las trincheras de la policía para que su presencia no afecte a la población civil, mientras la guerrilla deja minas antipersona y no tiene ninguna consideración por la gente que no hace parte de la guerra”.
Todos saben que quien controla el Cauca puede cambiar para siempre el conflicto armado colombiano. No sólo porque el área es ideal para el tráfico de armas, sino por sus extensos cultivos de coca y marihuana cripy, la de más alta calidad en Colombia. Al igual que en el resto de las zonas cocaleras del país, los narcos que han llegado al Cauca mezclan la coca con cultivos lícitos, especialmente plátano, con lo cual la erradicación mediante aspersión aérea es casi una quimera. Y sobre el terreno es imposible. Nadie sabe con qué actor armado se va a topar detrás de un cerro.
“El Cauca es el departamento que concentra el mayor número de acciones armadas de Colombia, es un territorio estratégico para la guerrilla”, dice Carlos Franco, ex Director Programa Presidencial de Derechos Humanos. “El 80% de las acciones armadas se concentran en cinco departamentos del territorio nacional, y el Cauca es uno de esos”, añade.
Colombia tiene una de las más modernas Constituciones en defensa de los indígenas. La Carta Magna de 1991 les dio una autonomía sin igual. Con la letra en la mano los indígenas decidieron expulsar a los militares. Esa autonomía indígena debe darse “de conformidad con sus propias normas, siempre que no sean contrarios a la Constitución”, por eso el presidente, Juan Manuel Santos, instó a la Fiscalía para que actúe contra los que sacaron por la fuerza a los militares las Torres. Según el Código Penal es “violencia contra servidores públicos”.
Muchos creen que la desconfianza entre el Estado y los indígenas está seriamente lesionada. Es en este contexto que ha emergido la figura del juez español Baltasar Garzón, a quien los indígenas han reclamado para facilitar el diálogo. Para Iván Orozco, profesor de la Universidad de Los Andes, “es necesario crear puentes y en ese sentido la propuesta de que Garzón entre como mediador es buena”. El presidente Santos, que ha mostrado su admiración por Garzón, no quiere delegar un tema tan sensible en un extranjero.
El diálogo ya ha comenzado. El Estado sabe que reforzar la presencia del Ejército y Policía empeorará las cosas. Pero los días pasan y la mecha encendida en el Cauca cada vez se acerca más a un barril de pólvora.
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Santos acusa a las FARC de orquetar los ataques de los indígenas a la Fuerza Pública
Unos correos electrónicos incautados a la guerrilla demuestra que la organización da órdenes de repartir propaganda donde instaban a la población a exigir la retirada de la Policía y el Ejército
Día 20/07/2012 - 10.16h
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha revelado este miércoles que los ataques de los indígenas del departamento de Cauca, ubicado en el suroeste del país, contra la Fuerza Pública —militares y policías— son parte de una estrategia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que comenzó el pasado mes de mayo.
En una rueda de prensa, Santos ha indicado que en unos correos electrónicos incautados a la guerrilla en una operación realizada el pasado mes de mayo el jefe del Comando Conjunto de Occidente de las FARC, alias «Pacho Chino», da órdenes de «repartir propaganda en los municipios del norte de Cauca para que la población le exija a la Fuerza Pública que se retire de las áreas pobladas». «Yo creo que esto habla por sí solo», ha dicho Santos, aclarando que «ni mucho menos» quiere acusar a los indígenas «de estar confabulados con las FARC», pero que hay «elementos por los que conocemos que hay vínculos directos».
«Yo creo que esto habla por sí solo»
«No podemos ceder ni un solo centímetro de nuestro territorio», ha subrayado, apuntando que militares y policías han realizado un trabajo «excelente» en el departamento. En este sentido, una vez más ha destacado el comportamiento de los uniformados ante los ataques de los indígenas. «Estos son soldados entrenados para pelear, pero que también han sido entrenados para obedecer órdenes, para tener templanza, para tener disciplina», ha indicado. Así, ha instado a la población local a expresar a la Fuerza Pública «todo su apoyo», «porque al fin y al cabo está defendiendo la integridad de todos los colombianos», según apunta el Sistema de Información del Gobierno (SIG).
Diálogo con los indígenas
Por otro lado, Santos se ha referido al principio de acuerdo que los representantes del Gobierno y de las comunidades indígenas han alcanzado este miércoles para «dialogar» y buscar una solución pacífica al conflicto en Cauca. «Quiero dejar claro un mensaje: estamos dispuestos al diálogo. Esperamos que continúe para ir aclarando las posiciones y encontrar soluciones a los diferentes problemas y a las diferentes inquietudes», ha dicho el presidente. No obstante, ha subrayado que «ningún diálogo puede depender de que el Gobierno acepte la retirada de la Fuerza Pública» del departamento. Como muestra de su buena voluntad, ha adelantado que nombrará un delegado presidencial para coordinar con los ministerios y con el gobernador de Cauca la implementación de los planes sociales aprobados la semana pasada «para que los proyectos se desarrollen lo más rápido posible».
Crisis de seguridad
Desde hace dos semanas, la Fuerza Pública y las FARC se enfrentan en Cauca, después de que la guerrilla lanzara una de sus peores ofensivas contra el departamento. Los indígenas han intervenido, pidiendo a ambos que cesen las hostilidades y abandonen la región. El conflicto se ha agravado esta semana, cuando los indígenas del municipio de Toribío, el mas afectado por la violencia, han comenzado a desmantelar las bases del Ejército y de la Policía y han desalojado a los efectivos por la fuerza. De momento, los enfrentamientos se han saldado con 3.000 desplazados solo en Toribío y con al menos tres bajas en la Fuerza Pública, con la muerte de dos militares al caerse su avión en el municipio de Jambaló y la de un policía en un ataque de las FARC en Bolívar.
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