La Audiencia Nacional tiene la llave para reactivar la investigación del Yak-42
Comienza hoy la vista del recurso que las familias de los militares fallecidos y el fiscal presentaron contra la decisión de Grande-Marlaska de archivar la causa
Día 08/05/2012 - 03.02h
La Audiencia Nacional analiza desde hoy si debe reabrir la causa en la que se investigaban supuestas irregularidades en la contratación del avión Yak-42 que el 26 de mayo de 2003 se estrelló en Turquía. La catástrofe costó la vida a 62 militares españoles. El hoy presidente de la Sala Penal de este Tribunal, Fernando Grande-Marlaska, archivó la investigación en febrero, cuando aún era titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, al entender que no hubo «ausencia alguna de investigación» como denunció la Asociación de Familias Afectadas por la Catástrofe del Accidente Aéreo Yak-42. En su recurso ante la Sala Penal, cuya vista se celebra hoy, este colectivo de víctimas cuenta con el respaldo de la Fiscalía.
El Ministerio Público sostiene en su recurso que la cúpula militar del exministro de Defensa Federico Trillo incurrió en «una conducta negligente». Por ello, solicita a la Sala que reabra el procedimiento y siente en el banquillo a los seis mandos militares que estaban imputados por no concurrir «ninguno de los supuestos previstos» en la ley para acordar el sobreseimiento libre de la causa, informa Ep.
Los recursos de las familias
La Asociación de Familias Afectadas por la Catástrofe del Accidente Aéreo Yak-42 sostiene, por su parte, que la cúpula militar tenía «conocimiento del riesgo» que suponía volar en este tipo de aparatos. Las familias de dos comandantes que fallecieron en el siniestro, que también recurre el sobreseimiento acordado en su día por Marlaska, sostiene que los seis mandos militares tenían «conocimiento de las quejas, participaron en el contrato de adjudicación, lo incumplieron, llevaron a cabo reuniones con la contratista, desarrollaron un programa y planificación de vuelo incorrecta, y tienen responsabilidades por mandato de su cargo».
Antes de archivar las actuaciones, el juez llegó a imputar 62 delitos de homicidio por imprudencia grave al exjefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Antonio Moreno Barberá, a quien la Fiscalía atribuía «todas las competencias en cuanto al desarrollo de las misiones internacionales de las Fuerzas Armadas»; y al jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), general de División Juan Luis Ibarreta, al que consideraba «responsable de la contratación» del aparato.
También estaban imputados el jefe de la División de Operaciones del Estado Mayor Conjunto (EMACON) y del Grupo de Control del Contrato, el contra almirante José Antonio Martínez; el coronel jefe de la Sección de Logística de la División de Operaciones de EMACON, Joaquín Yáñez; el comandante de la Sección Logística de este departamento, Alfonso Elías Lorenzo; y el teniente coronel Abraham Ruiz López, enlace de la división de planes del Estado Mayor Conjunto ante la agencia de la OTAN Namsa.
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